El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi) recabó el compromiso de los grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados para apoyar la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) contra los actuales criterios de copago en materia de dependencia, que ha conseguido cerca de 740.000 firmas de la ciudadanía española, y cuyo debate se producirá la próxima legislatura por la repetición de las elecciones generales el 26 de junio.

El respaldo a la tramitación de la ILP lo han puesto de manifiesto los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, donde ha comparecido el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, quien manifestó que “durante su tramitación parlamentaria podrá mejorarse y completarse”.

Para el presidente del Cermi, “un copago exacerbado y confiscatorio nos aparta de considerar el despliegue de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia como positivo, porque muchas veces el copago ha impedido el desarrollo de la aspiración inicial de la ley, que era prestar atención a las personas que lo necesitaran”, ha señalado el presidente del Cermi, que ha añadido que cuando se tiene que abonar por parte del usuario el 90% del coste de un determinado servicio “se trata de una compra, no de un copago”.

Además, Pérez Bueno criticó la diferencia que existe entre comunidades en lo que se refiere a prestaciones, listas de espera y porcentajes de copago, y lamentó que se penalice a las personas en situación de dependencia que quieren y pueden trabajar, advirtiendo de que se puede dar el caso de que haya situaciones en los que el usuario tenga que aportar hasta el 90% de sus ingresos para gozar de la atención que necesiten.

Entre las propuestas de la ILP del Cermi presentadas por Pérez Bueno destaca la demanda de que se fije un tope del 60% de copago por un determinado servicio, que los beneficiarios tengan al menos el 40% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para que les quede dinero disponible, y que se hagan distinciones en los criterios de copago si la persona nace con una situación de dependencia o si la adquiere en la edad adulta, “que ha podido tener tiempo para acumular patrimonio”, aunque eso sí, apuntó que “el horizonte debe ser la gratuidad”.

El presidente del Cermi subrayó, además, que las personas con discapacidad, las que están en situación de dependencia y sus familias “hemos estado históricamente discriminados y no hemos tenido fácil acceso a la agenda política en la posición que merecemos. Esta ILP es un alzar la voz de grupos sociales, que movilizados, llaman la atención a cerca de sus necesidades”. Por ello, Pérez Bueno agradeció el apoyo de todos los grupos políticos.

El responsable de la entidad mostró también su satisfacción por el hecho de que haya sido la primera vez que se haya llevado al Congreso una ILP de carácter social y porque además se haya defendido en una Comisión, algo que es la primera vez que sucede. En esta línea, el presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Sebastián Franquis, calificó este hecho de “hito histórico”.

Tras las palabras del máximo representante del Cermi, la portavoz del PNV en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Pilar Ardanza, mostró el apoyo de la formación vasca a la tramitación de la ILP y ha celebrado que “esté la puerta abierta para que durante su tramitación se puedan introducir mejoras”.

Por su parte, la portavoz de Democracia y Libertad (DyL), Elena Ribera, afirmó que “esta ILP contará con el apoyo del grupo catalán para que esta iniciativa pueda tirar hacia adelante y mejore mucho la ley de 2006”. Además, junto al parlamentario de ERC Joan Oloriz, lamentó que el estado no esté cumpliendo el compromiso de aportar el 50% de los recursos necesarios para la aplicación de la Ley de Dependencia, cifra que actualmente se sitúa en el 22%.

Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Orlena de Miguel, agradeció al Cermi el trabajo realizado para llevar adelante esta iniciativa, y ha mostrado su perplejidad por el hecho de que haya personas “que se quedan fuera del sistema por no disponer de recursos para hacer frente al coste de los servicios que necesitan”.

Por otra parte, la diputada de Podemos Ana Belén Terrón, que hizo hincapié en el respaldo de su partido a la ILP, puso el acento en las personas que no perciben la atención que requieren, y en que unas 125.000 personas han muerto mientras esperaban recibir determinados servicios. Asimismo, ha criticado la gestión del PP al frente del Gobierno por los ajustes presupuestarios aplicados, “cuyos efectos todavía siguen vigentes”. 

En esta línea se ha manifestado también la parlamentaria socialista Elvira Ramón, que lamentó además que no se haya podido poner en marcha la legislatura, “lo que perjudicará a las personas más vulnerables”, aunque se ha mostrado dispuesta a apoyar el texto del Cermi cuando se produzca el debate de toma en consideración.

Por último, la portavoz del PP en esta Comisión, Silvia Valmaña, defendió la gestión del PP y criticó al PSOE por acometer “recortes” en el último período del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Eso sí, también mostró su apoyo al texto presentado por el Cermi para cuando se produzca el debate, tal y como indicaron los parlamentarios anteriores.