EDITORIAL
Tirar la piedra y esconder la mano
'En el texto se encontraban algunas propuestas ciertamente polémicas, como las referentes a nuevas tasas y copagos aplicables a los servicios sociales'
Cuando los españoles creíamos que los recortes ya habían terminado, que ya no habría más tijeretazos sangrantes, estallaba una nueva bomba en lo que a racionalización del gasto se refiere -una terminología que siempre luce mejor así, en positivo-.
Los hechos ocurrieron a mediados del mes de julio, cuando el 50% de los ciudadanos estaba de vacaciones y la otra mitad restante ultimaba la preparación de sus equipajes estivales. En ese momento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidió presentar un documento que, a pesar de estar pocos días en el candelero, levantó un revuelo considerable. La cartera liderada por Cristóbal Montoro hizo pública una batería de propuestas -en concreto 255- recopiladas a partir de las medidas que las comunidades autónomas habían enviado al Ministerio durante un periodo de consultas y diálogo entre ambas partes.
Se trataba, por lo visto, de una serie de iniciativas que las regiones planteaban al Gobierno central para ajustar sus cuentas y alcanzar así sus objetivos de déficit. Eso sí, cada medida aparecía recogida sin autoría, es decir, no se indicaba de qué autonomía partía cada propuesta de recorte. Un hecho, este, que denota la cobardía de algunas administraciones regionales de “tirar la piedra y esconder la mano”.
No era de extrañar que las regiones no reconociesen las propuestas porque entre todas ellas se encontraban algunas ciertamente polémicas, como las referentes a nuevas tasas y copagos aplicables a los servicios sociales o un reiterante sablazo en materia de dependencia.
Los colectivos afectados por estas duras medidas también alzaron su voz rápidamente para pedir que no volviesen a ser los más vulnerables los que pagasen la recuperación económica del país. Así lo reclamaron, entre otras organizaciones, Cocemfe, que manifestaba su “rechazo frontal” a la aplicación de estos recortes.
No más de 24 horas desde la presentación del documento fue lo que tardaron las comunidades -especialmente las gobernadas por socialistas y nacionalistas- en rechazar drásticamente estas medidas y declarar que no reconocían su contenido. Hacienda aseguraba que los novedosos recortes partían de las regiones y las regiones, indignadas, señalaban al Ministerio como autor de los mismos. En resumen, una nueva riña a nivel de patio de colegio y en la que los perjudicados son, una vez más, los ciudadanos, que nos hartamos de estas infantiles disputas que protagonizan los miembros de la clase política.
El debate para seguir adelante con las propuestas, o no, quedó emplazado al último día de julio pero debió haber materias más urgentes en el orden del día porque este asunto se pasó por alto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si se retomará el tema es todavía un misterio -pues tampoco se concretó en la reunión- pero está claro que nadie piensa dar la cara y manchar su imagen política reconociendo la autoría de estos recortes. Señores, menos acusaciones y más soluciones para los problemas reales de los españoles que, por cierto, no son pocos.
Los hechos ocurrieron a mediados del mes de julio, cuando el 50% de los ciudadanos estaba de vacaciones y la otra mitad restante ultimaba la preparación de sus equipajes estivales. En ese momento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidió presentar un documento que, a pesar de estar pocos días en el candelero, levantó un revuelo considerable. La cartera liderada por Cristóbal Montoro hizo pública una batería de propuestas -en concreto 255- recopiladas a partir de las medidas que las comunidades autónomas habían enviado al Ministerio durante un periodo de consultas y diálogo entre ambas partes.
Se trataba, por lo visto, de una serie de iniciativas que las regiones planteaban al Gobierno central para ajustar sus cuentas y alcanzar así sus objetivos de déficit. Eso sí, cada medida aparecía recogida sin autoría, es decir, no se indicaba de qué autonomía partía cada propuesta de recorte. Un hecho, este, que denota la cobardía de algunas administraciones regionales de “tirar la piedra y esconder la mano”.
No era de extrañar que las regiones no reconociesen las propuestas porque entre todas ellas se encontraban algunas ciertamente polémicas, como las referentes a nuevas tasas y copagos aplicables a los servicios sociales o un reiterante sablazo en materia de dependencia.
Los colectivos afectados por estas duras medidas también alzaron su voz rápidamente para pedir que no volviesen a ser los más vulnerables los que pagasen la recuperación económica del país. Así lo reclamaron, entre otras organizaciones, Cocemfe, que manifestaba su “rechazo frontal” a la aplicación de estos recortes.
No más de 24 horas desde la presentación del documento fue lo que tardaron las comunidades -especialmente las gobernadas por socialistas y nacionalistas- en rechazar drásticamente estas medidas y declarar que no reconocían su contenido. Hacienda aseguraba que los novedosos recortes partían de las regiones y las regiones, indignadas, señalaban al Ministerio como autor de los mismos. En resumen, una nueva riña a nivel de patio de colegio y en la que los perjudicados son, una vez más, los ciudadanos, que nos hartamos de estas infantiles disputas que protagonizan los miembros de la clase política.
El debate para seguir adelante con las propuestas, o no, quedó emplazado al último día de julio pero debió haber materias más urgentes en el orden del día porque este asunto se pasó por alto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si se retomará el tema es todavía un misterio -pues tampoco se concretó en la reunión- pero está claro que nadie piensa dar la cara y manchar su imagen política reconociendo la autoría de estos recortes. Señores, menos acusaciones y más soluciones para los problemas reales de los españoles que, por cierto, no son pocos.
Lo más visto
