La viceconsejera de Bienestar Social, Esperanza Vázquez, ha mantenido una reunión con los representantes de las diputaciones y de los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León para abordar la adenda al Acuerdo Marco de financiación de los Servicios Sociales, instrumento mediante el cual se articula la prestación de apoyos y recursos a los colectivos más vulnerables de la comunidad y cuyo eje es la colaboración entre la Junta, las instituciones provinciales y los ayuntamientos competentes en materia de Servicios Sociales.

En el marco del texto suscrito para el periodo 2024-2027, se prevé la aprobación de un incremento de 30 millones de euros a través de una adenda, el mecanismo de revisión anual de los convenios mediante el cual se ajusta a las necesidades presupuestarias y demandas de cada entidad local. Hay que tener en cuenta que, a través del Acuerdo Marco, se financian los equipos de acción social básica de primer nivel, vinculados a los centros de acción social, y los equipos multidisciplinares específicos o de segundo nivel, además de todos los servicios, programas y prestaciones en materias como la atención a la dependencia, los centros residenciales y viviendas destinadas a personas mayores o con discapacidad, así como la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Por ello, tanto el acuerdo general como las adendas anuales son fundamentales a la hora de garantizar no solo la prestación de servicios en todo el territorio castellano y leonés en igualdad de oportunidades, sino también para garantizar la estabilidad financiera de los ayuntamientos competentes en materia social. De este modo, se antoja esencial dicha colaboración interadministrativa, ya que la financiación debe canalizarse en función de lo que cada municipio o provincia precisa.

El Acuerdo Marco vigente alcanzará los 780 millones de euros tras esta adenda de 30 millones, de los que 20 servirán para financiar el servicio de ayuda a domicilio para que las personas mayores y en situación de dependencia del medio rural puedan seguir residiendo en sus hogares mientras reciben toda la atención necesaria.

Asimismo, esta cuantía refuerza la partida correspondiente a las retribuciones del personal técnico de Servicios Sociales, para actualizar los módulos de personal y hacer frente a los incrementos salariales que se han producido. Y también se va a aumentar el número de profesionales de los equipos de acción social básica, con el objetivo de agilizar la valoración de las personas en situación de dependencia.

Además, está previsto el incremento de la financiación del ‘Programa de Envejecimiento Activo’ de las diputaciones, el dirigido a prevenir la dependencia en la población con discapacidad de menos de 65 años o en el destinado a la prevención de la dependencia en la población infantil —0 a 6 años— con discapacidad en los municipios de Aranda de Duero, Medina del Campo y Miranda de Ebro. También cabe señalar el aumento de las partidas con las que se apoya el mantenimiento de los centros residenciales y de día para personas mayores y con discapacidad y cuyos titulares son los ayuntamientos o las diputaciones.