La reforma de la Ley de Dependencia “rompe un compromiso adquirido en materia de protección y prestaciones a personas vulnerables”, según ha denunciado la diputada de Acción Social de Bizkaia, Pilar Ardanza. “El hecho de que el Gobierno español no reconozca el derecho a percibir las ayudas de las personas con dependencia moderada hasta 2015, el retraso del cobro de las ayudas hasta nueve meses, la retirada de la cotización a la seguridad social a las personas cuidadoras y que se contemple la vivienda habitual para establecer la capacidad económica de las personas beneficiarias de las ayudas rompen con todo un sistema de protección”, argumentó.
Además, Bizkaia considera que la modificación de esta Ley supone “una invasión competencial”, al contradecir el artículo 57 de la ley vasca de Servicios Sociales, que establece “que en todo caso quedará excluida  de la valoración la vivienda habitual” a la hora de establecer la capacidad económica de las personas beneficiarias de las prestaciones.
Pilar Ardanza también ha matizado que no es el Gobierno vasco el competente en materia de fiscalidad y que corresponde a las diputaciones forales abrir un periodo de reflexión sobre la fórmula para financiar los servicios sociales en Euskadi.