El Registro de Asesores Fiscales presenta el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017
Entre las conclusiones destacan que con la regulación actual, mientras que las diferencias por territorio son relativamente pequeñas en el Irpf, entre el 6 y el 12%, en el Impuesto sobre el Patrimonio o en Sucesiones y Donaciones se producen diferencias abismales
El Registro de Asesores Fiscales Reaf-Regaf, órgano especializado en materia fiscal del Consejo General de Economistas, presentó a finales de febrero el estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017, en el que se hace una foto de la normativa autonómica en impuestos cedidos y en impuestos propios aplicables este año, y se facilitan las comparaciones interterritoriales. Los encargados de dar a conocer sus conclusiones fueron Rubén Gimeno, director de Estudios del Reaf-CGE; Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas; Jesús Sanmartín, presidente del Reaf-CGE, y Luis del Amo, secretario técnico del Reaf-CGE. Según los fiscalistas del citado Registro, la reforma en ciernes del sistema de financiación de las comunidades autónomas era inevitable por su falta de transparencia y por los resultados arbitrarios que arroja. Así mismo, entienden que la corresponsabilidad es meramente formal, que se basa en algunos tributos obsoletos y que el concepto vigente de población fiscal ajustada se quiere revisar.
El marco de series recaudatorias que han manejado los profesionales del Consejo General demuestra una fatigosa recuperación de ingresos tributarios en IVA y, en menor medida, en el Irpf, considerando que no es realista que el Impuesto sobre Sociedades pueda volver a alcanzar la recaudación récord de 2007, claramente anecdótica.
Con la regulación actual, mientras que las diferencias por territorio son relativamente pequeñas en el IRPF, entre el 6 y el 12%, en el Impuesto sobre el Patrimonio o en Sucesiones y Donaciones se producen diferencias abismales. En general, las autonomías han utilizado mucho la capacidad normativa en tributos cedidos, resultando lo siguiente: Irpf, 195 deducciones; Sucesiones y Donaciones, 225 reducciones, bonificaciones o deducciones; e Impuesto sobre Transmisiones, 238 tipos reducidos y deducciones.
Según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, “el actual sistema de financiación autonómico es espeso e incomprensible, y fomenta debates territoriales e institucionales estériles”. Por eso –apuntó Pich– “el intento del Gobierno de acometer una revisión global de la financiación de las comunidades y de los impuestos que se derivan de ella resulta muy conveniente, aun reconociendo que debido a las estrecheces presupuestarias no va a resultar fácil”. El presidente del Consejo General también indicó que “la estructura fiscal autonómica –con 79 impuestos propios y el anuncio de nuevos impuestos medioambientales– requiere una revisión en profundidad, ya que resulta excesivamente compleja. Los economistas consideran que los datos de recaudación de los tributos cedidos y de los impuestos propios de las comunidades se conocen demasiado tarde y que se dispone de poca información sobre los beneficios fiscales en los mismos.
El informe realizado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas destaca las siguientes novedades para 2016: en Irpf, la Comunidad Valenciana aprueba nueva tarifa con un tipo mínimo más bajo que el de 2016 y con un marginal máximo más elevado. Sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, Extremadura lo sube reduciendo el mínimo exento a 500.000 euros. En Sucesiones y Donaciones, Andalucía y Asturias aumentan la reducción por parentesco en sucesiones; Castilla-La Mancha incrementa la tributación entre familiares cercanos al reducir las bonificaciones que aplicaba; Extremadura sube la cuota a pagar para las donaciones; Murcia rebaja ambas modalidades, y la Comunidad Valencia incrementa lo pagado por sucesores y, más aún, la factura de los donatarios. Por último, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Castilla-La Mancha sube ambas modalidades, y Extremadura la de Actos Jurídicos Documentados.
Conclusiones
A la luz de este análisis, los expertos concluyen que las desigualdades entre comunidades son muy diferentes según los impuestos. Asimismo, en general, las comunidades han utilizado mucho su capacidad normativa, estableciendo multitud de reducciones, deducciones o bonificaciones. Se producen muchos cambios y se establecen muchos requisitos, lo cual dificulta el control, sobre todo cuando los requisitos se han de mantener en plazos dilatados. También señalan que, en muchos casos, las deducciones se pueden aplicar por colectivos muy pequeños y tienen una importancia económica individual y colectiva muy reducida. Los analistas destacan que se echa de menos disponer de información más actualizada sobre la recaudación y sobre los beneficios fiscales en los tributos cedidos. Algunas regiones no aprueban textos refundidos de su normativa autonómica, por lo que es más difícil conocer la normativa aplicable. Existen 79 impuestos propios aprobados por las comunidades, de los cuales algunos están en suspenso, bonificados al 100% o declarados inconstitucionales. La recaudación por impuestos propios representa solo al 2,2% de la recaudación tributaria de las comunidades en 2015. También apuntan que, en realidad, los objetos imponibles no son tantos, acaparando el 77,3% de la recaudación por estos impuestos propios los que están relacionados con el agua. Sin embargo, sobre este objeto imponible y sobre otros, se configuran impuestos muy diferentes. Por último, ponen de relieve que en algunos casos es muy probable que la recaudación del impuesto no llegue a cubrir los costes derivados de su establecimiento y recaudación.
El marco de series recaudatorias que han manejado los profesionales del Consejo General demuestra una fatigosa recuperación de ingresos tributarios en IVA y, en menor medida, en el Irpf, considerando que no es realista que el Impuesto sobre Sociedades pueda volver a alcanzar la recaudación récord de 2007, claramente anecdótica.
Con la regulación actual, mientras que las diferencias por territorio son relativamente pequeñas en el IRPF, entre el 6 y el 12%, en el Impuesto sobre el Patrimonio o en Sucesiones y Donaciones se producen diferencias abismales. En general, las autonomías han utilizado mucho la capacidad normativa en tributos cedidos, resultando lo siguiente: Irpf, 195 deducciones; Sucesiones y Donaciones, 225 reducciones, bonificaciones o deducciones; e Impuesto sobre Transmisiones, 238 tipos reducidos y deducciones.
Según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, “el actual sistema de financiación autonómico es espeso e incomprensible, y fomenta debates territoriales e institucionales estériles”. Por eso –apuntó Pich– “el intento del Gobierno de acometer una revisión global de la financiación de las comunidades y de los impuestos que se derivan de ella resulta muy conveniente, aun reconociendo que debido a las estrecheces presupuestarias no va a resultar fácil”. El presidente del Consejo General también indicó que “la estructura fiscal autonómica –con 79 impuestos propios y el anuncio de nuevos impuestos medioambientales– requiere una revisión en profundidad, ya que resulta excesivamente compleja. Los economistas consideran que los datos de recaudación de los tributos cedidos y de los impuestos propios de las comunidades se conocen demasiado tarde y que se dispone de poca información sobre los beneficios fiscales en los mismos.
El informe realizado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas destaca las siguientes novedades para 2016: en Irpf, la Comunidad Valenciana aprueba nueva tarifa con un tipo mínimo más bajo que el de 2016 y con un marginal máximo más elevado. Sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, Extremadura lo sube reduciendo el mínimo exento a 500.000 euros. En Sucesiones y Donaciones, Andalucía y Asturias aumentan la reducción por parentesco en sucesiones; Castilla-La Mancha incrementa la tributación entre familiares cercanos al reducir las bonificaciones que aplicaba; Extremadura sube la cuota a pagar para las donaciones; Murcia rebaja ambas modalidades, y la Comunidad Valencia incrementa lo pagado por sucesores y, más aún, la factura de los donatarios. Por último, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Castilla-La Mancha sube ambas modalidades, y Extremadura la de Actos Jurídicos Documentados.
Conclusiones
A la luz de este análisis, los expertos concluyen que las desigualdades entre comunidades son muy diferentes según los impuestos. Asimismo, en general, las comunidades han utilizado mucho su capacidad normativa, estableciendo multitud de reducciones, deducciones o bonificaciones. Se producen muchos cambios y se establecen muchos requisitos, lo cual dificulta el control, sobre todo cuando los requisitos se han de mantener en plazos dilatados. También señalan que, en muchos casos, las deducciones se pueden aplicar por colectivos muy pequeños y tienen una importancia económica individual y colectiva muy reducida. Los analistas destacan que se echa de menos disponer de información más actualizada sobre la recaudación y sobre los beneficios fiscales en los tributos cedidos. Algunas regiones no aprueban textos refundidos de su normativa autonómica, por lo que es más difícil conocer la normativa aplicable. Existen 79 impuestos propios aprobados por las comunidades, de los cuales algunos están en suspenso, bonificados al 100% o declarados inconstitucionales. La recaudación por impuestos propios representa solo al 2,2% de la recaudación tributaria de las comunidades en 2015. También apuntan que, en realidad, los objetos imponibles no son tantos, acaparando el 77,3% de la recaudación por estos impuestos propios los que están relacionados con el agua. Sin embargo, sobre este objeto imponible y sobre otros, se configuran impuestos muy diferentes. Por último, ponen de relieve que en algunos casos es muy probable que la recaudación del impuesto no llegue a cubrir los costes derivados de su establecimiento y recaudación.
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