Según un comunicado hecho público por la Policía de la Generalitat –Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal adscritos al área Central de Investigación de Delitos Económicos–, sus agentes han desarticulado una organización criminal que estafaba personas mayores y se quedaba sus pisos.
A raíz de la denuncia de un particular, apenas hace un año, se inició una investigación que ha permitido desmantelar una organización criminal formada por 20 personas especializada en la comisión de estafas. Según la nota remitida, esta organización utilizaba un enrevesado sistema de acciones para apropiarse de los inmuebles. De hecho, diversificaban los ingenios para acabar obteniendo las propiedades de las víctimas, como por ejemplo: ofrecer a sus clientes financiación para pagar deudas, comprar sociedades que se encontraban en un estado de precariedad o bien engañar personas de edad avanzada mediante el ofrecimiento de rentas vitalicias. También se dedicaban a la falsedad documental y al blanqueo de capitales, entre otros hechos delictivos.
La organización captaba personas mayores con problemas económicos empleando casi siempre el mismo "modus operandi": primero ofrecían a potenciales clientes la posibilidad de obtener una renta vitalicia que los permitiría complementar sus pensiones. Estas víctimas eran localizadas mediante anuncios que ponían a los diarios, en Internet, o bien accediendo a los registros oficiales a los cuales tenían acceso sus abogados.
Las víctimas firmaban unas condiciones de rentas vitalicias ante un notario que, en un primer momento, parecían favorables para los interesados. Pero la realidad era que aquello que firmaban, totalmente engañados, los desprotegía totalmente y no obligaba a la organización a pagar las rentas, sino que fijaba que el comprador podía desahuciar el vendedor y quedarse su propiedad desde el primer momento.
Por lo tanto, los investigados se apropiaban de los inmuebles, desahuciaban los antiguos propietarios y no los abonaban el dinero prometido. Hasta el momento los mozos tienen detectadas unas 50 personas afectadas, a pesar de que se están analizando muchos más casos que presentan los mismos indicios.
Los investigadores detectaron que este no era el único modus operandi que empleaban, puesto que también falsificaban documentos para poder solicitar hipotecas, abrían líneas de crédito para las empresas de la organización o financiaban vehículos. Estos créditos que pedían nunca eran satisfechos, y para tramitarlos usaban hombres de paja, ‘testaferros’, con el objetivo que nunca los relacionaran con los hechos.
Horas de ahora los investigadores han determinado que el fraude de los productos financieros asciende aproximadamente a unos tres millones de euros. En cuanto a las operaciones inmobiliarias, es difícil poder cuantificarlas de momento, puesto que previamente hay que estudiar un gran número de operaciones notariales que no han podido ser estudiadas para evitar poner en riesgo la investigación. De momento, pero, se ha solicitado el embargo de 150 inmuebles, la intervención de siete vehículos y el bloqueo bancario sobre 75 empresas y 15 personas, todos ellos relacionados con la organización investigada.
Los agentes, practicaron la apertura de una caja fuerte en una entidad bancaria del Paseo de Gràcia de Barcelona, tres entradas y registros en domicilios de Barcelona, Badalona y L'Hospitalet de Llobregat y una en un despacho de abogados de Barcelona e intervinieron un gran número de documentación que ahora tiene que ser analizada para poder localizar el resto de víctimas de esta organización.
La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, ha sido tutelada por el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona.