De un tiempo a esta parte, estamos asistiendo al triste ‘serial’ en el que se ha convertido el sistema de tutelas de incapacitación en España, en el que existen denuncias por presunta apropiación indebida del patrimonio de los sujetos tutelados y dejadez en los cuidados de personas incapacitadas.
Los supuestos casos de corrupción que afectan tanto a entidades públicas –la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos–, como a privadas y sin ánimo de lucro –Afal Futuro–  son hechos  que, de confirmarse, entrañarían una especial gravedad por dos motivos. En primer lugar, por tratarse de corruptelas que afectan a las esferas pública y privada y que, incluso, extienden su sombra de sospecha al propio proceso judicial con el que se otorga la protección de los sujetos. En segundo lugar, adquieren también una mayor trascendencia por darse dentro de un círculo particularmente vulnerable, en el que las víctimas son enfermos que no se pueden valer por sí mismo, ni defenderse y que, en algunos casos, no cuentan ni tan siquiera con una familia que vele por sus intereses.
Estamos ante un problema de transparencia, control y, quizá, de falta de recursos, pero también  ante una cuestión que pervierte la ética deontológica y que, si no lo remediamos, puede derivar en una mayor desafección del ciudadano por las instituciones encargadas de protegerle.
Independientemente de las conclusiones y resoluciones a las que se lleguen en las investigaciones abiertas por la Fiscalía, lo cierto es que, según los expertos, el sistema de tutelas por incapacitación está fallando. Algunos apuntan que no es tanto un problema de falta de normativa o regulación, sino de escasez de medios  para que ésta se cumpla. Es decir, puede que, como advierte la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, los recortes económicos en políticas sociales estén minando los recursos necesarios para ejercer las inspecciones y la supervisión que evitaría las negligencias y abusos del sistema.
De acuerdo con la ley, las entidades de tutelaje deben rendir cuentas ante un juez, al menos una vez al año y, sin embargo, esta obligación no se está exigiendo como se debería por parte de los órganos judiciales o, en su defecto, se aplica de forma superficial y sin el rigor que procede.
Puede que también estemos ante un error de base y que el modelo que se está aplicando no sea el más adecuado, como no lo es que el sistema incentive tutelas ‘virtuales’ en las que se gestiona el capital del incapacitado, pero no se atiende a sus deseos y voluntades, lo que despersonaliza el trato y los cuidados hacia las personas desamparadas.
El Gobierno tiene actualmente el compromiso de modificar el Código Civil y la ley de Enjuiciamiento Civil y de adaptarlos a lo que establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad que aprobó Naciones Unidas en 2006. Necesitamos un cambio profundo en el sistema de representación y tutelas que apueste por un modelo de apoyos, más individualizado, y que tenga en cuenta a los que verdaderamente importan en esta cuestión: las personas