La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) expresa su “más enérgica oposición” al anuncio realizado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de establecer una regulación estatal sobre la calidad nutricional y composición de los menús en hospitales y residencias.

Esta medida que, señalan, se ha tomado “sin ningún tipo de consulta previa ni reunión con el sector, supone un nuevo ejemplo de la política de imposición que desde hace tiempo viene practicando el Gobierno en materia de dependencia. En un ámbito tan delicado como la alimentación de personas mayores y dependientes —que requiere un enfoque individualizado, técnico y profesional— el ministerio opta por una solución ideológica, centralizada y alejada de la realidad diaria de nuestros centros”.

Desde la FED expresan que “resulta profundamente preocupante que desde el ministerio se pretenda intervenir de forma tan directa en la elaboración de los menús sin tener en cuenta las competencias de las comunidades autónomas en esta área, ni las características propias de cada centro ni las necesidades específicas de las personas atendidas. Como siempre hemos defendido desde la FED, la atención debe estar centrada en la persona: eso significa respetar sus gustos, creencias, cultura alimentaria, condiciones médicas y, por supuesto, sus derechos”.

Además, observan, dicen, “con preocupación la creación de una alarma ficticia e injustificada en torno a los menús en las residencias, que no se corresponde con la realidad del trabajo que se realiza cada día en los centros. Los menús actuales no solo cumplen con los estándares nutricionales establecidos, sino que también se ajustan a las preferencias y necesidades individuales de los residentes”.

Por otra parte, el comunicado emitido desde la patronal denuncia que “tomar decisiones como la restricción del uso de determinados productos —como los congelados— evidencian un gran desconocimiento técnico. Los productos congelados no solo mantienen sus propiedades nutricionales, sino que, además, permiten una gestión más eficiente de los recursos, fomentan un consumo más racional, más seguro y reducen significativamente el desperdicio alimentario. Se trata, por tanto, de una opción profesional y responsable, no de una carencia en la calidad del servicio”.

FALTA DE DIÁLOGO ESTRUCTURAL

“Esta medida no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia de reforma del sistema de atención a la dependencia”, afirman desde la FED, una estrategia que han venido denunciando “por su carácter unilateral y por ignorar los problemas estructurales que afectan gravemente al sector”. Entre ellos destacan, enumeran: la falta de una financiación adecuada, el alarmante déficit de profesionales —estimado en más de 130.000 trabajadores—, la obsolescencia de muchas infraestructuras, y la necesidad urgente de establecer un modelo de concertación estable y sostenible. “A todo ello se suma la persistente ausencia de una verdadera coordinación sociosanitaria”, añaden.

Pese a las peticiones de diálogo, la FED expone que el Gobierno continúa tomando decisiones sin contar con quienes garantizan la atención y el bienestar diario de más de 400.000 personas dependientes que actualmente viven en residencias en toda España.

La imposición de menús estandarizados “no solo es una medida injusta y técnicamente discutible, sino que puede poner en serio riesgo la viabilidad económica de muchos centros. Cada residencia cuenta con estructuras de gestión, presupuestos y recursos distintos, y cualquier obligación normativa que no esté acompañada de financiación adicional solo contribuye a agravar la ya frágil sostenibilidad del sistema”.

Desde la FED insisten en lo que necesitan no son más normas, sino más recursos, más profesionales y más colaboración. Por ello, desde la federación reclaman al Ministerio de Derechos Sociales que retire de inmediato cualquier intento de regulación unilateral sobre los menús en centros residenciales;  que abra un proceso de diálogo real y vinculante con las organizaciones representativas del sector; que enfoque sus políticas desde el conocimiento técnico, el respeto institucional y el compromiso con la viabilidad del sistema; y que apueste por un modelo de atención centrado en la persona, que respete su dignidad, sus preferencias y su libertad.

“La alimentación en las residencias no puede convertirse en un campo de batalla ideológico. Es una cuestión profesional, técnica y humana. Y solo podrá abordarse con rigor si se cuenta con quienes conocen el terreno y lo trabajan cada día”, concluye el comunicado la patronal.