Lares Federación publicó el V Mapa Lares, un documento que analiza la situación de estos centros y los niveles de implantación de la Ley de Dependencia según las comunidades autónomas. Además, se detallan en qué puntos debe avanzar la ley para mejorar su implantación a solo un año de cumplir su décimo aniversario.

La información ha sido recopilada en cada región por las asociaciones de Lares, que tienen un profundo conocimiento de la evolución de los servicios de gestión solidaria que se prestan a los mayores en su territorio.  

Algunas conclusiones apuntan a la disipación de la deuda. “La factura pendiente de las administraciones con nuestros centros deja de ser el argumento protagonista del Mapa Lares”, aseguran desde la asociación. 

Por su parte, y en líneas generales, los precios que las administraciones pagan por las plazas concertadas tienden a permanecer invariables. “No ha habido cambios en Andalucía, Aragón, Murcia, Navarra, Madrid y Cataluña. En Extremadura reciben el mismo importe desde el año 2008 y Castilla León desde el 2009”, apuntan.

Valorar a los dependientes por debajo de su nivel real de dependencia parece ser un recurso que se extiende entre las administraciones para disminuir su factura social. “Ante estas situaciones, son los centros los que asumen el deber ineludible de prestar unos cuidados altamente especializados que nadie les abona. Esto  es común en Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Navarra”, remarcan desde Lares.

Por último, la desigualdad territorial a la hora de percibir ayuda en situaciones de dependencia queda patente. “Lares Canarias considera que en los nueve años de recorrido de la ley, el nivel de implantación es del 25% mientras que en Andalucía y Galicia consideran que está implantada en un 75%.