Pilar Rodríguez / Presidenta de la Comisión de Cuidados de la PMP y de la Fundación Pilares
Pilar Rodríguez: “Defendemos que se abandonen prácticas asistencialistas que no respetan los derechos de las personas”

Pregunta.- Tanto tiempo llevamos hablando de cómo debían ser los cuidados en un futuro que, supongo que estará de acuerdo, es hora de hablar de ellos en presente. Desde su amplio conocimiento de este tema, ¿cómo cree que quieren ser cuidados los mayores de hoy en día?
Respuesta.- En efecto, contamos ya con conocimiento suficiente, tanto por resultados de investigación como por la propia experiencia de los programas que realizan con personas mayores las entidades adheridas a la PMP, acerca de las preferencias que expresan sobre los cuidados que precisan hoy o los que puedan necesitar mañana: de manera recurrente se repite que su deseo es recibirlos en su propio domicilio. No obstante, sí se denota un cambio de tendencia sobre el lugar en el que recibir los cuidados cuando se plantea la hipótesis de que no puedan continuar viviendo en su casa por las limitaciones funcionales que puedan llegar a desarrollar, como puede ser una demencia avanzada: si hace unos años el deseo predominante era vivir con los hijos, ahora manifiestan en mayor medida que preferirían acudir a una residencia en la que recibir una atención integral de calidad en la que sean respetados su dignidad y sus derechos. Así se ha recogido, por ejemplo, en investigaciones recientes de la Fundación Pilares, en las que se pone de manifiesto que las hijas, hijos o parejas que hoy cuidan en su domicilio a una persona mayor ya no desean repetir ese esquema para recibir sus propios cuidados, tras experimentar la gran carga de trabajo y sacrificios que supone.
P.- ¿Se están ofreciendo recursos adaptados a las necesidades y deseos de estos nuevos sénior que, evidentemente, nada tienen que ver con los de hace unas décadas?
R.- Como decía, las preferencias de las nuevas personas mayores son muy diferentes de las que se han venido registrando tradicionalmente. Tienen más formación, mejor situación económica y gozan, en general, de buena salud durante bastantes años después de finalizar su etapa laboral. Además, es una generación que valora mucho su autonomía en la toma de decisiones sobre su propia vida y desean aprovechar los años que les quedan disfrutando de sus aficiones, viajando, adquiriendo cultura y saberes y hacerlo por puro disfrute… Se han adaptado perfectamente a la sociedad de consumo y su gasto en bienes diversos es considerable con lo que están contribuyendo de manera notable al incremento de la riqueza del país por su nivel de consumo. Pero si hablamos de contribuciones positivas, no podemos olvidar las que practican a diario en el apoyo a las nuevas generaciones, destacando de manera especial el apoyo económico a sus hijos para gastos de vivienda y el cuidado de los nietos. Las tareas, el dinero y el tiempo que dedican abuelas y abuelos al apoyo a la crianza durante la infancia, y también en la adolescencia y juventud a sus nietos es algo que debería ser computado como riqueza en la contabilidad del Estado. Lo mismo que los cuidados que brindan a miembros de su misma generación (parejas, hermanos y también madres o padres de muy avanzada edad). Hay personas de más de 70 años cuidando durante años a personas de 90 y más años y lo hacen en ocasiones como cuidadoras principales con la gran carga emocional y de salud que conlleva.
P.- El Gobierno ha dado un paso con la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad 2024-2030. ¿Desde la comisión que usted preside, qué valoración realiza?
R.- Hacemos una valoración muy positiva de todos los avances que se han producido en nuestro país, desde que se produjera, en abril de 2021, la aprobación por parte del Gobierno del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogiéndose nuestro país a los beneficios de los fondos europeos Next Generation que se crearon como respuesta a la crisis que generó la pandemia de la Covid-19. El componente 22 de dicho Plan –Refuerzo y modernización de las políticas de cuidados y, en general, de los servicios sociales– y los fondos económicos asociados al mismo, como fuera el Plan de Choque en Dependencia, significaron un auténtico revulsivo y actuó como punto de lanza para avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados. En los trabajos que hicimos, durante 2021-2023 tanto mediante nuestra participación en el Consejo Consultivo como en la Comisión asesora del Ministerio de Derechos Sociales para diseñar el nuevo modelo de cuidados, fijamos muy claramente cuál debía ser el norte de la brújula al que dirigirse: no se trataba con el nuevo impulso de “hacer más de lo mismo”, sino que el objetivo habría de ser “innovar y generar ideas para la creación de un nuevo modelo que, al tiempo de satisfacer las nuevas demandas de cuidados de la ciudadanía, garantizase sus derechos y lograra alcanzar criterios fuertes de calidad y sostenibilidad”. En 2022 tuvieron lugar dos hitos importantes: por una parte, la aprobación de la Estrategia europea de cuidados, por la que se instaba a los gobiernos a “garantizar unos servicios comunitarios accesibles, asequibles y de calidad, y a mejorar las condiciones de trabajo y la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los cuidadores”. Y, por otro lado, en nuestro país se produjo el Acuerdo del Consejo Territorial Servicios Sociales y SAAD sobre criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios (28-7-2022). Recogiendo las aportaciones y el conocimiento generado en todos estos trabajos en los que tuvimos desde la PMP una participación muy activa, se elaboró en 2024 nuestra Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización, con un horizonte temporal de desarrollo que llega hasta 2030. Las aportaciones de la PMP en la elaboración de esta estrategia han sido muy relevantes y desde luego apostamos a que pueda desarrollarse con éxito para lo que resulta indispensable aportar la financiación necesaria. ¡Ojalá se consigan lograr sus objetivos!
P.- Algunas voces del sector se alarmaron al interpretar que este nuevo modelo que se está estableciendo podría conducir a la desaparición de las residencias. ¿Podría llegar a ocurrir o, por el contrario, no es este el objetivo último que se persigue?
R.- Esta alarma se produjo por una interpretación poco ajustada a lo que se entiende por “desinstitucionalización”, término que fue muy debatido en el seno de los órganos consultivos que he mencionado y en los que participamos. Los elementos negativos que se asocian a ese término relacionándolo con la vida en una institución, según se ha acreditado por la investigación y el conocimiento científico, producen daños en el ámbito emocional porque atacan a la dignidad de la vida humana. Ocurren cuando las personas se ven obligadas a vivir aisladas y segregadas de la comunidad, cuando pierden el control sobre sus vidas y sus decisiones cotidianas y cuando se produce una primacía de los requisitos organizativos de la institución sobre las necesidades y preferencias de las personas. Pero estos efectos tan negativos no ocurren solo en algunas residencias u otros centros, sino que también suceden a veces el cuidado en domicilios, debido a comportamientos, valores y creencias sobre formas de apoyar y cuidar que tienden a la despersonalización, al paternalismo, a la rigidez en las rutinas y, en general, al edadismo que origina la discriminación consecuente a los estereotipos y prejuicios que rezan sobre las personas mayores. Los impactos negativos que, en efecto, se han producido y aún se producen en algunas residencias, son las que hay que evitar y para ello son muy necesarios los procesos de cambio de modelo que, mediante itinerarios de formación-acompañamiento, logran resultados muy positivos. Algunos de los proyectos desarrollados por entidades, como la Fundación Pilares, financiados con fondos Next Generation, han logrado en sus resultados de evaluación mostrar un impacto muy positivo tanto en las personas que precisan apoyos y cuidados, como en quienes les cuidan (familias y profesionales) y en las propias organizaciones responsables de centros y servicios, si bien se ha puesto de manifiesto también que se trata de procesos largos y que puede tropezarse con obstáculos y resistencias, que hay que saber canalizar. En resumen, no se trata de demonizar a las residencias ni de pedir su desaparición, lo que sería un perjuicio incalculable tanto para las personas que las necesitan, como para las familias que, hoy por hoy, siguen cargando con el peso de los cuidados. Lo que defendemos es que se abandonen prácticas asistencialistas, rígidas y jerárquicas, que no respetan los derechos, las preferencias ni la dignidad de las personas y se apueste con decisión por un modelo de atención que verdaderamente sea integral (atendiendo el conjunto de nuestras necesidades bio-psico-sociales-espirituales) y que esté centrada en las personas, garantizando su autonomía en la toma de decisiones y el ejercicio de sus derechos con los apoyos que precisen.
P.- Desde la PMP abogan por un Pacto de Estado por los Cuidados. ¿Qué pilares lo sustentarían y quiénes deberían suscribirse?
R.- El pacto que solicitamos exige el compromiso y la corresponsabilidad de todas las Administraciones públicas, y voy a comenzar por mencionar lo que normalmente se dice en último lugar: Es, no solo necesario, sino absolutamente indispensable aportar una financiación suficiente con la que poder hacer frente al cambio de modelo que tanto se invoca por parte de todos. Porque necesitamos incrementar recursos y también, y de manera muy significativa, las ratios de profesionales ofreciendo mejores salarios y condiciones laborales dignas a las y los profesionales de los cuidados. Se trata de una condición sine qua non que debe prevalecer con independencia de que se aprueben o no los presupuestos del Estado. Hoy tenemos un gravísimo problema que se está revelando como de muy difícil solución consistente en cómo la posibilidad de reclutar y retener trabajadores y trabajadoras por la falta de atractivo que tiene esta ocupación en el sector. Y la formación para la efectiva aplicación del nuevo modelo de cuidados es también totalmente necesaria y ello exige presupuesto y dedicación suficientes porque se trata, como decimos siempre, no solo de dotar de conocimientos y herramientas para aplicarlo, sino, sobre todo, de transformar nuestra mirada hacia las personas que precisan recibir apoyos y cuidados y lograr verlas en su plenitud para lo que, en la relación de ayuda y acompañamiento, hay que trabajar por la preservación de todos sus derechos y dignidad, y esto va mucho más allá de realizar tareas o aplicar terapias. Además de esta resignificación del trabajo de cuidar y del rediseño de los recursos y servicios necesarios, consideramos que también es muy necesario promover entre la sociedad el valor social, económico y político de los cuidados y la conveniencia de que todos nos involucremos en el camino hacia la construcción de una sociedad cuidadora en la que deje de sobrecargarse a las familias que tienen en su seno alguien que necesita cuidados de larga duración. Alcanzar, por consiguiente, un pacto de Estado en materia de CLD creemos que se constituye como una obligación derivada de las directrices de la UE y su Estrategia Europea de Cuidados y también, y de manera muy especial, de la obligación de cumplir con los objetivos de la Estrategia española para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.
P.- ¿En qué otros temas centran sus esfuerzos desde la Comisión de Cuidados?
R.- Desde nuestra comisión, sobre todo, tratamos de influir en todos los agentes que operan en el sector de los cuidados, y más allá del mismo, en la necesidad de que se comprometan en el camino del cambio. Pero un ámbito que queremos cuidar de manera especial es el de la actuación profesional, como verdaderos motores de esta transformación. También estamos muy comprometidos para que España continúe apoyando con decisión los trabajos que ya se están realizando hasta lograr que, más pronto que tarde, Naciones Unidas culmine la promulgación de una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, tal como existe en el ámbito de la infancia, de la mujer y de la discapacidad.
P.- ¿Por dónde deberíamos empezar a transformar el sistema de cuidados para garantizar una atención de calidad y respetando los derechos de los mayores?
R.- No creo que haya una sola dimensión por la que comenzar, si dejamos aparte la absoluta necesidad de incrementar la financiación, que reitero con énfasis. El resto de aspectos que trabajar conforman un caleidoscopio multidimensional que debe ir afrontándose de manera conjunta, tanto en lo que atañe a los tan necesarios servicios diversos de proximidad para permitir que las personas puedan continuar viviendo en su casa y en su entorno cuando necesitan cuidados, como en la transformación de los modelos de alojamiento, que también deben formar parte de los recursos comunitarios y ser diversos y marcados por los principios de dignidad y derechos. El apoyo y colaboración de las familias debe también estar siempre presente en cualquiera de los servicios que se presten. En cuanto a los proveedores y responsables de recursos y de sistemas de protección social, les corresponde establecer las garantías de cumplimiento de los criterios de calidad inherentes al nuevo modelo.
P.- Con lo que estamos hablando, ¿podemos ser optimistas? ¿Diría que, por fin, se empieza a desvanecer en nuestro país ese modelo asistencialista para dar paso a ese centrado en la persona?
R.- Más que optimistas, creo que el escenario que se ha logrado conseguir con el apoyo de todo el sector de los cuidados nos hacer vivir con esperanza. Hemos dejado atrás aquello de que “eso que defendéis es una utopía”, como muchos hemos escuchado durante años, y ahora sí puede afirmarse que hemos ganado, al menos, el discurso. Pero el discurso ha de apoyarse con dinero y con impulso a las políticas que están más que descritas y consensuadas. Porque implementar con convicción el nuevo modelo de cuidados ayudará a aflorar el bien interno de las organizaciones mediante la ética aplicada y el sentido profundo del trabajo profesional, que consiste, nada más ni menos, que contribuir a que las personas vivan una vida digna, significativa, de calidad y feliz hasta el final, aún asumiendo limitaciones funcionales para las que necesitan apoyos. En definitiva, creemos que hemos de cumplir los compromisos adquiridos también porque está en juego el modelo de país y de sociedad en la que queremos vivir y morir.