La Plataforma de Mayores y Pensionistas ha instado al Gobierno a declarar los servicios bancarios esenciales como de interés general, con el fin de avanzar hacia la plena inclusión financiera de toda la ciudadanía, especialmente de las personas mayores, personas con discapacidad y la población del medio rural. Lo ha hecho durante la Reunión de Inclusión Financiera mantenida con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

En el encuentro, convocado por el ministro y enmarcado en el seguimiento del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, ha participado una delegación de la PMP compuesta por su presidente, Jesús Norberto Fernández; la vocal e su Junta Directiva, Imelda Fernández; y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; además de representantes de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC); la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez; la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Patricia Suárez; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y, de manera telemática, el impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, Carlos San Juan.

Durante la reunión, la PMP ha trasladado a Cuerpo sus preocupaciones y demandas clave, insistiendo en que la que la accesibilidad financiera no es un privilegio, sino un “derecho fundamental”. En primer lugar, la plataforma ha señalado que, a pesar de los avances en la aplicación del citado Protocolo, todavía existen deficiencias persistentes y riesgos de exclusión en materia de servicios bancarios.

En este sentido, la PMP ha instado al Gobierno y al sector bancario a adoptar medidas firmes y coordinadas para abordar los retos que quedan por afrontar en cuanto a la accesibilidad universal de los servicios; la inclusión financiera en el ámbito rural; o la definitiva aprobación y aplicación del marco legal que debe proteger eficazmente a las personas usuarias, especialmente las más vulnerables.

En primer lugar, en línea con lo planteado con el Defensor del Pueblo y la CNMC, ha propuesto que servicios esenciales como la retirada de efectivo, la realización de movimientos bancarios y la garantía de puntos de atención bancaria en núcleos poco poblados sean declarados “servicios económicos de interés general”. Esto aseguraría su provisión a toda la ciudadanía, viva donde viva.

Por otro lado, la PMP ha denunciado el “inadmisible bloqueo de la Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero”. Ha exigido al conjunto de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, “responsabilidad política y voluntad real para aprobarla de inmediato”, señalando que resulta “inaceptable que, tras casi tres años desde su promoción en la anterior legislatura, esta norma vital siga bloqueada por decisiones políticas, el rechazo de algunos partidos y la resistencia del sector bancario y legal”. A este respecto, Cuerpo ha manifestado el “compromiso del Gobierno en trabajar con el mayor esfuerzo posible” para que dicha ley sea aprobada antes del mes de diciembre.

Asimismo, la plataforma ha reclamado la implementación inmediata de la Ley 11/2023 y las mejoras de accesibilidad. Ha solicitado el “máximo compromiso” de las entidades bancarias en la implementación de una estrategia urgente de accesibilidad y formación real para empleados y comercios. Al mismo tiempo, ha reconocido que los principales bancos ya han implementado adaptaciones en cajeros, oficinas y en los canales digitales, “pero aún queda mucho por hacer en este sentido y subsisten lagunas importantes en la adaptación tecnológica efectiva”.

En definitiva, la PMP ha valorado positivamente los avances y los esfuerzos realizados por las entidades bancarias en el marco del Protocolo Estratégico, pero ha señalado que “la realidad es que el cierre de oficinas, la caída de puntos de atención presencial y la falta de adaptación de servicios siguen dejando fuera a los más vulnerables”.

Por otra parte, Cuerpo ha indicado que es necesario “seguir vigilando el cumplimiento de los compromisos” adoptados en el Protocolo Estratégico. De esta manera, ha anunciado la inclusión en el próximo barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de algunas preguntas sobre satisfacción y áreas de mejora en la atención a servicios financieros. De igual manera, se trabajará desde este organismo en un módulo semestral específico que permita profundizar en los resultados de la consulta. Además, el ministro también ha señalado que, adicionalmente desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) se trabajará para realizar una estadística específica, completa y estructural sobre inclusión financiera en todas sus vertientes.

La PMP ha dado la “bienvenida” a esos nuevos instrumentos de prospección anunciados por el ministro, que permitirán, en palabras de su presidente, Jesús Norberto Fernández, “no depender solamente de los informes que aportan las patronales bancarias”.

Igualmente, la PMP ha recalcado que una parte relevante de la población, en especial las personas mayores, sigue dependiendo de las oficinas físicas y demandando atención personalizada, pues los cajeros automáticos sin personal no son percibidos como un sustituto satisfactorio. Por otra parte, ha constatado la, necesidad de que se implementen mejoras en términos de difusión y comunicación, pidiendo a las entidades financieras la puesta en marcha de una estrategia de comunicación e información reforzada, con el fin de que todas las personas usuarias puedan conocer los medios y alternativas que tienen a disposición.

Para finalizar, la PMP ha reiterado que la inclusión financiera “no es un ideal abstracto ni una promesa aplazada: es una urgencia presente, una cuestión de justicia social y de dignidad”. Tal y como ha afirmado Fernández, “para millones de personas, ya sean mayores, con discapacidad o que viven en zonas rurales, poder acceder a su dinero, comprender una operación bancaria o recibir atención humana no puede ser un privilegio: es un derecho, por este motivo, seguiremos trabajando con el objetivo de construir una banca realmente accesible, cercana y al servicio de todas las personas, sin importar su ubicación geográfica, edad o nivel digital, porque una sociedad verdaderamente moderna no es la que más se digitaliza, sino la que no deja a nadie atrás”.