El envejecimiento de la población, con una curva demográfica en la que las personas mayores cada día ganan más peso, ha propiciado que en los últimos años, tanto la administración central como las empresas privadas dedicadas a la atención sociosanitaria emprendieran  una carrera contrarreloj por construir las infraestructuras necesarias para ofrecer a este sector poblacional la atención de calidad que necesitaban. Sin embargo, esta mejora de la atención no es gratuita y requiere de una importante inversión y colaboración entre el sector público y el privado que, aunque ha avanzado, todavía no ha se ha consolidado.

Es cierto que esta colaboración no es fácil, ya que el papel de la administración central como reguladora de los derechos sociales y el que juega la iniciativa privada, con capacidad de inversión, ven como sus intereses se enfrentan. Quizás es una cuestión de confianza, o no,  entre ambas partes que consigan entenderse para avanzar en la mejora del sistema de atención a la dependencia. 

La necesidad de dar una vuelta de tuerca a la actual situación que atraviesa el sector sociosanitario continua siendo una de las premisas de la patronal y fue uno de los temas que centraron el último Ateneo Gerontológico organizado por entremayores y celebrado en Madrid.

Concretamente, algunos expertos del sector como el presidente de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós, pusieron sobre la mesa la necesidad de dar una vuelta de tuerca a la actual situación del sector. Para ello, insistió en la necesidad de profundizar, reorganizar y delimitar las bases de la coordinación sociosanitaria. Reconoció que ésta ha sido escasa y heterogénea. Sin embargo, planteó soluciones para cambiar el actual escenario, entre ellas, propuso la urgente creación de una cartera de servicios integrada, abogó por impulsar los sistemas de prevención y por reorganizar la atención social y sanitaria. Todas ellas, medidas necesarias y sobre las que, urgentemente, la administración central debería empezar a trabajar.

En estos momentos, la situación del sector atraviesa por una de sus etapas más inciertas ya que debido a la actual coyuntura económica ha derivado en que muchas familias prefieren tener a sus mayores en casa y recibir las prestaciones económicas para el cuidador familiar. Y, aunque este tipo de ayudas deberían ser una excepción, tal y como indica la Ley de Dependencia, lo cierto es que se ha convertido en algo habitual en muchas comunidades autónomas. 

Otro de los graves problemas a los que en estos momentos se enfrenta el sector son los precios del concierto de las plazas que, según explicó Alicia Azaña, secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), se acerca al mecanismo de “subasta”. Un hecho que se produce porque las administraciones no han cambiado la manera de ofertar los servicios, sino que sólo han modificado los precios, sin tener en cuenta, tal y como denuncian algunos representantes del sector que el coste de las residencias de gestión pública es tres veces mayor que el de los centros privados. 

Por ello, insisto en que si se quiere ofrecer calidad en los servicios que se presta a las personas mayores debería haber un buen sistema de acreditación que especifique cuáles son los parámetros exigibles y a partir de ellos, definir los costes. Asimismo, y coincidiendo con las declaraciones de Higinio Raventós, creo que es necesario que se promulgue una nueva normativa de acreditación de centros para garantizar el mejor servicio y lo más importante es que sea uniforme en todas las comunidades autónomas para asegurar que los ciudadanos reciben la misma asistencia independientemente de su lugar de residencia.

Si no se toman medidas, “estamos al borde del crack”, explica Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia. Diariamente, en los centros asociados a la entidad que dirige se están atendiendo a más de 800.000 personas, a través de servicios residenciales, de centros de día, de ayuda a domicilio y de teleasistencia. Sin embargo, reclama que “nos están bajando precios, y además hay algunas comunidades autónomas que nos tardan hasta un año en pagar. Ahora mismo estamos al borde de la inviabilidad absoluta, asegura Echevarría. 

Creo, firmemente, que el entendimiento entre el sector público y el privado todavía es posible, y aunque considero que esa colaboración ha avanzado, hay que reconocer que existe aún un largo camino, sobre todo de confianza de las partes, para dar respuesta a los retos económicos y sociales que supone esta colaboración entre ambas.