En un encuentro informativo celebrado recientemente en Madrid, el director general de Óptima, Antonio Suárez, presentó el informe “La jubilación en España, un futuro negro… ¿Con solución?” que esta empresa de planificación financiera realizó tomando como referencia la esperanza de vida y el número de cotizantes sobre la premisa de que el sistema permanezca invariable. Así, Suárez vaticinó que “nos queda un horizonte de siete años para acometer las medidas. La pensión máxima en España podría caer en 2020 a 1.400 euros desde los 2.560 actuales”. Respecto a la categoría mínima, los expertos de Óptima prevén que se mantendrá como una pensión asistencial en torno a 700 euros. “No sabemos que pensión nos va a quedar y los políticos no quieren hablar de ello porque les resta votos”, aseguró el director general.
La compañía de planificación fiscal recordó los motivos por los que el sistema de pensiones está sufriendo un grave problema de sostenibilidad.  Las bajas tasas de natalidad, la creciente longevidad, el retorno de los inmigrantes a sus países de origen, el desempleo y una reforma de las pensiones “insuficiente” son los factores que desestabilizan el sistema.
Para tomar conciencia de la gravedad, Óptima recogió los datos del Índice Mundial de Jubilación 2015 elaborado por Natixis, que situó la seguridad de las pensiones españolas 26 puntos por debajo de lo que lo estaban hace un año. Así, la confianza en estas prestaciones ha caído de la posición 29 a la 55 entre un total de 150 países analizados. “Que el sistema está en riesgo y no es sostenible es un hecho”, alertó la responsable de auditoría de Óptima, Isca Noguera.
Suárez advierte que la actualización de las pensiones (un 0,25%) supone 116.000 millones de euros y pronostica que en la próxima legislatura las pensiones de orfandad y viudedad saldrán del sistema contributivo y se pagarán con impuestos indirectos. En su opinión, esto provocará que estas pensiones se conviertan en pensiones asistenciales y sufrirán una bajada “alarmante”.
La sostenibilidad de las pensiones no es un problema solo de España. La mayoría de los países de nuestro entorno ya han empezado a acometer reformas para paliar las deficiencias de sus sistemas. Dos de las principales modificaciones van dirigidas a alargar la edad de jubilación y los años cotizados que se requieren para acceder a la pensión. Además, cada vez son más los gobiernos que están orientando sus reformas hacia sistemas de capitalización que hagan posible compatibilizar el sistema público y el privado.

Recomendaciones
Desde Óptima recomiendan al Gobierno español que ponga en marcha una reforma de las pensiones estructural “de calado” que pase de un sistema de reparto a otro de aportación definida. Para ello, las aportaciones privadas de los cotizantes deberán constituir la mitad de las rentas que obtengan en el futuro y deberá ser “casi obligatorio a corto plazo” que parte del salario se destine a las pensiones. Además, critican que el Gobierno desincentive el ahorro eliminando las bonificaciones a las aportaciones privadas y claman por unos incentivos fiscales que contribuyan a la sostenibilidad del sistema.