La conselleira de Facenda, Elena Muñoz Fonteriz, mantuvo un encuentro en Santiago con representantes de las plataformas de pensionistas retornados en el que les trasladó que el proceso de regularización aprobado por el Gobierno da respuesta a su principal reclamación, que era no ser tratados como defraudadores.
Acompañada del director de la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga), Ulpiano Villanueva, la conselleira de Hacienda explicó a los representantes de este colectivo que con la modificación normativa aprobada por el Estado van a recibir el mismo trato que el resto de pensionistas gallegos, ya que no tendrán que pagar sanciones, recargos ni intereses de demora por las pensiones percibidas. Esta demanda era la misma que había solicitado por unanimidad el Parlamento gallego en septiembre de 2013.
En este sentido, la modificación aprobada en Consejo de Ministros supone la apertura de un proceso extraordinario de regularización, con una duración de seis meses desde el 1 de enero de 2015. Los pensionistas que se acojan la este procedimiento no pagarán sanciones, recargos ni intereses de demora, y a aquellos que ya lo hicieron se les devolverán las cantidades abonadas.
Muñoz Fonteriz aseguró que con este cambio normativo se le da respuesta a una reclamación compartida también por el Gobierno gallego. De hecho, tanto el presidente de la Xunta como la propia conselleira le habían trasladado al ministro de Hacienda las demandas de este colectivo, con el que se mantuvieron previamente varios encuentros.
Además, la conselleira incidió en que esta modificación normativa -pendiente del trámite parlamentario- evitará discriminaciones entre los pensionistas que estuvieron en la emigración y aquellos que trabajaron en España y que tributaron por sus pensiones recibidas.
Finalmente, les anunció que la Agencia Tributaria de Galicia estará a su disposición para facilitar el proceso de regularización, pese a tratarse de una competencia del Estado.