El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el cual se constituye un reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, dirigido a garantizar que las personas con dificultades de comprensión tengan garantizado el ejercicio pleno de sus derechos y deberes de ciudadanía, así como la no discriminación y la igualdad de oportunidades. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece cómo debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales de la vida y, de esta manera, posibilitar que toda la ciudadanía pueda comprender la información, comunicarse, orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía y sin discriminación.

Se trata de ofrecer herramientas, recursos y soluciones que hagan accesibles de forma cognitiva ámbitos como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, Administraciones judiciales o espacios culturales, además de procesos como, por ejemplo, los electorales.

Para ello, la norma establece que, en estos ámbitos, han de garantizarse herramientas que faciliten la comprensión de la información y la comunicación como el lenguaje claro, la lectura fácil o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. También recursos de orientación, como la señalización accesible y los pictogramas. Y, así mismo, soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas.

El decreto, además, dispone de un enfoque universalista para beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión. Entre ellas se encuentran personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo o personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.

Con la aprobación de este reglamento, se cumple la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022 de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en lo referido a las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva aplicables en todo el territorio nacional. Y, al mismo tiempo, se constituye el primer marco normativo que hay en España sobre este tipo de accesibilidad, de manera transversal en la actuación de las administraciones públicas y de los diferentes prestadores de bienes y servicios.

De esta forma, el reglamento desarrolla los requisitos generales sobre información y comunicación que deberán cumplir todos los agentes públicos y privados, y las normas específicas aplicables en los siguientes ámbitos: telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos, infraestructuras y edificación; transportes; bienes y servicios a disposición del público (incluidos los sanitarios); relaciones con las Administraciones Públicas; Administración de Justicia; participación en la vida pública y procesos electorales; patrimonio cultural e histórico; y empleo.

LUCHA CONTRA EL EDADISMO Y LA EXCLUSIÓN

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha celebrado la aprobación del Real Decreto que refuerza el ejercicio efectivo de los derechos, la igualdad de oportunidades y la participación social de quienes encuentran barreras para comprender, orientarse, comunicarse o interactuar con su entorno.

La PMP ha valorado especialmente que el reglamento incluya expresamente entre sus destinatarios a las personas mayores con deterioro cognitivo, al tiempo que establece un marco de accesibilidad que puede beneficiar al conjunto de las personas que encuentran dificultades para comprender la información, orientarse en los entornos o interactuar con bienes y servicios.

Además, desde la perspectiva de las personas mayores, la accesibilidad cognitiva constituye también una herramienta para combatir situaciones de edadismo y exclusión, especialmente cuando las dificultades de comprensión se suman a la brecha digital, la complejidad de los trámites administrativos o la falta de adaptación de determinados servicios. La Plataforma participó activamente en el proceso de elaboración de esta regulación a través del trámite de información pública. Sus aportaciones se centraron en defender la necesidad de incorporar una perspectiva específica de envejecimiento en el desarrollo de la accesibilidad cognitiva, reclamando que las personas mayores y con discapacidad mayores fueran consideradas de forma expresa en el diseño y aplicación de las medidas previstas en la norma.

En concreto, durante el desarrollo del proyecto normativo, la organización incidió en la necesidad de reforzar especialmente la comunicación clara y sencilla en ámbitos tan relevantes para las personas mayores como la sanidad, las prestaciones sociales, los trámites administrativos, la justicia o los servicios digitales. Asimismo, defendió la incorporación de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de la norma y medir su impacto real en la vida de las personas.

De esta manera, la PMP ha valorado positivamente que este nuevo reglamento adopte un enfoque amplio que beneficie también a personas con discapacidad, personas en situación de analfabetismo o analfabetismo funcional, así como a quienes encuentran dificultades de comprensión derivadas del idioma u otras circunstancias sociales, contribuyendo así a extender los beneficios de la accesibilidad cognitiva al conjunto de la ciudadanía.

“Esta visión integral constituye una condición indispensable para avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva para todas las edades”, ha señalado el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández. “La aprobación de este reglamento marca un antes y un después en el reconocimiento de la accesibilidad cognitiva como un derecho. Para muchas personas mayores, poder entender la información que reciben, orientarse en los servicios públicos o realizar gestiones cotidianas de forma autónoma es una cuestión de ciudadanía, igualdad y dignidad”, ha destacado Fernández.

Según el presidente de la Plataforma, “ninguna persona debe quedar excluida por la complejidad de los entornos, los procedimientos o la comunicación. Tan importante como la aprobación de esta norma será garantizar su cumplimiento efectivo mediante recursos suficientes, formación especializada y mecanismos de seguimiento y evaluación, para que este avance legislativo se traduzca en una mejora real de la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas mayores y no se quede únicamente en un derecho reconocido sobre el papel”.

Para la Plataforma, este nuevo marco normativo abre una etapa decisiva para consolidar la accesibilidad cognitiva como un elemento esencial de la accesibilidad universal y para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos y desenvolverse con autonomía en condiciones de igualdad. Para la PMP, “una sociedad accesible cognitivamente es también una sociedad más amigable con las personas mayores, que facilita su autonomía, participación y ejercicio efectivo de derechos y contribuye a prevenir situaciones de exclusión y edadismo”.