Llevaba siete años enfretándose al momento más complicado de su trayectoria. El que fuera director general del Imserso de 2012 a 2017, César Antón Beltrán, califica esta etapa como “muy dura y muy larga”, en la que fue sometido a diversas investigaciones judiciales a raíz de lo que él califica como “un bulo” y que ha puesto en tela de juicio su gestión al frente de este organismo.

Para ordenar la cronología de los hechos, Antón se remonta al nombramiento de su sucesora en el instituto, Carmen Balfagón, en 2017, la persona que encargó, a su llegada al cargo, una auditoría de todos los contratos de la etapa anterior. “La intervención de la Seguridad Social le dijo que la auditoría no tenía sentido porque todo ya había sido sometido a los procesos de control del gasto y control de legalidad” explica Antón. Por este motivo, se “decide iniciar por una actuación paralela”, con la elaboración de un documento en el que se recogían supuestas anomalías referentes a la contratación de los programas del Sistema de Información de Atención a la Dependencia (SISAAD). “Situar la dependencia en el punto de mira es porque se trata e un tema muy sencillo, que afecta siempre a muchas personas y a muchas familias”, argumenta el ex director general del Imserso, “y yo creo que también, por así decirlo, por ser nosotros los padres de la criatura”.

Ante las denuncias, los órganos competentes alertaron de que estas carecían de un sustento documental sólido, una circunstancia, expone Antón, que llevó a que el Tribunal de Cuentas procediese al “archivo de todas las actuaciones el 14 de mayo de 2025, concluyendo la inexistencia de ninguna responsabilidad contable y, por lo tanto, la inexistencia de ilícito contable alguno”.

El Ministerio de Sanidad también concluyó, tras analizar los contratos entre 2006 y 2018, que no había “irregularidades, ni indicios de una gestión inadecuada”. Algo que, posteriormente, vino a ratificar la Fiscalía Anticorrupción, quien archivó las actuaciones en 2020, tras dos años de diligencias que culminaron con la conclusión de que no existían contratos ficticios, ni mucho menos responsabilidad penal. Sin embargo, el proceso no se detuvo.

“Prácticamente, la totalidad de los empleados públicos, y más con altos niveles de responsabilidad y competencias, saben que, ante cualquier posible situación irregular, lo primero es iniciar un procedimiento de inspección por parte de la unidad que tenga estas competencias dentro de la Administración; en este caso: la propia Inspección del Imserso y la Inspección General de Servicios del Ministerio del que depende orgánicamente”, señala el ex director general del Imserso. “Cuestión previa que, además, es una garantía para las partes y base para, en su caso, realizar actuaciones de responsabilidades administrativas o, si se advierten indicios de delito alguno, realizar las actuaciones posteriores si así lo propone la inspección en el ámbito penal o de responsabilidad contable”, agrega Antón.

EL FINAL DE UN PERIPLO JUDICIAL DE INVESTIGACIONES

Durante todo este camino, el ex director general no tuvo acceso a ninguna documentación oficial para argumentar su defensa, solo la recibió una vez se habían cerrado los procesos. Esto le provocó un gran desamparo. “Son momentos que te sientes realmente indefenso, sobre todo ante aquellos que te hacen ver que saben y conocen del asunto más que tú”, asegura Antón. “El refugio siempre es el mismo: tu conciencia tranquila, integridad y honradez”. El ex director del Imserso dice que en eso momentos solo pensaba en que llegase, cuanto antes, “el momento de expresar su palabra, lo que realmente ocurrió, y poder contarlo quienes estábamos allí”.

No obstante, pese a ese sentimiento de desprotección, Antón también dice haber tenido “muchas muestras de apoyo y de ánimo, no solo de familiares y de amigos, sino de muchas personas, empresas y organizaciones que me conocían y sabían de mi honradez e integridad”, reconoce. Por otro lado, el ex director general lamenta que, en este periplo de investigaciones, y para “mantener las suposiciones, sospechas y afirmaciones temerarias, que no coinciden con los documentos públicos”, se diese credibilidad a testimonios que no estaban respaldados por ningún tipo de documentos públicos oficiales y, en algunos casos, realizados por personas no competentes para hacer estas declaraciones, puesto que no habían presenciado el momento al que se refieren. Por ello es que el ex director general hace alusión, en todo momento, a ese bulo que “se fabrica y se difunde” como ocurre con cualquier otra noticia falsa.

En el ámbito profesional y en un entorno de alto nivel ejecutivo, como recuerda Antón, “tienes que estar siempre al 200% en todos los aspectos de la vida laboral, profesional y social”. Todas estas circunstancias han supuesto un palo personal y que, ahora, celebra, ha llegado a su fin. “Finalizados los procedimientos de investigación por la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, puedo mantener lo dicho sobre mis actuaciones y responsabilidades públicas, tanto como funcionario como de responsable público.Tengo la conciencia muy tranquila por las actuaciones desarrolladas y mi honorabilidad integra”, manifiesta.

El que también fuera consejero de la Junta de Castilla y León recuerda que, tras atesorar una trayectoria de 35 años como servidor público, no tuvo “ningún procedimiento de exigencia de responsabilidades de tipo administrativo, ni en el ámbito penal, ni contable y, por supuesto, inexistencia absoluta de enriquecimiento ilícito alguno”. En este sentido, insiste en su respeto por los protocolos y procedimientos con garantías a la legalidad y concluye afirmando que, en lo que respecta a su actividad profesional y laboral, seguiría realizándola en base a su “experiencia y conocimiento en el ámbito de la salud y los cuidados, en lo que yo creo que todavía tengo bastante que aportar y seguiré haciéndolo”.