Sospechoso. Según la RAE, una de las entradas de este término se refiere a una “persona cuya conducta o antecedentes inspiran sospecha o desconfianza”. Hoy en día, esta palabra está de moda. Muchos son los colectivos que llevan esta coletilla. Así, son sospechosos muchos jueces y más aún, muchas decisiones judiciales. Están en entredicho muchos directivos de la banca, empresarios, situaciones laborales, etcétera. Pero llama la atención que este término es casi sinónimo de “la clase política” -que dicho sea de paso, en los últimos tiempos ha ido perdiendo toda su “clase”-. Tanto los representantes como sus actuaciones son, generalmente, cuestionadas más allá de ideologías. Tal vez esto se debe a que actualmente en España los casos de corrupción en este ámbito colapsan los juzgados. Y evidentemente, esto justifica de alguna manera que el descrédito hacia nuestros máximos representantes ha crecido casi tan proporcionalmente como lo está haciendo esta descomunal crisis financiera que nos asola.
Hace unos años, los ciudadanos accedían a algún cargo público para, entre otras cosas, colocar una farola en su fachada, hacer más accesible la entrada de su vivienda o ampliar el tamaño de las aceras, por poner algunos ejemplos. Poco a poco, estos proyectos se han ido pervirtiendo. Presuntamente, un caso de este tipo ha salido a la palestra en estos días. Se circunscribe en la Comunitat Valenciana y se remonta a los años de Juan Cotino en la Generalitat. Supuestamente, en esa época se aprobó una fórmula de “accesibilidad social” que benefició a unas residencias para mayores de su entorno familiar. En la década de los 90, esta Región carecía de plazas residenciales suficientes para sus mayores, potenciales usuarios de estos recursos. Así pues, el Gobierno autonómico decidió combatir esta situación planteando al sector privado un concurso para construir 9.000 plazas. En las condiciones concursales, la Generalitat valenciana incluyó el requisito de elegir la ubicación de estos centros y, a cambio, prometía contratar el 33% de las estancias. Casualidad o no, Gerocentros del Mediterráneo (de cuya gestión posterior se hará cargo Savia Centros Residenciales) -ligada a la familia Cotino- fue la máxima beneficiaria, ya que construyó 21 de los 52 centros edificados. No contentos con esto, en 2008, las reglas del juego fueron alteradas. Se eliminó el límite de plazas concertadas y además se equiparó la subvención de estas estancias al régimen de conciertos. Por estos cambios, las plazas que contratadas de Savia crecieron un 182%.
Este supuesto caso de beneficio político podría decirse que se puso entre las cuerdas a la luz de las cuentas enviadas por Bienestar Social a las Cortes valencianas. Así, un año  antes de que Juan Cotino se hiciera cargo de este Departamento, en 2006, las plazas subvencionadas eran 716 (213 bajo la fórmula del bono-residencia y 503 por la accesibilidad social). En 2007, con Cotino al frente de Bienestar Social, la cifra pasó a 928 (248 y 680). A finales de 2008 la cifra alcanzó las 1.938 (375 de bono y 1.563 de accesibilidad) y subió a 2.020 plazas (475 de bono y 1.654) en 2009. Además de este aumento de estancias contratadas por la Administración, se incrementó además su precio -que en principio sólo iba a ser el IPC-. En concreto,  en 2007, el precio de las plazas de accesibilidad social creció repentinamente un 10,5%, según apareció publicado en los medios de comunicación en su día. Bienestar Social achacó esto a una nueva normativa que aumentaba el personal mínimo exigido de los centros, entre otros motivos.
Sin embargo, como se notificó en su momento, las residencias vinculadas a la familia de Juan Cotino obtuvieron un beneficio adicional de 2,5 euros por plaza/día. Estos centros reclamaron al Tribunal Supremo la aplicación del IPC, y este órgano les dio la razón.
Además, “sospechosamente”, Cotino promovió dos adjudicaciones de aumento de plazas concertadas -sin publicidad, puesto que se hizo bajo la fórmula de negociado- en 2008 y 2009 que se dirigieron únicamente a las residencias del programa de accesibilidad. Asimismo, estos concursos llevaban aparejadas nuevas subidas de las tarifas. El 40% de estas plazas, 758, fueron para el Grupo Savia a lo largo de estos dos años. El precio fue en 2008 de 56 euros al día (frente a los 54,5 del resto de plazas de accesibilidad) y de 58 (de julio a diciembre) en 2009 (frente a 55,5), según las cuentas publicadas. En definitiva, el Grupo Savia pasó de ingresar por plazas concertadas con la Generalitat de 11,2 millones de euros en 2006 a unos 40,5 millones en 2009, año en el que Cotino deja este área. Estos fueron los supuestos hechos que sucedieron en su día y que para algunos fueron “sospechosos”.
Pero todo este marasmo de modificaciones “ad hoc” ha vuelto a la actualidad. Aecas (Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social, que nace a finales de 2011 y cuya Junta Directiva la componen Savia, La Saleta, Novaire y Solimar) ha interpuesto dos contenciosos administrativos contra la Generalitat para reclamar daño patrimonial por no haber respetado el contrato y la exigencia de que se haga efectiva la normativa acordada en su momento. Este hecho no tendría mucho recorrido si no fuera porque, de cumplirse la legalidad, muchos serían los afectados: el resto del sector mercantil de la Comunitat y, por supuesto, el sector solidario que agoniza en esta Región por una serie de injusticias encadenadas durante años.
En todo caso, si las previsiones de envejecimiento en nuestro país se cumplen -y todo apunta a que esto sucederá por la improbabilidad de un nuevo “baby boom” dadas las circunstancias-, todos los recursos sin excepción, privados, públicos y solidarios, van a ser decisivos para atender las necesidades de esta población senior venidera -si no más-. Ahora sólo queda que las situaciones “bajo sospecha” se resuelvan.