PREGUNTA.- AlianzAS es una entidad joven, que cumple a finales de febrero sus dos años de vida, y que usted preside desde el pasado octubre, coincidiendo con la transformación de la plataforma en confederación. ¿Cuáles fueron las principales razones para este cambio jurídico?

R.- La decisión surgió para responder a la necesidad de dar un salto organizativo que fortaleciera nuestra presencia colectiva. Convertirnos en confederación nos permitía actuar con más solidez ante las instituciones, mejorar la representación conjunta y afrontar con mayor cohesión los retos que afectan a actividades con alta demanda de personal.

Además, este avance también refuerza la estructura interna y facilita que trabajemos con más eficacia en la defensa de un entorno regulatorio equilibrado que asegure la continuidad de servicios utilizados diariamente por la ciudadanía.

P.- El grupo al que representan, en el que confluyen entidades dedicadas al sector de los cuidados residenciales, la ayuda a domicilio, la limpieza, o la restauración social, entre otras, tiene un gran peso específico en el país, con más de 1,5 millones de personas trabajadoras. ¿Cómo están recibiendo los sindicatos, partidos políticos y la Administración a alianzAS como interlocutor?

R.- Las respuestas que estamos recibiendo están siendo muy positivas. En nuestras múltiples reuniones, tanto los sindicatos como el Gobierno y las distintas fuerzas políticas, observamos una importante sintonía con nuestros planteamientos; de hecho, hemos firmado un manifiesto conjunto con los sindicatos en el que nos pronunciamos todos juntos claramente en la necesidad de una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que permita la revisión de precios. Distintos grupos parlamentarios han dado su apoyo a muchas de nuestras propuestas, generándose incluso proposiciones de ley al respecto y preguntas parlamentarias.

P.- El paso de alianzAS como confederación se produce en un contexto, al que usted ha aludido, marcado por la reforma de la Ley de Desindexación, que impide la revisión de precios en los contratos públicos de larga duración, incluso ante incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como plantea ahora el Gobierno, o ante la inflación. ¿Qué fórmulas reclaman para estos casos?

R.- Desde alianzAS reclamamos fórmulas claras, objetivas y automáticas que permitan revisar los precios de los contratos públicos de larga duración cuando se producen incrementos de costes estructurales, como las subidas del SMI, la inflación acumulada o cambios normativos relevantes.

Hablamos, por ejemplo, de mecanismos de revisión ligados a los costes laborales reales, especialmente en sectores donde entre el 80% y el 90% del coste es salario, o de cláusulas de reequilibrio económico que se activen cuando decisiones adoptadas por la propia Administración alteran sustancialmente las condiciones del contrato.

No pedimos privilegios, sino coherencia normativa, porque creemos que no es razonable exigir mejoras salariales legítimas sin permitir su encaje en contratos públicos, porque eso pone en riesgo la viabilidad de las empresas y, en última instancia, la continuidad de servicios esenciales.

P.- En relación a este tema, usted ha insistido en que alianzAS pretende un diálogo constructivo para, entre otras cuestiones, evitar, dice usted, “que decisiones ‘bienintencionadas’ tengan efectos indeseados sobre la prestación de servicios públicos básicos”. ¿Cuáles son esos efectos indeseados?

R.- Nuestra posición no es de confrontación, sino de colaboración proactiva con las Administraciones públicas. Compartimos el objetivo de mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, pero creemos que ese objetivo debe ir acompañado de soluciones técnicas viables.

Cuando hablamos de efectos indeseados nos referimos a riesgos muy concretos: contratos inviables, tensiones financieras, pérdida de calidad del servicio o incluso interrupciones en prestaciones básicas como la atención a mayores, la dependencia, la limpieza o la atención domiciliaria.

Por eso, insistimos en la necesidad de abrir una mesa de diálogo técnico específica, que permita anticipar impactos y diseñar marcos normativos realistas. Proteger el empleo, garantizar la sostenibilidad de los servicios esenciales y ofrecer certidumbre a empresas y trabajadores es, en el fondo, una responsabilidad compartida.

P.- Se han quejado también del problema que supondría la reducción de jornada a 37,5 horas. ¿Cómo se puede conciliar las mejoras en las condiciones laborales con la naturaleza empresarial de los servicios esenciales?

R.- La conciliación entre la mejora de las condiciones laborales y la naturaleza empresarial de los servicios esenciales solo es posible si se actúa con realismo, corresponsabilidad y diálogo social. Desde alianzAS compartimos el objetivo de avanzar en mejores condiciones de trabajo, pero medidas como la reducción de la jornada a 37,5 horas no pueden implantarse de forma unilateral ni desconectada de la realidad contractual del sector.

Estamos hablando de actividades intensivas en personas trabajadoras, con contratos públicos de larga duración, precios cerrados y sin posibilidad legal de revisión. En este contexto, una reducción de jornada sin merma salarial supone un incremento de costes cercano de más de 1.270 millones de euros, lo que resulta inasumible si no va acompañada de mecanismos de adaptación, como periodos transitorios, revisión de precios o la desvinculación expresa de los contratos públicos ya en vigor.

Además, estas decisiones tienen impactos organizativos muy relevantes: obligaciones contractuales que exigen determinadas dedicaciones horarias, necesidad de contratar más personal en un contexto de escasez de trabajadores y una interferencia directa en la negociación colectiva, que es el espacio natural para acordar este tipo de avances.

Por eso, insistimos en que las mejoras laborales deben construirse de la mano de las empresas y de las Administraciones públicas, garantizando la viabilidad económica de los servicios. De lo contrario, el riesgo es que medidas ‘bienintencionadas’ acaben comprometiendo la continuidad, la calidad y el acceso a unos servicios esenciales que sostienen el día a día de millones de personas.

P.- ¿No cree que, en sectores como el de la dependencia, el problema de la escasez de profesionales se deriva, en cierta medida, de las precarias condiciones laborales?

R.- En sectores como el de la dependencia, la escasez de profesionales es un fenómeno complejo y estructural, que no responde a una única causa. Según los datos y el conocimiento que manejan asociaciones del sector integradas en alianzAS como Aeste, FED o Asade, se trata de un problema que afecta no solo a España, sino al conjunto de Europa, y que también se observa en otros ámbitos como el sanitario.

Dicho esto, es evidente que las condiciones laborales y económicas tienen un peso determinante. Hablamos de un sector con una elevada exigencia física y emocional, que requiere formación y cualificación específicas, pero que no siempre recibe el reconocimiento social ni la valoración económica acorde a su función esencial. A ello se suma una financiación insuficiente del sistema por parte de las Administraciones públicas, que limita la capacidad de las empresas para mejorar salarios y condiciones de trabajo, especialmente en un contexto marcado por la Ley de Desindexación y por incrementos continuados de costes laborales como el SMI.

Esta combinación de factores genera un desincentivo tanto para la incorporación de nuevos profesionales como para la permanencia en el sector, lo que agrava aún más el déficit existente. Por eso, desde alianzAS defendemos que abordar la falta de profesionales exige una visión integral: mejorar las condiciones laborales, sí, pero también poner en valor socialmente la profesión del cuidador, reconocer su aportación al bienestar colectivo y situarla en el lugar que le corresponde dentro de nuestra sociedad. Solo así, junto con una financiación suficiente y el reconocimiento del coste real de los servicios, será posible atraer talento, dignificar el empleo y garantizar la sostenibilidad de unos cuidados que son esenciales para la cohesión social.

P.- Además de los mencionados, ¿qué otros retos tienen por delante en el sector al que ustedes representan?

R.- Más allá de la imprescindible reforma de la Ley de Desindexación, el sector afronta retos estructurales de gran calado. Uno de ellos, y vinculado a esta, es garantizar la viabilidad económica de los contratos públicos para evitar que sigan quedando concursos desiertos, una situación que ya afecta a más de un 8% de todas las licitaciones y que pone en riesgo la continuidad de servicios básicos.

También tenemos por delante desafíos ligados a la atracción y retención de talento en sectores muy feminizados y exigentes, la mejora de la calidad del empleo, la adaptación a nuevas exigencias regulatorias y de sostenibilidad, y el reconocimiento social y económico de actividades que resultan esenciales para el día a día de la ciudadanía.

Desde alianzAS queremos contribuir a que estos retos se aborden desde el diálogo, el rigor técnico y la corresponsabilidad, convencidos de que solo así se puede garantizar un modelo de servicios públicos sostenible, de calidad y centrado tanto en las personas usuarias como en las trabajadoras

P.- AlianzAS comenzó con nueve asociados, que se han convertido en once con los ingresos, el pasado abril, de la Federación Igualis y de la Asociación CEX. ¿Planean nuevas incorporaciones en 2026?

R.- Más allá del número concreto de organizaciones, lo relevante es el proceso de consolidación que está viviendo alianzAS.

A lo largo de este último año, se han incorporado entidades como la Federación Igualis y la Asociación CEX; y en este año 2026 ya contamos con un nuevo socio, Anepsa, lo que ha permitido ampliar y reforzar la representatividad de la confederación en ámbitos clave de los servicios esenciales, como la inclusión laboral de personas con discapacidad y los sectores de los contact-centers y servicios auxiliares.

Estas incorporaciones responden a una lógica muy clara: sumar sectores con problemáticas comunes, intensivos en personas trabajadoras y estrechamente vinculados a la contratación pública, que comparten la necesidad de un marco regulatorio más equilibrado y previsible.

En este momento, el foco de alianzAS está puesto en afianzar esta base, fortalecer la coordinación interna y trabajar de forma cohesionada en la defensa de los intereses comunes del sector. Pensamos que consolidar una voz sólida, alineada y técnicamente rigurosa es tan importante como crecer, y es en ese esfuerzo donde estamos centrando nuestras prioridades.