Amaia Antxustegi, diputada foral de Acción Social de Bizkaia, ha defendido, esta semana, en el Parlamento Europeo, la necesidad de mantener un Fondo Social Europeo Plus (FSE+) “fuerte, independiente y con financiación suficiente” como herramienta clave para sostener la inclusión social, modernizar los servicios sociales y dar respuesta a los grandes retos demográficos y sociales que afrontan los territorios europeos.

Durante su intervención en una mesa redonda sobre el futuro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), celebrada en Bruselas, Antxustegi ha trasladado la posición de la Diputación Foral de Bizkaia en un momento decisivo para la definición del presupuesto europeo para el periodo 2028-2034.

El encuentro, impulsado junto a miembros de la Eurocámara y con la participación de la European Social Network (ESN), ha reunido a representantes de instituciones europeas, Administraciones regionales y locales y responsables de servicios sociales públicos para debatir el futuro del próximo presupuesto comunitario y, en particular, el papel del FSE+ en la inclusión social y en el fortalecimiento de los servicios sociales en Europa. La finalidad del acto ha sido influir en la definición del próximo Marco Financiero Plurianual para evitar que la dimensión social quede diluida y para defender una gobernanza que escuche a los territorios y a las administraciones más cercanas a la ciudadanía.

El Marco Financiero Plurianual fija las grandes prioridades del presupuesto de la Unión Europea a varios años vista y determina qué capacidad tendrán las instituciones para responder a desafíos como el envejecimiento, la pobreza, la exclusión o la necesidad de reforzar los cuidados de larga duración. En este contexto, Antxustegi ha subrayado la importancia del FSE+, principal instrumento financiero de la Unión Europea para promover el empleo, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de los sistemas de protección y atención a las personas.

“NO ES UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN”

Para Bizkaia, “la inversión en servicios sociales no es gasto: es inversión”, ha subrayado la diputada foral. Desde esa convicción, Antxustegi ha advertido de los riesgos que supondría diluir el FSE+ dentro de instrumentos presupuestarios más amplios. La declaración oficial de la ESN recuerda, además, que en el actual periodo 2021-2027 el FSE+ reserva al menos un 25% de sus recursos a inclusión social, un 5% a la lucha contra la pobreza infantil y un 3% a ayuda material, salvaguardas que no aparecen con la misma claridad en la nueva propuesta de la Comisión Europea.

La diputada foral ha insistido también en que las necesidades sociales son, por naturaleza, próximas y territoriales, y que por ello las Administraciones regionales y locales deben tener un papel real en la definición, implementación y seguimiento de los programas europeos. “Somos las administraciones más cercanas a la ciudadanía y quienes diseñamos e implementamos los servicios sobre el terreno”, ha señalado, para añadir que esa participación “no es solo deseable: es imprescindible para la eficacia de las políticas europeas”.

“Si queremos una Europa más fuerte, más resiliente y más inclusiva, necesitamos un presupuesto que refleje esas ambiciones”, ha afirmado Amaia Antxustegi, quien ha reclamado situar “a los servicios sociales y a las personas a las que sirven en el centro” de la construcción europea.