El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, una medida impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que busca construir un sistema de cuidados público y de calidad tanto para las personas con discapacidad como para aquellas que viven en situación de dependencia, al tiempo que promueve el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y a la autonomía personal. La reforma de ambas normas al mismo tiempo continúa así su trámite parlamentario con un amplio consenso político, tal y como se ha reflejado hoy en la votación del Congreso. La medida ha sido apoyada por la mayor parte del hemiciclo como ya ha sucedido con otras normas sociales durante esta legislatura, como la reforma del artículo 49 de la Constitución, que supuso la primera reforma social de la carta magna, o la Ley ELA, gracias a la que se han movilizado 500 millones para reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

En su discurso en la tribuna del Congreso, el ministro Bustinduy ha puesto en valor que la ley es el resultado de un proceso plural y participativo: “Es una ley de país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de la discapacidad y la dependencia”, señala. Además, ha destacado que responde a las necesidades del reto demográfico al que se enfrenta España: “El mundo en el que vivimos hoy ha cambiado, y eso nos obliga a que nuestros estados del bienestar puedan responder a estos cambios”.

La reforma constituye un paso decisivo para desplegar el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución, que sitúa la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como pilares de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, el ministro de Derechos Sociales ha apelado al consenso político para continuar con el trámite parlamentario de una ley que permitirá pasar del reconocimiento formal de derechos a su ejercicio real en todos los ámbitos de la vida. “Envejecer no es un lastre, es un logro democrático”, ha subrayado.

El texto legislativo prevé la incorporación de más servicios y prestaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, además de eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Esto va a permitir una mayor personalización en la atención a cada persona, avanzando en la transformación del sistema de cuidados que el Ministerio de Derechos Sociales lleva tiempo impulsando para dejar atrás el modelo asistencialista en base a la Estrategia Estatal aprobada en 2024 para ofrecer cuidados de proximidad.

A este respecto, Bustinduy ha señalado que la reforma permitirá adaptar los apoyos a las personas y no obligar a las personas a adaptarse a las rigideces del sistema, al tiempo que dignifica el trabajo de cuidados: “Esta reforma busca centrarse no sólo en quienes necesitan cuidados, sino también en quienes cuidan”. Además, el ministro de Derechos Sociales ha destacado que esta reforma va a permitir seguir revirtiendo la infrafinanciación sistemática del sistema: “Desde 2020, la contribución de la Administración General del Estado a la financiación del SAAD se ha incrementado un 150% y se ha triplicado desde 2014. En este 2025 alcanzaremos un máximo histórico de 3.700 millones de euros. Estas reformas contarán con la financiación necesaria”, ha señalado.

La reforma consolida la accesibilidad universal como un derecho, generando obligaciones para que la sanidad, la vivienda, los ayuntamientos y el patrimonio histórico sean universalmente accesibles, y establece un fondo económico público para financiar estas intervenciones de supresión de barreras. Por primera vez, una ley estatal reconocerá a las familias de las personas con discapacidad generando obligaciones para que los poderes públicos ofrezcan apoyos para la crianza y los cuidados. Y, en línea con el artículo 49, el proyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad, incidiendo en la importancia de proteger su realidad de la cultura capacitista y machista, y garantizar su salud sexual y reproductiva. Asimismo, reconoce la atención temprana como un derecho subjetivo de todas las niñas y los niños.

La norma también establece la teleasistencia como un derecho, amplía la ayuda en el domicilio y permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema otorgando mayor autonomía a las personas con discapacidad y fomentando su inserción laboral. El proyecto de ley también establece un marco para fomentar la tecnología orientada a la mejora de la calidad de los servicios sociales e incorpora medidas para desburocratizar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad, como la eliminación de cargas administrativas al equiparar automáticamente la dependencia a la situación de la discapacidad para que puedan beneficiarse de más derechos y protección social.