La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha exigido mayor implicación institucional para poner fin al silenciamiento y la invisibilidad de la violencia de género sufrida por las mujeres mayores. Lo ha hecho en el marco del diálogo que ha organizado junto a la agencia de noticias Servimedia bajo el título ‘Violencia contra las mujeres mayores: Una mirada interseccional’.

En el debate, retransmitido en directo desde el estudio de Servimedia y moderado por el director general de la agencia de noticias, José Manuel Huesa, han participado Isabel Martínez, presidenta de HelpAge Internacional España y representante de la PMP; Soledad Murillo, experta en políticas públicas de Igualdad; Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres; y María José Segarra, fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.

Durante sus intervenciones en el diálogo, Isabel Martínez ha insistido en la urgencia de una revisión de las políticas públicas contra la violencia de género para que se tengan en cuenta factores de vulnerabilidad añadidos como la edad, la discapacidad o la dependencia. En este sentido, ha señalado que es crucial conocer la realidad de los “obstáculos que encuentran las mujeres que, en la mayoría de los casos, han vivido entre 30 y 40 años en situaciones de sometimiento y de normalización de la violencia, llegando a este momento de sus vidas con secuelas profundas derivadas de un proceso prolongado de maltrato”.

A lo largo del debate se ha evidenciado cómo la violencia contra las mujeres mayores permanece frecuentemente oculta, sostenida por el silencio, el miedo y la dependencia tanto económica como emocional, lo que dificulta su visibilización y atención efectiva. María José Segarra ha alertado sobre la importante “infradenuncia” en este grupo de edad. Ha señalado que mientras el 85% de las mujeres entre 16 y 65 años denuncian (formal o informalmente), solo lo hace el 62% de las mujeres de más de 65 años.

Asimismo, las participantes en el encuentro han coincidido en señalar que la familia se constituye, con frecuencia, en la mayor fuente de indefensión para las mujeres mayores, siendo a la vez un espacio donde la violencia puede permanecer invisible o incluso normalizada. Tal y como ha afirmado Soledad Murillo, “la víctima no se queja de alguien con quien tiene un vínculo afectivo”. Además, ha citado un dato especialmente significativo de un estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: “en el 70% de los casos analizados, las mujeres señalaron que los hijos e hijas eran testigos directos de la violencia”. Para muchas mujeres, romper ese vínculo implica «una suerte de exilio afectivo y social», pues como ha dicho “donde hay afecto, hay silencio”, y ese silencio se convierte en un obstáculo emocional que dificulta aún más la salida de la situación de maltrato.

Igualmente, Murillo ha destacado la «notable tolerancia social» que persiste en el país hacia los hombres mayores que ejercen maltrato, subrayando que «apenas existe un verdadero reproche público» hacia estas conductas. Por ello, ha señalado que resulta fundamental interpelarles directamente y hacer visible la responsabilidad que les corresponde, tanto para romper la normalización del abuso como para avanzar en una respuesta social más firme y consciente.

Por su parte, Ana Peláez Narváez ha resaltado la doble discriminación que sufren las mujeres mayores con discapacidad. Denunció la forma en que se limita su derecho a decidir, ya que familiares, cuidadores o profesionales «suelen asumir decisiones en su nombre», negándoles la posibilidad de opinar sobre su propia vida. Esta negación de autonomía «constituye también una forma de violencia».

Igualmente, Peláez ha denunciado la invisibilidad de las mujeres «aisladas o institucionalizadas» y ha instado a que se integre la «diversidad de experiencias y realidades» en la agenda política de las organizaciones de mujeres.

En cuanto a la respuesta estatal, Isabel Martínez lamentó que los «recursos públicos existentes no están concebidos ni diseñados» para abordar las tipologías específicas de víctimas y sus necesidades singulares, lo que limita la capacidad de acompañamiento.

En el ámbito de la justicia, María José Segarra destacó, como nota de esperanza, la culminación del despliegue de los órganos especializados, que gracias a su amplitud competencial conocerán «todos los delitos vinculados a la violencia contra la mujer». La inclusión de la perspectiva de género y edad en estos órganos especializados, junto con la incorporación del «ítem estadístico de discapacidad», constituye un avance decisivo en la consolidación de una justicia más eficaz.

Entre las conclusiones del debate, Isabel Martínez Lozano ha enfatizado la necesidad de que la sociedad civil y las organizaciones de personas mayores contribuyan a romper el silencio. Ha subrayado que, aunque se ha avanzado en políticas públicas, las «desigualdades estructurales permanecen prácticamente intactas», y el auge del machismo refleja una legitimación social de la desigualdad que lleva aparejada la violencia.

De igual manera, las participantes en el encuentro han estado de acuerdo en concluir que reforzar la coordinación institucional, la sensibilización social y la accesibilidad a los recursos es primordial. Asimismo, se requiere desarrollar respuestas profundamente personalizadas que abandonen enfoques paternalistas para ofrecer intervenciones más humanas y adaptadas a cada realidad.

Finalmente, de cara al próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ha subrayado la importancia de difundir un mensaje de esperanza y empoderamiento: nunca es tarde para acceder a los recursos y apoyos que ofrece un sistema fortalecido por el Pacto de Estado contra la Violencia, que garantiza acompañamiento efectivo y protección integral. Al mismo tiempo, resulta imprescindible fomentar la denuncia: quienes conozcan casos de violencia deben actuar, convirtiéndose en canales seguros que contribuyan a visibilizar estas situaciones y a disminuir la infradenuncia, fortaleciendo así la respuesta colectiva frente a la violencia de género.