El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) manifiesta su profunda preocupación ante los últimos datos presentados por el Ministerio de Derechos Sociales y rebatidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) sobre el Sistema de Atención a la Dependencia, y recuerda que la realidad que viven miles de familias dista mucho de los titulares oficiales.

La semana pasada, el ministerio presentó su Panel de la Dependencia con los datos del primer semestre del año. Sin embargo, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, como viene haciendo desde la aprobación de la Ley, ya había ofrecido su propia valoración de esos mismos datos, evidenciando discrepancias notables que no pueden pasarse por alto.

Para CEDDD, esta diferencia entre el balance oficial y los datos presentados como reales por la citada asociación demuestra que aún existe una falta de transparencia, que perjudica gravemente a quienes están en lista de espera y a sus familias.

Según el consejo, «los datos del ministerio sólo contabilizan las solicitudes que llevan más de seis meses sin resolver —es decir, los incumplimientos directos de la ley—, pero obvian a quienes también están esperando ser valorados o recibir su prestación». Según la ADGSS, la lista real asciende a 286.861 personas, de las cuales: • 136.009 esperan valoración, • 123.857 están pendientes de recibir su Plan Individual de Atención (PIA), • 26.995 tienen derecho reconocido, pero aún no reciben la prestación o servicio correspondiente.

Esto supone que la lista de espera real ha aumentado en 16.536 personas solo en este semestre Para cada una de estas personas y sus familias, la espera es desesperante y dolorosa.

Más grave resulta aún que, según datos oficiales, en los primeros seis meses de 2025 16.866 personas fallecieron en lista de espera: 9.006 sin que se resolviera su grado de dependencia y 7.866 sin haber podido ejercer sus derechos. Es decir, 92 personas fallecen cada día sin recibir la atención que por Ley les corresponde. A este respecto, CEDDD lamenta profundamente que, ante tal situación, el ministerio ni siquiera hizo referencia a esta realidad en su comparecencia.

Por otro lado, CEDDD comparte la estrategia de reforzar la atención domiciliaria siempre que sea posible, pero recuerda que más de 35.000 personas esperan una plaza residencial, porque sus circunstancias personales o familiares les impiden recibir los cuidados necesarios en su hogar. Pese a ello, en lo que va de año se han reducido más de 2.000 plazas residenciales, dificultando aún más el acceso de quienes más lo necesitan.

Tal y como recoge la asociación citando “datos publicados por el propio ministerio”, en el último año no solo se redujo el tiempo de espera, “sino que aumentó de 328 días en marzo de 2024 a 338 días en marzo de 2025”. Con el ritmo que tiene el sistema de atención a la dependencia se tardarían 11 años para lograr la plena atención.

En la misma línea, CEDDD recuerda que la prestación económica para cuidadores familiares sigue siendo exigua, con apenas 264 euros mensuales, mientras que la media de horas de ayuda a domicilio no alcanza ni dos horas diarias. Además, más de la mitad de las personas atendidas en su domicilio no disponen de teleasistencia, incumpliendo el derecho reconocido desde 2021.

EL RETO GENERACIONAL

En cualquier caso, estos datos reflejan, señalan desde el consejo, «una realidad incuestionable: España afronta un reto demográfico y social que no se está atendiendo con la urgencia ni la financiación necesarias. Miles de personas siguen sin respuesta, listas de espera crecientes, servicios de baja intensidad y familias sobrecargadas».

Desde el CEDDD instan al Ministerio de Derechos Sociales y a todas las Administraciones competentes a cumplir con la Ley de Dependencia, a reconocer la verdadera magnitud del problema y a actuar con responsabilidad y rigor para garantizar el derecho efectivo de las personas dependientes y sus familias. Para ello, reclaman medidas urgentes: la reducción real de las listas de espera; el cumplimiento real y efectivo de la Ley de Dependencia, con una financiación adecuada y sostenible, capaz de hacer frente al reto generacional que como país tenemos por delante; el aumento de la intensidad y calidad de los servicios; más plazas residenciales; y el reconocimiento y apoyo real a cuidadores familiares.

«No podemos permitir que miles de personas sigan falleciendo sin recibir la atención a la que tienen derecho. La dependencia no puede seguir siendo un titular; debe ser una prioridad», concluyen en su comunicado.