La Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (Gesca), que representa a diversas entidades del sector sociosanitario en Bizkaia, advirtió, recientemente, en uno de sus boletines informativos, que el nuevo decreto  168/2023, de 7 de noviembre, del Gobierno Vasco, por el que se regulan el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, "limitará la libertad de elección de las personas dependientes y sus familias". 

Para GESCA, la aplicación de esta nueva normativa, además, "puede provocar un frenazo al desarrollo de los proyectos previstos en nuestra comunidad, promovidos en su gran mayoría por las entidades mercantiles, y que son necesarios para garantizar la cobertura de atención a la generación del baby boom, que supondrían la creación de unas 2.000 nuevas plazas residenciales y la generación de más de 1.200 puestos de trabajo directos".

Entre los argumentos que la asociación esgrime en el comunicado se apunta que, a diferencia del resto de servicios y centros para otros colectivos, "en el caso de las personas mayores dependientes, la actividad residencial está hiperregulada, controlada e inspeccionada por autoridades sociales, laborales y sanitarias". Para Gesca, cuando las diputaciones forales conciertan plazas "sin diferenciar entre entidades sin ánimo de lucro y entidades mercantiles", están estableciendo a su vez "un precio público por un servicio cuyo alcance y contenido viene claramente definido".

La asociación vizcaína aseguró haber encargado un informe jurídico para conocer las posibilidades de impugnar este decreto, "que ha sido aprobado pese la opinión en contra del Centro económico y social (CES), la Oficina de Control Económico (OCE), y la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA); y por supuesto, sin el consenso con las entidades representativas del sector". 

En el caso de las residencias para personas mayores vascas, la concertación de plazas es competencia de las diputaciones forales, no del Gobierno Vasco, un sistema que, destaca Gesca, "viene funcionando desde hace más de 30 años, y con diferentes modelos ha permitido a las entidades forales crear una tupida red de responsabilidad pública que ofrece a las personas dependientes y sus familias una amplia oferta de 285 residencias, de las cuales 67 son públicas, 31 de entidades no lucrativas, religiosas en su mayoría, y 187 de titularidad privada mercantil, discriminadas ahora con este nuevo decreto".

Desde Gesca destacan que la iniciativa privada mercantil ha posibilitado la creación de más de 13.000 plazas residenciales en la comunidad, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros, y la generación de 10.000 puestos de trabajo estables. "Se trata de infraestructuras sociales sostenibles, que posibilitan a las diputaciones forales prestar en ellas un servicio público, eficiente y de calidad, un modelo cuya sostenibilidad se encuentra en riesgo con la aprobación de este decreto", insisten.