El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha celebrado un encuentro estatal de innovación social en el que se han presentado 35 proyectos innovadores para impulsar un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Los proyectos seleccionados e impulsados por el Ministerio serán cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE+) y están dotados con 56 millones de euros. Esta cuantía se suma a los proyectos que ya fueron financiados anteriormente. Hasta ahora, se han empleado o comprometido, en total, 212 millones de euros de fondos europeos a soluciones novedosas.

En su discurso, el ministro Pablo Bustinduy ha destacado la innovación social como una herramienta clave para garantizar derechos y hacer posible que las personas puedan vivir donde y como elijan. “Lo público debe estar para asistir y hacer la vida de la gente mejor. Una vida con igualdad de oportunidades, con justicia y dignidad, en la que dónde naces, cómo te apellidas o qué situaciones adversas te encuentras no determinan y, en el peor de los casos, lastran toda tu trayectoria vital”, ha subrayado. “La innovación social trata sobre no sólo de buscar lo que ya funcionó en el pasado, sino de inventar un futuro. Un futuro de comunidad, dignidad y derechos”.

Con esta inversión, el ministerio se consolida como el principal donante público de innovación social y avanza hacia la transformación del modelo que viene impulsando, y que busca consolidarse con la aprobación de las reformas de las leyes de Dependencia y Discapacidad. Reformas que hace unas semanas recibían un amplio apoyo del Congreso de los Diputados para continuar ahora con su tramitación parlamentaria y empiezan a negociarse con los grupos. Esto va a permitir eliminar incompatibilidades entre prestaciones y actualizar la cartera de servicios, reforzando recursos esenciales para la autonomía como son la asistencia personal y los servicios de proximidad y comunitarios.

Entre los proyectos incluidos en esta nueva ronda de financiación destaca el impulsado por Provivienda y la Fundación Matia, que facilita el acceso a personas mayores a viviendas alternativas, promoviendo su autonomía personal y su bienestar mediante un acompañamiento social integral.

Derechos Sociales también ha presentado la llamada ‘Cartera de innovaciones’; una herramienta pionera basada en el aprendizaje colectivo que pone en común las experiencias y aprendizajes de proyectos innovadores anteriores, con el objetivo de orientar las políticas públicas y acelerar un cambio profundo en el modelo de cuidados. Busca que el impacto del conjunto de proyectos sea mayor que la suma de los resultados de cada proyecto por separado. En concreto, esta cartera reúne 95 innovaciones y 179 hallazgos y permite identificar qué prácticas funcionan, en qué condiciones y con qué impacto para avanzar hacia procesos sostenidos de desinstitucionalización y vida elegida en la comunidad. Con un presupuesto de 110 millones, en estos proyectos participaron 41.194 personas con necesidades de apoyo o cuidados de forma directa, y 259.957 personas si le suman familiares, o profesionales de administraciones o entidades.

El ministerio ha presentado además la Plataforma Vidas, que se consolida como un espacio de cocreación y aprendizaje compartido que conecta a diferentes actores e iniciativas para abordar la desinstitucionalización de una manera compartida. A través de la Plataforma Vidas se interrelacionarán todos los proyectos de innovación social financiados por el Ministerio para impulsar la transformación del modelo de cuidados de manera conjunta. En este sentido, el ministerio también está trabajando con otros ministerios en la creación del Centro Estatal de Competencias en Innovación Social (CECIS), en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, que plantea la necesidad de que los Estados cuenten con centros nacionales de competencia en innovación social para reforzar capacidades públicas y articular ecosistemas de innovación.