La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) valora positivamente el anuncio de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, que contempla un incremento del 3% en el precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) con fecha de efecto desde el 1 de enero de 2025.

Asade reconoce el esfuerzo y compromiso de la Junta de Andalucía, que ha apostado por actualizar la financiación del sector a pesar del contexto nacional de Presupuestos Generales del Estado prorrogados para 2024 y 2025, y de una aportación estatal que en 2023 apenas alcanzó el 37,74%, muy por debajo del 50% comprometido en el marco del sistema de atención a la dependencia.

Sin embargo, la asociación considera que esta actualización, aunque necesaria, no logra compensar el incremento de costes que afronta el sector, derivados principalmente del nuevo convenio colectivo autonómico y los constantes cambios normativos en vigor. Reitera la necesidad urgente de que las tarifas públicas evolucionen al mismo ritmo que los costes reales del servicio, para garantizar una prestación sostenible, de calidad y con estabilidad para los profesionales y usuarios del sistema.

Asimismo, Asade hace un llamamiento a la Administración General del Estado y a todas las comunidades autónomas para alcanzar de manera urgente un Pacto por la Dependencia, que, señalan, “vaya acompañado de unos presupuestos suficientes y sostenibles, con el objetivo de consolidar el sector, ofrecer certidumbre a las familias y profesionales, y evitar la frustración social derivada del desajuste entre expectativas generadas y recursos disponibles”.

Ignacio Gamboa, presidente de Asade, comenta que “valoramos positivamente el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía para actualizar los precios para la ayuda a domicilio de la comunidad autónoma y especialmente en un contexto marcado por la falta de presupuestos estatales. No obstante, desde ASADE consideramos que este avance no es suficiente para hacer frente al incremento real de los costes del sector. Reclamamos a todas las Administraciones públicas, empezando por el Estado, un compromiso responsable que garantice una financiación adecuada, sostenible y que aporte estabilidad al sistema. Es momento de avanzar hacia un gran Pacto por la Dependencia que asegure el futuro del modelo y la calidad en la atención a las personas”.