La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presidió este 18 de abril el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), al que han asistido los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas. En la reunión, la ministra ha planteado a los responsables autonómicos las medidas de reforma del Sistema Nacional de Salud que garantizan que la sanidad en España siga siendo pública, universal y gratuita. De este modo, pese a la crisis económica, Mato ha conseguido aprobar la reforma, junto a los consejeros, y ha resaltado que ha "cumplido un compromiso", y ha enviado a los ciudadanos "un mensaje de tranquilidad y confianza en el futuro, en relación a las prestaciones que reciben".
El Plan de Reforma del Sistema Nacional de Salud permitirá generar un ahorro que supere los 7.000 millones de euros. Es decir, en torno a un 10% del gasto sanitario público. Pero, sobre todo, "asegurará un Sistema Nacional de Salud sólido y lo protegerá de las circunstancias económicas presentes y futuras", defienden desde el Ministerio.
Así, y aunque la medida más significativa es la que se refiere al pago de los fármacos, el Pleno del Consejo Interterritorial ha acordado también adaptar correctamente a España la normativa europea relativa a la atención a ciudadanos extranjeros en el SNS. El motivo es que se ha constatado que el SNS está asumiendo, con cargo a sus presupuestos la asistencia sanitaria de personas que la tienen ya cubierta desde su país. En concreto, casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.
Para evitarlo, se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado. De este modo, España podrá facturar de manera rápida y directa al país de origen, del mismo modo que sucede con los españoles que viajan al extranjero. "Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España", ha señalado Mato.
Según el Ministerio, la reforma sanitaria garantizará, asimismo, una cartera básica de servicios del SNS, que asegure que todos los españoles, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad.
En su reunión de hoy, el Pleno ha acordado categorizar esta cartera. El objetivo es gestionar mejor la realidad asistencial, impulsar la eficiencia en su aplicación y mejorar la transparencia. Así, la cartera común incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.
Asimismo, incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario, y las actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías (por ejemplo, cosméticos para pacientes con enfermedades raras).
La Agencia de Evaluación de Tecnologías será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Con estas medidas se espera generar un ahorro de unos 500 millones.

Fondo de Garantía Asistencial
Por otro lado, el Consejo ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.
La ministra también ha planteado a los consejeros la creación de un Fondo de Garantía Asistencial (Foga). El objetivo es, además de superar las trabas burocráticas, garantizar la cohesión y la equidad en el SNS, mediante la dotación económica suficiente para cubrir los desplazamientos entre autonomías. Además, también quedan compensadas las autonomías cuyos servicios de salud atiendan a las personas desplazadas.