La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, anunció esta mañana que "el Gobierno de España ha rectificado su posición con respecto la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por lo que las corporaciones locales podrán seguir prestando los servicios de atención primaria, servicios sociales comunitarios, y de educación mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local".
Las declaraciones de Hernández se producen poco después de que el Ejecutivo central haya comunicado a su departamento su intención de dar marcha atrás en su decisión de eliminar las competencias en políticas sociales a la mayoría de los municipios y cuya rectificación había sido exigida tanto por Canarias como por los propios ayuntamientos.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública preveía que, a partir del 1 de enero de 2016, los municipios de menos de 20.000 habitantes perderían sus competencias a favor de las comunidades autónomas. El Gobierno de Canarias había ya previsto una solución jurídica a través de la Ley Canaria de Municipios, para que los ayuntamiento pudieran seguir manteniendo sus competencias.
"Se trata de acabar con la incertidumbre de una ley que tenía a todo el mundo en contra, no solo a la oposición, sino también, a todos los ayuntamientos de todos los colores políticos, incluidos los del Partido Popular" -dijo Hernández-, quien añadió que "el Gobierno del Estado rectifica, de lo cual nos alegramos".
Por último insistió en que "Canarias es una comunidad infrafinanciada" y que en los últimos años la aportación del Estado a los servicios sociales comunitarios se ha reducido "en torno a un 60%". "Ahora se abre un proceso de financiación autonómica y local en el que se irán definiendo tanto las competencias como los dineros que corresponden a cada administración".