Con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, que se conmemora cada 18 de abril, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han reclamado a las administraciones públicas que avancen hacia el cumplimiento real y efectivo de los derechos sanitarios y sociales de los colectivos más vulnerables. Especialmente, los derechos de las y los pacientes que afrontan mayores barreras de acceso, continuidad asistencial, cuidados y participación, como son las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas con enfermedades crónicas.

En tal sentido, ambas plataformas han denunciado que, aunque los derechos de los pacientes están ampliamente reconocidos y recogidos en la normativa nacional y autonómica, su aplicación práctica sigue siendo desigual e insuficiente, generando situaciones de desprotección y vulneración de la autonomía personal de miles de pacientes. La inequidad territorial; la fragmentación entre el sistema sanitario y el social; la brecha digital y la falta de participación efectiva continúan dificultando una atención equitativa, personalizada y continua.

Tal y como advierte el Observatorio de la Atención al Paciente 2025 de la POP, la brecha digital limita el acceso de las personas mayores con enfermedad crónica o con discapacidad a herramientas y servicios sociosanitarios. Además, el mismo informe señala que la implementación autonómica de la integración sanitaria y social sigue siendo heterogénea y que, aunque la mayoría de las comunidades autónomas contempla acciones específicas dirigidas a pacientes mayores o con cronicidad compleja, las mujeres con enfermedad crónica constituyen el grupo con menor cobertura específica entre los colectivos analizados, pese a su mayor carga de cuidados.

Por su parte, la PMP ha señalado que las personas mayores siguen encontrándose con importantes barreras estructurales para ejercer plenamente sus derechos como pacientes, entre las que destacan sobre todo las grandes demoras en las listas de espera, la fragmentación de la atención, así como una digitalización acelerada que, en muchos casos, se ha traducido en exclusión y dificultades añadidas.

A este respecto, la PMP ha subrayado que la brecha digital continúa limitando el acceso a la atención sanitaria, a la información y a los sistemas de cita y seguimiento médico, en especial entre personas mayores con menor alfabetización digital o con problemas de accesibilidad. Por otro lado, también ha remarcado que la mayoría de las personas mayores convive con una o varias enfermedades crónicas, lo cual exige un sistema sanitario capaz de ofrecer acceso ágil a los servicios cuando se precisa, continuidad asistencial, coordinación sociosanitaria y un enfoque centrado en la persona y no únicamente en la patología.

Asimismo, en el contexto de la creciente digitalización, la POP ha subrayado que la transformación tecnológica solo será compatible con los derechos de los pacientes si va acompañada de transparencia, alfabetización digital y supervisión humana. El informe Inteligencia Artificial en salud: Perspectivas de pacientes y familias de septiembre de 2025, elaborado por la POP, señala que persisten importantes necesidades de información, confianza y acompañamiento en este ámbito, lo que refuerza la importancia de que la innovación sanitaria avance con garantías éticas, comprensibilidad y participación de los pacientes.

Igualmente, la POP ha recordado que el impacto de la cronicidad no se limita al ámbito clínico. El Informe 2025 de la Clínica Legal de la POP confirma además que muchas de estas barreras terminan traduciéndose en dificultades reales para ejercer derechos: el 42,6% de las consultas recibidas en 2025 estuvieron relacionadas con el ámbito laboral, incluidas cuestiones sobre incapacidad permanente, adaptación del puesto o continuidad en el empleo, lo que evidencia que la enfermedad crónica sigue teniendo un fuerte impacto en la vida laboral y en la seguridad jurídica de los pacientes.

Por todo ello, la presidenta de la POP, Carina Escobar, ha alertado de que “no basta con reconocer derechos sobre el papel: hay que garantizar que puedan ejercerse de forma real y en igualdad de condiciones. Eso implica asegurar accesibilidad, continuidad asistencial, coordinación sociosanitaria, participación y apoyo a las personas cuidadoras, especialmente a las mujeres mayores, que siguen sosteniendo buena parte de los cuidados”.

La PMP también ha puesto el foco en la situación de las mujeres mayores cuidadoras, que con frecuencia asumen tareas de cuidado intensivo sin apoyos suficientes, lo que repercute negativamente en su propia salud y en el ejercicio de sus derechos como pacientes. Muchas de estas mujeres sufren una triple discriminación por razón de edad, género y su rol de cuidados. Por lo tanto, la PMP ha demandado políticas públicas que reconozcan su papel, garanticen apoyos adecuados y aseguren su derecho a cuidarse y a recibir una atención sanitaria en condiciones de igualdad.

Por otra parte, la PMP ha denunciado que en la actualidad se siguen sin ofrecer los cuidados domiciliarios que precisan muchos pacientes frágiles y que hay una muy baja inversión en cuidados de media y larga duración (solo un 0,9% del PIB), lo cual, junto con una escasa coordinacion entre los ámbitos sanitario y social, dificulta una atención adecuada, personalizada y continuada; además de generar un impacto negativo en la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

Además, la PMP ha insistido en que los derechos de los pacientes no pueden entenderse sin el derecho a la información, a la participación y a la toma de decisiones informadas sobre la propia salud. Por ello, ha reclamado mecanismos reales y accesibles que permitan a las personas mayores, tener acceso a información sanitaria, participar activamente en las decisiones médicas que les afectan y en el diseño de las políticas públicas de salud a través de sus organizaciones representativas.

“La participación de las personas mayores no puede ser simbólica; es imprescindible escuchar su voz a través de sus organizaciones para atender sus necesidades específicas, incorporando su experiencia, y así garantizar una buena atención en condiciones de igualdad y respeto”, ha subrayado el presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, José Manuel Freire.

Ante esta situación, la PMP y la POP han hecho un llamamiento urgente a las Administraciones públicas y al conjunto del sistema sanitario y social para: garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de pacientes y personas mayores; reforzar la accesibilidad y la equidad territorial; reducir la brecha digital sin deshumanizar la atención; impulsar una atención sociosanitaria integrada y centrada en la persona; reconocer y apoyar a las personas cuidadoras; e incorporar de forma real la voz de pacientes y mayores en la planificación, la gobernanza y la evaluación de las políticas públicas. En el marco de este llamamiento, Freire ha recalcado que “el respeto a los derechos de las personas mayores como pacientes no puede depender de su lugar de residencia, de sus competencias digitales o de su capacidad para reclamar. Garantizarlos es una obligación democrática y una cuestión de justicia social”.