El Consejo de Gobierno aprobó, esta semana, el decreto-ley de Medidas Extraordinarias para luchar contra la Exclusión Social, entre las que figuran la universalización de la atención sanitaria, la modificación de algunos aspectos de la Renta Básica de Inserción, la regulación de los mínimos vitales en materia de agua y electricidad y mejoras en el derecho de acceso a la vivienda.

En la rueda de  prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, señaló que “no puede ser que después del Real Decreto 16/2012 sigan existiendo, en nuestro país, ciudadanos excluidos de la atención sanitaria”.

Con esta afirmación justificó el hecho de que el decreto ley garantice la igualdad efectiva en las condiciones de acceso de los extranjeros a los servicios y actuaciones sanitarias en Extremadura.

En relación con la Renta Básica de Inserción, el consejero anunció que las modificaciones respecto a la Ley de 2014 consisten en que, a partir de ahora, habrá una convocatoria única y abierta durante todo el año y que se regula el silencio administrativo en sentido positivo respecto a la concesión del derecho a percibir esta prestación.

Además, se podrá cobrar al día siguiente de la emisión de la resolución favorable a la concesión y "se permitirá la subrogación de la Renta Básica en aquellas parejas que se separen y el cónyuge se quede con la custodia de los hijos y se encuentren en situación de vulnerabilidad social".

Respecto a las ayudas para mínimos vitales, según explicó Vergeles, las subvenciones no se tramitarán por medio de los ayuntamientos sino que se firmarán convenios de colaboración con empresas distribuidoras de luz y agua con el fin de mejorar la comunicación previa a los cortes de suministro eléctrico por impagos y, de este modo, evitarlos.

Otro de los objetivos será hacer un mejor aprovechamiento del bono social que las empresas distribuidoras tienen la obligación de poner a disposición de las familias más desfavorecidas.  

En relación con el derecho de acceso a la vivienda, el decreto-ley establece que el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública obedecerá a criterios técnicos y no se efectuará por sorteo como hasta ahora.

Además, se amplía por otros dos años más la duración máxima de las minoraciones del 100% de la renta de los contratos para aquellas unidades familiares cuyos ingresos se hayan visto reducidos por la crisis económica de forma considerable.

El decreto-ley contempla también una ayuda al alquiler social para aquellas familias afectadas por ejecuciones hipotecarias que hayan solicitado una vivienda de promoción pública y que no la hubieran obtenido.

Por último, el decreto ley contempla una medida en relación con las ocupaciones ilegales, no con el fin de “despenalizar” este tipo de actuaciones, señaló Vergeles, sino que su objetivo es no excluir de los procedimientos de adjudicación posteriores a familias que hubiesen tenido que recurrir a la ocupación ilegal tras haber solicitado una vivienda de promoción pública sin obtener una respuesta favorable.

Vergeles señaló que para la aprobación de este decreto-ley se solicitó previamente dictamen facultativo del Consejo de Estado y que el hecho de elegir esta opción en lugar del proyecto de ley obedece a la necesidad de agilizar su tramitación en la Asamblea de Extremadura.

Por otra parte, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales anunció que el Consejo de Gobierno acordó la adhesión de Extremadura al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de las comunidades.

Además, señaló que, el Consejo autorizó la firma del protocolo de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y Farmaindustria con fecha 4 de noviembre de 2015.

Ambas medidas fueron exigidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las comunidades que incumplieron el objetivo de déficit de 2015 y, por ello, su plan de ajuste vigente, para poder acceder a los fondos asignados para el segundo trimestre de 2016 correspondientes a Fondo de Liquidez Autonómico.

Respecto al acuerdo entre la Administración del Estado y Farmaindustria, Vergeles indicó que “pretende ser un espacio de colaboración para la sostenibilidad financiera del gasto farmacéutico público”, lo que supone que el gasto en medicamentos originales y no genéricos del Sistema Nacional de Salud no podrá superar el límite del crecimiento previsto para el gasto público en 2016, fijado inicialmente en el 1,8 por ciento del PIB.