La Xunta de Galicia concederá 364 millones de euros en beneficios fiscales a familias, hogares y empresas. Así lo expresa el proyecto de presupuestos de la Xunta para el año 2016, documento que actualmente se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria. 

De los beneficios fiscales que se estiman para este nuevo ejercicio, aproximadamente el 90% son de carácter social. Esta deducción se refiere al volumen de dinero que la Administración, en este caso la gallega, deja de recaudar para así reconducirlo y destinarlo a cuestiones ciudadanas y empresariales. Por tanto, representa el impacto de las medidas de política económica y social en el conjunto de los tributos económicos.

Otro de los aspectos recogidos en los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año 2016 es el que se refiere a las rebajas fiscales que se aplicarán sobre las bonificaciones. Estas se centrarán en tres ámbitos: el Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), el Imposto sobre Sucesións y el programa específico de impuestos del ámbito rural. A este respecto, desde la Administración señalan que la rebaja tendrá un impacto aproximado de 140 millones de euros. De este modo y echando la vista atrás, se concluye que esta medida pasará a ser la mayor rebaja fiscal de la historia de la Autonomía gallega.

Esta rebaja será de carácter progresivo para el IRPF autonómico. Concretamente, se prevé que esta medida beneficie positivamente al 98,5% de los contribuyentes, que acusarán un ahorro estimado de hasta 380 euros anuales por persona. Desde la Xunta apuntan que esta rebaja fiscal será especialmente notable en las rentas más bajas y en las medias, lo que hará que Galicia sea una de las comunidades autónomas que tributen menos con respecto a estas rentas.

Los presupuestos, como se señalaba anteriormente, hacen especial mención al ámbito rural y a su programa de impuestos cero, que busca favorecer la actividad en este contexto. Según lo indicado por los mismos, se dejará de tributar la transmisión o ampliación de las explotaciones agrarias. Por su parte, las agrupaciones de fincas rústicas tampoco pagarán el impuesto de Actos Xurídicos Documentados. Además, ninguna transmisión de fincas en suelo rústico pagará el impuesto de transmisiones patrimoniales.

En lo que se refiere al Imposto sobre Sucesións, a partir del 1 de enero se eleva el mínimo exento de tributación a 400.000 euros. Así, Galicia pasará a estar entre las comunidades autónomas con tributación más baja en este impuesto. Y es que el 99% de los gallegos no tendrá que pagarlo en el momento en el que vayan a heredar, ya sea en calidad de hijos, padres, abuelos, nietos o cónyuges. El 1% de la población que no se contempla en este porcentaje, pasará con esta nueva medida a pagar menos.

Por primera vez, la política social cuenta con su propia cartera al alcanzar el rango de Dirección Xeral de la Administración Autonómica. Este hecho es, según apunta Rey Varela, responsable de Política Social, una clara muestra del compromiso de la Xunta con las personas y familias que disponen de menos recursos. Es por ello, que las partidas de esta área se han visto incrementadas en un 24%, alcanzando los 86,5 millones de euros.

Las cuentas de Política Social para el nuevo ejercicio hacen especial mención a las ayudas a la inclusión. Según el documento, estas serán “blindadas” por estar consignadas junto con las destinadas al Plan Social contra a Desigualdade Económica. Para el conjunto se reservarán un total de 10 millones de euros, cifra que supera los 20 millones en el cómputo de los presupuestos generales de la Comunidad. 

En este sentido, desde la Xunta de Galicia señalan que se continuará trabajando en colaboración con las entidades locales. De esta forma, se buscará ampliar las ayudas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas con dificultades, es decir, aquellas que aparecen reflejadas en la Estratexia de Inclusión Social de Galicia del periodo comprendido entre los años 2010 y 2014. 

Entre las medidas previstas para cumplir este objetivo a lo largo del nuevo año están el tícket eléctrico y las ayudas para la compra de material escolar. Igualmente, en el seno de esta misión social, se pondrá en marcha el programa “Reconduce”, una iniciativa destinada a las personas que no pueden pagar el arrendamiento de sus viviendas y orientada a la promoción del alquiler social para las familias en riesgo de desalojo por estar acusadas de no abonar sus respectivos alquileres o hipotecas. 

Uno de los ámbitos en los que la Xunta de Galicia hará especial hincapié en 2016 será el de la atención a la dependencia y a los mayores. De hecho, desde la Administración aseguran que su compromiso en esta materia es avanzar hacia el cumplimiento de la Ley de Dependencia. Para ello, se incluirán 10.000 nuevos dependientes al sistema, de modo que, en total, este dará amparo a unas 50.000 personas. Se estima que el ratio de cobertura será del 75%.

A este respecto, Rey Varela, conselleiro de Política Social, señala que “más que vanagloriarnos del aumento en el número de dependientes con servicio, tenemos que centrarnos en los que non lo están, por lo que aún tenemos mucho trabajo por hacer”.

En el apartado destinado al ámbito de la dependencia en los nuevos presupuestos, queda estipulado que a esta causa se destinarán 324,2 millones de euros, cifra que supone un aumento de 26 millones de euros con respecto al ejercicio anterior.

Resultados de una evolución positiva

En los últimos años se ha constatado un crecimiento en atención y servicios en el ámbito gallego. Una situación para la que, según el titular de la cartera de Política Social, fue clave el trabajo realizado por las anteriores administraciones, las cuales además tuvieron que hacer frente a un desfavorable contexto de crisis económica.

Consecuencia de esta labor es el aumento en el número de dependientes atendidos, que pasaron de ser 14.000 en el año 2009 a 40.000 en la actualidad. Esta mejora también se vio reflejada en las partidas presupuestarias destinadas a este ámbito. Y es que hace seis años, estas ascendían a 126 millones de euros, mientras que para el 2016 se establecen en más de 324 millones. Asimismo, la ratio de atención supera a día de hoy el 60%, cuando en 2009 rondaba el 30%.

Otro de los aspectos que reflejan esta evolución positiva del ámbito de atención a la dependencia en el contexto gallego es el incremento en un 98% de los centros de atención diurna. Igualmente, destacan la existencia de un 25% más de residencias destinadas a personas mayores, la subida de un 77% del volumen de centros de día para personas con Alzheimer y otras demencias y el 15% más de disponibilidad de plazas de atención a personas con discapacidad.

Por último, cabe señalar que los servicios de teleasistencia doblaron su cobertura y que el financiamiento del Servizo de Axuda no Fogar conseguirá atender en 2016 a un total de 500 personas más que en el año anterior.

Atención a personas discapacitadas

En lo que a atención a personas discapacitadas se refiere, Rey Varela destaca que se pondrán en marcha nuevas iniciativas con el fin de mejorar su cobertura. Una línea de ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de un banco de ayudas destinadas a la adquisición de servicios de autonomía personal y nuevos programas de formación y asesoramiento para cuidadores, son algunas de ellas.

Igualmente, se dotará a los centros públicos de nuevos equipamientos tecnológicos que mejoren la calidad de vida de los usuarios y sus profesionales. Para ello se destinarán 2,9 millones de euros. 

Por su parte, las federaciones que integran el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) verán reforzado en un 20% el apoyo económico que se les concede, de modo que su partida económica será de 3,6 millones de euros.