Organizaciones sociales, políticas y sindicales presentaron la Plataforma por una Atención Digna a la Dependencia ‘Emergencia, Dependencia’, para hacer frente común a la necesidad de una atención digna a la dependencia a través de un sistema público gallego fuerte.

ASGADeD, BNG, CC OO, CIG, Compostela Abierta, COP (Colegio de Psicología), Cotoga (Colegio de Terapia Ocupacional), COTS (Colegio de Trabajo Social), CUT, Izquierda Unida, MODEPEN, SINDICATO LABRADOR GALLEGO, PODEMOS y PSOE presentaron ‘Emergencia, Dependencia’ y el manifiesto en el que se recogen tanto el análisis de la situación como las propuestas con las que se pretende «dar una solución apropiada a la actual situación de emergencia».

Con este motivo, las entidades anunciaron que se solicitará una reunión con la conselleira de Política Social y más con los grupos parlamentarios, para que incluyan estas propuestas como enmiendas en los presupuestos de la Xunta para 2026, además de la convocatoria de una movilización para el día 17 de noviembre, coincidiendo con el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.

Según denunciaron, a principios de este año, «la Xunta aprobó de forma unilateral una reforma de la ley 13/2008 de servicios sociales que, lejos de mejorar la situación de la atención a la dependencia, reduce el derecho de los gallegos y gallegas a los servicios sociales”. Una reforma que se hizo, tal y como denuncia la plataforma, “por la puerta de atrás, aprovechando la ley de acompañamiento de los presupuestos, para evitar así la consulta y participación de los agentes sociales”.

En este sentido, aseguraron que ni siquiera se convocó el Consello Galego de Benestar Social, órgano consultivo y de participación en materia de servicios sociales, y mismo se aprovechó el mismo sistema de la ley de acompañamiento para dejarlo sin competencias. Junto a esto, explicaron que desde el 3 de enero de 2025, se unificaron las solicitudes de dependencia y discapacidad, eliminando el informe social, “lo que trata las valoraciones profesionales como un simple trámite o acto administrativo” lo que constituye “un ataque a los derechos de la ciudadanía, de tener unos servicios sociales dignos y de calidad”, porque las solicitudes las podrán hacer las personas usuarias o entidades de carácter lucrativo “provocando la desigualdad en el acceso a los recursos”.

LISTA DE ESPERA

La plataforma denuncia que, a día de hoy, «una persona dependiente en Galicia tiene que esperar de media 393 días, una semana más que en diciembre de 2024, más del doble del que dice la ley que fija en 180 días el tiempo máximo de tramitación». Además, añaden que “hay casi 1.700 personas esperando por un servicio o prestación a la que tienen derecho reconocido por ley, casi 200 personas más que en diciembre de 2024” y en lo que llevamos de año “fallecieron en Galicia más de 55 personas esperando por la dependencia”, que se suman a las más de 7.000 que fallecieron en la lista de espera desde 2017.

Ya la finales de 2023 se habían publicado cambios normativos donde se unificaba en un procedimiento a valoración de dependencia y la aprobación del PIA (Programa Individual de Atención) y con la que se pretendía reducir los plazos a la mitad, que en aquel momento ya estaban en más de un año. Sin embargo, esta plataforma alega que «estos plazos se alargaron y además las personas dependientes perdieron derechos al unificar el procedimientos”.

La plataforma entiende que estas modificaciones van a traer importantes perjuicios también para las personas con discapacidad, porque “no se evalúa la situación real e individual de cada caso, ni por ejemplo la movilidad reducida que afecta la muchas personas mayores”. Por eso denuncia que lo que hay detrás “es la privatización del sistema de manera encubierta” que se pretende culpar a las profesionales del atasco en las resoluciones, en lugar de asumir la responsabilidad “por su incompetencia y mala gestión”.

Frente a esta situación, estas organizaciones reclaman «más recursos públicos y menos bonos injustos; incrementar los planteles de los servicios de dependencia y discapacidad, incorporando también profesionales de disciplinas no contempladas ahora, cubriendo bajas y vacantes. El personal no puede asumir la misma carga de trabajo en un momento en que, cada vez más, se incrementan las necesidades de la población en situación de dependencia”.

Asimismo, demandan la puesta en marcha, sin demora, de «un sistema público gallego de atención a la dependencia, que aglutine todos los recursos públicos como residencias, centros de día, SAF; reclamamos la dotación urgente de personal para las valoraciones de dependencia y discapacidad, y que estas valoraciones se realicen en el domicilio de la persona, tal y como establece la ley; el aumento de presupuestos para la atención a la dependencia, la dotación adecuada de plazas en centros públicos, y la creación de cantos recursos públicos sean necesarios para garantizar que las necesidades de las gallegas y gallegos sean cubiertas».

En este punto, solicitan la convocatoria urgente del Consello Galego de Benestar Social y que se reponga su papel consultivo, así como hacen «un llamamiento a las organizaciones políticas para que asuman estas reivindicaciones como propias y pongan en marcha cuantas iniciativas consideren para caminar para su justa consecución».