En 2024, el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los tres años anteriores (2021/2023). «Una merma importante en la financiación el Sistema de Dependencia –exponen desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS)– que se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios».

A pesar de que no se aumentó el presupuesto estatal para la dependencia, en 2024 se produjo un incremento del gasto de 187 millones de euros, por la obligación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de soportar el nivel mínimo de financiación al haberse incrementado el número de personas atendidas. Es decir, explican desde la ADGSS, «aumentó el gasto por imperativo legal, pero no por compromiso político. También se tuvieron que suplementar 48 millones de euros para cuotas de Seguridad Social de cuidadoras no profesionales».

Así, en 2024 se alcanza un máximo de inversión en el Sistema, con 12.189 millones de euros, que representa el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE.

Con este presupuesto, la ADGSS advierte de que «el Sistema ha mantenido la tendencia creciente en cuanto a su alcance: 106.558 personas atendidas más y 69.650 personas más tienen reconocida su situación de dependencia. 104.276 solicitudes más y 93.584 resoluciones de grado más». Sin embargo, observan que disminuye el impacto en la generación de empleo, ya que por primera vez desde 2020, se sitúa por debajo de los 40 empleos por cada millón de euros de inversión pública en el Sistema. Asmismo, señalan que «disminuye también la tasa de retornos al Estado a través de impuesto de sociedades, cuotas a la seguridad, IRPF, etcétera, situándose en el 40,1%, la más baja de los últimos cuatro años. En ambos casos debido al aumento en un 14% de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares frente a los servicios profesionales».

La burocracia y, aseguran, «el escaso desarrollo del Sistema en algunas comunidades, han impedido cumplir el objetivo del Plan de Choque» en cuanto a reducción de las listas de espera: «solo hay 26.106 personas menos en el limbo de la dependencia. Al ritmo del último año, se tardarían diez años y medio años en lograr la plena atención«, denuncia la entidad.

Según los datos publicados por la ADGSS, finaliza 2024 con 270.325 personas a la espera de un procedimiento: 142.466 personas con derecho reconocido en espera de atención, 36.778 menos que el año anterior. A ellas hay que añadir 127.879 personas pendientes de valoración, 10.698 más que hace un año. El tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente fue de 334 días en 2023, diez más que el año anterior.

Y, destacan, se mantiene el ritmo de fallecimientos en las listas de espera: entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 fallecieron 34.252 personas en la lista de espera de la dependencia: 17.158 personas pendientes de resolución y 17.094 sin haber podido ejercer sus derechos, aun teniendo reconocida su situación de dependencia.

UN SISTEMA LOW COST

Ni siquiera el incremento de financiación que recibió el Sistema entre los años 2021 a 2023, en el Plan de Choque, ha logrado impedir que el Sistema se desarrolle con un modelo low cost, como definen desde la asociación, «con prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía, que no responden a las necesidades de las personas en situación de dependencia. Un ejemplo palmario y vergonzoso de esta conclusión es el servicio de teleasistencia«.

En España hay 65.973 personas beneficiarias del Sistema de Dependencia que reciben como prestación única la Teleasistencia, 4.976 más que en 2023: Una de cada tres de estos casos (33,6%) se produce en la Comunidad de Madrid (22.180)

Por otra parte, el 41,9% de las personas beneficiarias del Sistema son atendidas con la Prestación de cuidadoras Familiares, porcentaje que se incrementa en 2024, cuando esta prestación tiene un importe medio mensual de 264,11 euros (percibidas actualmente por 636.030 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio: 168,8 €/mes para los Grado I; 277,2 €/mes para los Grado II y 384,6 €/mes para los Grado III.

Recientemente se ha aprobado un anteproyecto de reforma de la Ley, «sin incremento presupuestario y cuando todavía no se ha cumplido los contenidos de la actual norma», denuncia la organización. «Hay aspectos positivos en el proyecto de reforma pero sería necesario aumentar en 1.000 millones para dependencia en los próximos PGE para que estas buenas intenciones sean realidad, exigiendo a las comunidades autónomas agilizar procedimientos que reduzcan la lista de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades», añaden.

Por último, los datos de la ADGSS corroboran que se mantienen las desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión, de manera que nueve comunidades aprueban la escala este año. Castilla y León y Castilla-La Mancha, ambas con 8,3 puntos, encabezan esta clasificación. Murcia (3,1), Canarias (3,3), Cataluña (3,6) y Cantabria (3,6) están a la cola.