El estudio de ‘Discapacidad y género: aproximación a la situación de las mujeres con discapacidad’ elaborado por el Gobierno gallego contiene entre sus principales conclusiones que la accesibilidad, la integración laboral y una mayor autonomía personal son las principales demandas de este colectivo.
Así lo destacaron las secretarias xerales de Política Social y de Igualdade, Coro Piñeiro y Susana López Abella respectivamente, en la presentación de este documento que se elaboró con la colaboración de cerca de 40 entidades y organismos que trabajan en el campo de la discapacidad, así como con profesionales, personas con discapacidad y cuidadoras. La elaboración del documento es una de las 305 medidas incluidas en el Plan de Acción Integral de Personas con Discapacidad 2010-2013.
Otra de las principales conclusiones, según explicó López Abella, es que en este colectivo se produce una triple discriminación derivada de su discapacidad, del género y del lugar de residencia, según sea zona rural o urbana, ya que puede representar una desventaja en el acceso al empleo o a recursos de formación. La secretaria general de la Igualdad apuntó, además, que la desigualdad principal que perciben estas mujeres es por su discapacidad, mientras que la desigualdad de género es percibida cómo secundaria.
El estudio también refleja como una de las demandas de las mujeres con discapacidad, la mejora de la accesibilidad referida a la eliminación de barreras físicas, sociales y comunicacionais. En este punto, Piñeiro resaltó que incluso se colgará en la web el anteproyecto de Ley de Accesibilidad y la supresión de barreras en la Comunidad. Se trata de una normativa que sustituirá a la anterior, la Ley 8/1997, del 20 de agosto, con el objetivo de revisar diversos conceptos e incluir ámbitos no recogidos hasta lo de ahora por la ley vigente, como la eliminación de barreras en la sociedad de la información, en las telecomunicaciones o en el acceso a los bienes y servicios de las administraciones públicas. Piñeiro, en este sentido, resaltó, además, que la normativa introduce principios que cobran “un significado más acorde” con las nuevas políticas sobre discapacidad a nivel internacional como la accesibilidad universal; el diseño para todos; la inclusión social; la igualdad de oportunidades; la vida independiente; el diálogo civil; o la normalización y transversalidad.
Formación y empleo
Otra de las preocupaciones de este colectivo es la integración laboral, ya que las mujeres vinculan el empleo a la autonomía y a la autoestima. En este punto, la secretaria general de Política Social explicó que el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad recoge medidas para la formación y empleo de este colectivo. Así, señaló que a lo largo del año pasado se contrataron a 421 personas con discapacidad en 311 empresas gracias al programa específico de fomento de la contratación que tiene la Consellería de Traballo e Benestar en este ámbito.
Con respeto a la mejora de la autonomía personal, que también se refleja en el estudio como una de las demandas fundamentales, Piñeiro apuntó que la Xunta está trabajando en un campo que considera “muy importante”: concienciar a las familias sobre un cambio de mentalidad que en estos momentos lleva a una sobreprotección de las mujeres con discapacidad. “Pretendemos que este cambio de actitud incluya la corresponsabilidad doméstica - familiar que puede perjudicar a las mujeres con discapacidad”.

Violencia de género

El estudio ‘Discapacidad y género: aproximación a la situación de las mujeres con discapacidad’ apunta, además, la que la violencia de género psicológica no es considerada como tal por este colectivo, ya que las mujeres entrevistadas para realizar el documento lo consideran “un comportamiento inapropiado”.
Al respecto, López Abella resaltó que un 9% de las mujeres víctimas de violencia de género que recibieron en 2011 ayudas de la Xunta eran mujeres con discapacidad. Asimismo, señaló que 29 mujeres con discapacidad asistieron en 2011 a los cursos de atención psicológica que el Gobierno gallego ofrece para la recuperación de las consecuencias de la violencia sufrida.
La secretaria xeral de Igualdade comentó, además, que el estudio recomienda medidas específicas para la detección y atención de casos de violencia de género en zonas rurales y el diseño de un protocolo de prevención e intervención de la violencia de género específico para las asociaciones de personas con discapacidad, “habida cuenta el relevante papel que desarrollan como enlace y fuente de información y formación en esta materia”, apostilló.
Por último, López Abella explicó que la Secretaría Xeral da Igualdade toma en consideración el factor de la discapacidad tanto en su oferta formativa, como en la convocatoria de ayudas para entidades de iniciativa social, así como en el baremo de concesión de subvenciones económicas para las mujeres víctimas de violencia de género.