El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado un proyecto de Real Decreto que regula el llamado Bono Social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica. La norma regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo.

Obtendrán descuentos del 25% en su factura quienes estén en condición de “vulnerable” y del 40% si se considera “vulnerabilidad severa”. Esta se mide en función de la renta anual con relación al Iprem junto a otras circunstancias (por ejemplo familias numerosas o familias compuestas por pensionistas).

"La auténtica genialidad del ministerio y de las eléctricas consiste en que se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura", explica José Manuel Ramírez Navarro, presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS).

Se trata, según señala Ramírez, de "una operación tan magníficamente tramada que en la Memoria Justificativa del Real Decreto, en el apartado 2º, de implicaciones económicas y presupuestarias, se indica textualmente que el coste total estimado de las medidas contenidas en este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias". 

De esta manera, desde ADGSS un primer cálculo de hogares potenciales que podrían beneficiarse de la medida les lleva a estimar que serán más de 900.000 familias las que entrarían en el rango de vulnerabilidad severa ya que sus ingresos son inferiores a la mediana de renta del primer decil por unidades de consumo, lo que las sitúa por debajo de los umbrales del Real Decreto.

"El proceder de las eléctricas ante un impago será informar a sus clientes de que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro. Resultado: el señor Álvaro Nadal se hace una foto preciosa gracias a su 'sensibilidad', las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro (los servicios sociales que no quisieron pagar la factura) y los servicios sociales que atienden ya a más de 8 millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda, además de verse obligados a compartir información de ciudadanos con unas empresas privadas que 'activarán' estos servicios públicos cuando estimen oportuno", indica Ramírez.

Para el presidente de ADGSS, "es cierto que no todas las familias potenciales incurrirán en impago. El propio ministerio calcula para todo el bono social eléctrico una penosa 'tasa de aceptación' del 45%. Pero en cuanto se corra la voz entre las economías más castigadas, se producirá una insana e insegura invitación a dejar de pagar. Para estas familias las opciones son: pagar cada mes la factura de la luz con un 40% de descuento o no pagar nada y que lo asuman los servicios sociales. Alguien en el Gobierno sigue pensando que el pobre es tonto. O que lo son el 55% de ellos. Pues créannos; no es así".

Según ADGSS, la medida tiene lagunas como "un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (el Consejo Territorial de Servicios Sociales)". Por otra parte, "no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto.

Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. El Estado financia de forma finalista los servicios sociales (inclusión) con unos 100 millones de euros (Plan Concertado). Ayuntamientos y comunidades gastan en esta materia unos 3.500 millones de euros sobre los que un potencial de gasto anual no previsto de 300 millones no es baladí", señala Ramirez que, añade, "se han obviado y han ninguneado los sistemas de protección (posiblemente más inteligentes) gestados ya en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos".

La condición de vulnerabilidad severa se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la “vigilancia” del cambio de circunstancias y su notificación. Esto, indica Ramírez, "ni es viable ni es oportuno y además, el mecanismo de gestión propuesto puede acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, derechos relacionados con la protección de datos".

Por otro lado, desde ADGSS se asegura que se trata de una norma "antipedagógica y paternalista". Cuando los servicios sociales atienden estas situaciones "son muy conscientes de que es la familia la que debe responsabilizarse de sus pagos aunque la procedencia de los fondos sea pública (como lo es para cualquier pensionista o parado que cobre una prestación). Asumir la obligación de pago directo desde la administración no es buen camino", explican.