Pregunta.- Más allá de acompañar a los profesionales del derecho, la fundación adoptó un giro en 2019 hacia la promoción de la cultura del ahorro, el talento jurídico, la economía del envejecimiento y el compromiso social. ¿Cuál es la interrelación de estos cuatro vértices? ¿Se ha consolidado, estos años, esta misión estratégica?

Rrspuesta.- La Fundación Mutualidad nació en 2003 como la obra social de la Mutualidad. En 2021, tras una reflexión estratégica, incorporó tres ejes adicionales al compromiso social: la cultura del ahorro, el talento jurídico y la economía del envejecimiento. Estos cuatro vértices no actúan como líneas independientes, sino que se refuerzan mutuamente, configurando una misión integrada con sentido institucional y un claro impacto social. En primer lugar, la cultura del ahorro tiene como objetivo fortalecer la autonomía financiera de las personas a lo largo de su vida. Una buena educación financiera no solo potencia la independencia individual y mejora la salud financiera colectiva, sino que también reduce desigualdades y permite a la sociedad gestionar de forma más eficiente sus recursos. En cuanto al talento jurídico, la fundación mantiene su vocación inicial en el ámbito legal. A través de este pilar, continuamos apoyando a los profesionales de la abogacía en las distintas etapas de su carrera, mediante el acompañamiento y la formación de competencias y capacidades que les permitan liderar su sector con propósito y responsabilidad social. En el ámbito de la economía del envejecimiento, orientado a mejorar la calidad de vida de las personas de edad, erradicando cualquier tipo de práctica edadista y preparando a las personas hacia una ancianidad económicamente independiente, digna, equitativa, saludable y socialmente activa. Finalmente, el pilar de compromiso social continúa protegiendo a los que más lo necesitan. Además, redefinimos nuestro propósito “desarrollar un ecosistema colaborativo y solidario para el colectivo de mutualistas y personas e instituciones vinculadas, con el fin de impactar positivamente en la sociedad y especialmente en los más vunerables”. Este propósito nos permite engranar los pilares estratégicos y dar coherencia a la misión de la fundación.

P.- De hecho, entre los diez objetivos de su Plan Estratégico marcado hasta 2027 se encuentran varios de impacto social y algunos centrados en los mayores. ¿Podría detallarnos cuáles son?

R.- Dentro de los diez objetivos establecidos en el Plan Estratégico, el segundo se centra en erradicar el edadismo y proteger a las personas mayores. A través del Consejo Científico como espacio de reflexión multidisciplinar con expertos de reconocido prestigio, se articula la investigación y publicación científica y académica, que se materializa en transferencia hacia la sociedad a través de la divulgación de contenidos y formación de impacto. La comunicación es una palanca estratégica, dirigida tanto al colectivo jurídico, como a la sociedad en general y a las instituciones en particular, para promover un cambio sistémico hacia una sociedad libre de edadismo para que las personas mayores puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades.

P.- En este sentido, ¿por qué decidieron centrar parte de sus esfuerzos en la protección de las personas mayores? Es decir, ¿consideran que estamos hablando de un colectivo más vulnerable o desprotegido que el resto?

R.- El aumento de la esperanza de vida es uno de los mayores triunfos de la humanidad, pero trae consigo una consecuencia inherente que es el envejecimiento poblacional. España es uno de los países más afectados por esta tendencia demográfica ya que en 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más, y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas entre los 16 y los 64 años. Desde la sensibilidad de Fundación Mutualidad tanto desde la perspectiva de previsión social como del mundo jurídico, hemos visto la oportunidad de utilizar las palancas de la justicia y el derecho para impactar decididamente en la promoción de los derechos de las personas mayores, así como, en sus necesidades en diferentes dominios. Así, por ejemplo, impulsamos la defensa jurídica de los mayores, pero también, el derecho al trabajo de las personas que avanzan en edad esquivando posibles desempleos prematuros, promoviendo la eliminación de sesgo de edad en las reestructuraciones empresariales o sensibilizando a la población en el auto cuidado para un envejecimiento saludable. Desde Fundación Mutualidad, partimos de la premisa de que una persona es vulnerable cuando, por uno o varios factores, tiene una mayor probabilidad de sufrir daños, dispone de menos recursos para enfrentarlos, cuenta con menor capacidad de recuperación, o se enfrenta a barreras que limitan sus posibilidades de ejercer plenamente sus derechos o de participar activamente en la sociedad. En el caso de las personas mayores, esa vulnerabilidad puede derivar de factores intrínsecos propios del proceso de envejecimiento, pero también de condiciones del entorno social y relacional, así como de la falta de acceso o de adecuación a determinados servicios y prestaciones.

P.- Precisamente hace dos años, en una entrevista con este periódico, señaló que “se necesita un cambio de enfoque que favorezca la eliminación de los estereotipos, promover el respeto y fomentar el diálogo intergeneracional”. ¿Cree que hemos avanzado algo en este sentido?

R.- Sí, creo que hemos avanzado, aunque los cambios van despacio y no todos los ámbitos han evolucionado por igual. Se observa una mejora en términos generales, pero aún nos queda mucho trabajo por delante. Hemos mejorado claramente en la forma en que se representa a las personas mayores, tanto en los medios como en el imaginario colectivo. Antes era habitual imaginar a las personas mayores en contextos médicos o asociados a una pérdida de autonomía, pero ahora es más frecuente verlas en roles activos que reflejan sus capacidades reales. Esa visión más dinámica ayuda a desmontar estereotipos y favorece una imagen más acorde con la realidad. Desde una perspectiva laboral, sin embargo, hay obstáculos profundos que aún persisten. Por ejemplo, según estudios recientes, el 87,7 % de los profesionales mayores de 50 años en España afirma haber experimentado discriminación por edad en el trabajo. Además, más de la mitad de los españoles dice haber presenciado o sufrido algún episodio de discriminación laboral por su edad. También destaca que las mujeres mayores de 55 enfrentan hasta seis brechas distintas frente a los hombres en ese mismo tramo de edad, incluyendo diferencias salariales. Por otro lado, el sector empresarial ha identificado las necesidades de este colectivo y está reorientando sus propuestas de valor para darles cobertura. Esta acción está favoreciendo el cambio de paradigma de la persona mayor y ofrecerá mecanismos que fomenten la autonomía, la salud, el bienestar, etcétera.

P.- Si nos centramos en el derecho, y aludiendo a la discriminación por edad. ¿Existe también edadismo en este ámbito?

R.- Es previsible que, a la luz de las tendencias poblacionales y al aumento de la esperanza de vida, cada vez sean más las personas que integren este segmento de personas mayores, lo que ahonda en la necesidad de su protección activa. Desafortunadamente el edadismo es una realidad. Se toman decisiones en función de la edad de las personas y no en función de su estado vital. La ausencia de la adecuación del derecho a esta nueva realidad es el motivo por el que promovimos hace tres años el primer Tratado de Derecho y Envejecimiento, que nace para visibilizar las lagunas normativas, la dispersión y la falta de especificidad del ordenamiento jurídico en relación con los mayores. Respecto a las áreas con mayor discriminación reseñar que los ámbitos con más impacto negativo en las personas mayores siguen siendo el laboral, la sanitaria (el acceso a tratamientos médicos y aplicación de protocolos médicos excluyentes), falta de acceso a prestaciones sociales; así como la permanencia de barreras de acceso a la jurisdicción por edad. El derecho aspira a apoyar la igualdad formal, pero en muchos casos no logra garantizar la igualdad real frente al edadismo. Se requiere no solo seguir perfeccionando la normativa, sino también favorecer la formación específica para operadores jurídicos, sensibilización social, y criterios interpretativos que incorporen la perspectiva de edad como factor vulnerable, para que la aplicación de la ley sea coherente con esos principios de igualdad.

P.- ¿Cómo entienden desde la fundación que puede atajarse este problema?

R.- Atajar el edadismo en la práctica jurídica requiere una combinación de medidas normativas, institucionales, formativas y culturales. No basta con que la legislación prohíba la discriminación por edad; es necesario que jueces, abogados, funcionarios y legisladores adopten una mirada intergeneracional e inclusiva en la interpretación y aplicación del derecho. Debido a que el derecho no es estático y este debe adecuarse a la realidad biopsicosocial de las personas a las que ampara, en la actualidad nos encontramos desarrollando un segundo tratado que esperamos publicar en el mes de diciembre y que viene a completar el primero, evidenciando nuevas demandas normativas en relación con las personas mayores y el proceso de envejecimiento. Por otro lado, y de manera complementaria desde la fundación pensamos que formar y sensibilizar a los y las profesionales de la abogacía en igualdad, no discriminación por edad, nuevas necesidades normativas y atención centrada en la persona se torna fundamental para avanzar contra la erradicación del edadismo en el derecho. En definitiva, contener el edadismo en la práctica jurídica exige combinar una revisión crítica del marco normativo con una transformación ética y formativa de la cultura profesional. Solo así podremos garantizar una verdadera igualdad de trato intergeneracional.

P.- Con el objetivo de profundizar en esta materia, han impulsado el curso ‘Derechos de las Personas Mayores’. ¿En torno a qué aspectos gira esta formación dirigida a los profesionales?

R.- Desde Fundación Mutualidad a través de su Escuela de Pensamiento, venimos trabajando desde el 2021, en la generación de conocimiento a través del primer Tratado de Derecho y Envejecimiento al ser consciente que existe legislación con un importante sesgo etario. Es necesario revisar esas normas a la luz del principio de igualdad, exigiendo que toda diferencia basada en la edad esté motivada por una causa legítima y comprobable. El curso ‘Derechos de las Personas Mayores’ es un ejemplo del modelo que definimos en nuestro plan estratégico, partiendo del conocimiento y transfiriendo a la sociedad desde la formación y la sensibilización social. Por ello, no dudamos en poner en marcha un programa formativo de especialización jurídica dirigido a abogados, con el objetivo de acercarles no solo a la realidad biopsicosocial de las personas mayores, sino también de explorar las necesidades normativas específicas que presenta este grupo poblacional. Tal y como he mencionado anteriormente, la sensibilización constituye una herramienta fundamental para la toma de conciencia y actúa como motor de cambio en la praxis profesional y en la sociedad. Además, el programa brinda la posibilidad a las personas abogadas que superen satisfactoriamente la formación de dar un paso más y realizar prácticas profesionales.

P.- Están elaborando el segundo Tratado del Derecho del Envejecimiento. ¿Qué novedades abarca con respecto al anterior?

R.- El segundo tratado tiene como propósito seguir aportando un grano de arena al denominado Derecho de la Vejez. Esta obra colectiva pretende, al igual que la primera, realizar un análisis coordinado y transversal del actual marco normativo español e internacional (jurisprudencia y doctrina), incorporar por primera vez la perspectiva de género en el examen del ordenamiento jurídico y el análisis del gap de protección de la persona adulta mayor, así como detectar las lagunas y estructuras normativas que no responden a las necesidades jurídicas de las personas mayores en la actualidad. Como aspectos novedosos, cabe destacar que este segundo tomo aborda temas como la situación de desamparo de las personas mayores ante conflictos armados; los contratos de alimentos; el derecho a la no jubilación; la discriminación por edad en los algoritmos de inteligencia artificial; o la importancia de la edad biológica como indicador real para definir los umbrales de ‘persona mayor’ o ‘muy mayor’.

P.- Además, ahora ponen en marcha una nueva acción para mejorar la calidad de los cuidados a las personas mayores. ¿En qué puntos es mejorable el modelo de cuidados que tenemos?

R.- El modelo actual de cuidados para personas mayores debe evolucionar hacia una atención integral centrada en la persona, que combine servicios domiciliarios, comunitarios y residenciales con protocolos de calidad homogéneos acorde a la realidad que ostente la persona, sin dejar de valorar la diversidad de género, cultura y biología como componentes clave de la identidad y dignidad durante el envejecimiento. Desde la Escuela de Pensamiento estamos haciendo una gran apuesta por incorporar la prevención activa de la fragilidad, así como la salud mental, la estimulación cognitiva, la participación social de las personas y mejorar las condiciones de las personas que cuidan. Solo de esta manera podremos avanzar por un sistema de cuidados respetuoso y acorde a la realidad de las personas que lo necesitan.

P.- ¿Qué puede avanzarnos sobre esta iniciativa?

R.- La Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados apuesta por cuidar desde el sentido común y la sensibilidad que exige la realidad cotidiana de las personas mayores. Conscientes de esta necesidad, y comprometidos con generar sensibilización entre nuestro ecosistema, hemos diseñado, de la mano de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, un programa formativo gratuito, y tiene como objeto contextualizar el envejecimiento y la Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP), a través de sus fundamentos y del avance de la sociedad; aprender cómo aplicar la AICP al servicio de la autonomía, la independencia y de vidas con sentido cuando las personas requieren apoyos; y entender la importancia del autocuidado como pieza clave para garantizar tanto el bienestar del cuidador como la calidad del cuidado que brinda.