La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha subrayado que el inicio del proceso de elaboración de la Convención Internacional de Derechos de los Mayores constituye “un momento histórico” y una oportunidad única para transformar la protección de los derechos de este grupo de población en todo el mundo. Así lo ha manifestado su presidente, Jesús Norberto Fernández, durante el diálogo organizado, junto a la agencia de noticias Servimedia, sobre el impacto y los desafíos de este futuro tratado internacional.

En el debate, moderado por el director general de la agencia de noticias, José Manuel Huesa, han participado, la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez; el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández; y la directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, Mª del Carmen Barranco.

Fernández ha celebrado que, tras la resolución aprobada por Naciones Unidas en abril de 2025, este año hayan comenzado formalmente las sesiones de trabajo en Ginebra, donde se desarrollarán varias rondas de negociación a lo largo de 2026. “Es un proceso complejo y de enorme alcance global, pero supone una esperanza real para millones de personas. Llevamos años reclamando esta Convención y, por fin, los gobiernos comienzan a tomar las grandes decisiones”, ha afirmado.

Asimismo, el presidente de la PMP ha recordado que la redacción de un tratado internacional “puede llevar entre cuatro y siete años”; así como ha manifestado su deseo de que pudiera estar culminado para 2030, coincidiendo con el horizonte de los ODS. Al menos 14 países de la Unión Europea ya apoyan la iniciativa, aunque otros Estados miembros aún muestran resistencia por motivos políticos o financieros. En este sentido, ha recalcado que “Europa no puede quedarse atrás en el desarrollo de un instrumento que protege derechos humanos básicos en sociedades cada vez más longevas”.

También ha resaltado el papel clave que puede desempeñar España al considerar que “es una magnífica noticia que el Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y del Ministerio de Asuntos Exteriores, esté decidido a liderar este proceso”.

De igual manera, el presidente de la plataforma ha hecho hincapié en que la Convención tendrá un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas mayores. “Será un tratado jurídicamente vinculante, de manera que, cuando lo ratifique, España deberá revisar toda su legislación, desde pensiones hasta dependencia, sanidad, accesibilidad o protección jurídica; así que hablamos de una verdadera revolución normativa y administrativa”, ha manifestado.

Además, ha destacado que la Convención ayudará a combatir el edadismo y a cambiar la mirada social hacia la vejez señalando que “la sociedad sigue viendo a las personas mayores desde la fragilidad y no desde su papel activo. Este instrumento ayudará a romper estereotipos y a dignificar esta etapa de la vida”.

Fernández también ha aprovechado el debate para reiterar la necesidad de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores en España, alineada con los principios que recogerá el futuro tratado internacional. A este respecto, ha manifestado que “llevamos una década reclamándola y la Convención será el motor que obligará a ordenar y superar la fragmentación normativa actual existente en España”.

Finalmente, el presidente de la PMP ha destacado la importancia de la pedagogía social manifestando que “debemos explicar a la ciudadanía que la Convención no es un documento simbólico; es un tratado que cambiará la forma en la que los Estados deben proteger a las personas mayores y, cuando entre en vigor, España deberá garantizar sus derechos por encima de cualquier ley ordinaria”.