La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, presidió hoy miércoles, 2 de diciembre, la reunión con las consejeras del área de servicios Sociales de los siete Cabildos insulares, en la que se abordó, entre otros asuntos, "la necesidad de crear un plan de infraestructuras sociosanitarias en Canarias y el desarrollo de la Ley de Dependencia".
En este sentido, aclaró que en la reunión se acordó por unanimidad "la necesidad de crear un plan de infraestructuras en Canarias y el desarrollo de la Ley de Dependencia, para lo cual se podría contar con los fondos provenientes del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), que podría, de esta forma, revertir de forma positiva en la sociedad canaria, con un retorno social y de generación de empleo evidente". "Estamos hablando de la generación de nuevas infraestructuras públicas, cuestión que cabe en el diseño del IGTE, y por otro lado de la generación de empleo, que también cabe perfectamente en el IGTE". Todo ello, añadió, "sin olvidar que cumpliendo la Ley de Dependencia generaríamos un retorno del Estado que estamos perdiendo, lo que supone unos recursos extra sumados a esta inyección de dinero", aclaró.
En el contexto de la reunión, las representantes de los Cabildos solicitaron que el 10% del IGTE se destine a la creación de infraestructuras y al desarrollo de la Ley de Dependencia.
Por otra parte, según explicó Hernández, en el marco de este encuentro, "hemos acordado crear una comisión con la participación de los Cabildos, de la Fecam y del Cermi que comenzaremos a trabajar la próxima semana para analizar las carencias del coste plaza/día así como la necesidad de diseñar un catálogo de servicios y recursos para la atención de personas dependientes y con discapacidad unificado para Canarias".
Actualmente, las plazas de dependencia y discapacidad se financian por parte de las instituciones públicas a un precio que no tiene en cuenta las diferencias de servicios que prestan unos y otros. Mediante este catálogo se establecerían con exactitud qué servicios debe prestar cada centro.
Por su parte, la consejera insular de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido aludió "al empleo que se generan en los entornos donde se crean estos hospitales o centros de alto requerimiento que demanda la población". Valido enfatizó la necesidad de que "ésta sea una tarea compartida, consensuada por todas las Administraciones para que si hay posibilidades de tener recursos extraordinarios, estos proyectos sean tenidos en cuenta".
Por último, la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Elena Mañez, recalcó que "no entendemos en absoluto que, dentro de los criterios que se están haciendo para repartir los fondos del IGTE no se considere que las inversiones sociosanitarias no sean una prioridad ya que no sólo se genera empleo tanto en la construcción de la obra y de la rehabilitación sino que, además, todas estas plazas nuevas darán respuesta a la necesidad de atender a las necesidades en materia de dependencia y discapacidad".