Los datos recientemente publicados por Imserso en su web en Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores de diciembre de 2023 indican, según expresan desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) «un retroceso un retroceso del sector residencial en 2023, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura, que es el más bajo de toda la serie (desde 2010)».

La ADGSS valora que la ocupación total alcanza el 84,1% de las plazas (332.431 personas usuarias). «Lo cual pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Sin embargo, el déficit de plazas residenciales sigue aumentando: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 89.324″, destacan.

Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 35.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III).

Según los últimos datos oficiales (Estadísticas SAAD. Diciembre 2024. Imserso) hay en lista de espera de ser atendidas 34.622 personas con Grado II y 17.420 con Grado III, más 65.602 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, más 15.732 de estos grados con prestación no efectiva, lo que eleva el número hasta las 133.376 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, un 35% de los grados III y un 22% de grado II demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio. De ahí la estimación de que «serían necesarias unas 35.000 plazas residenciales solo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia».

Las regiones con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y la Comunidad Valencia, con 35.857 y 24.801 respectivamente; entre las dos suponen más de las tres cuartas partes del déficit (67,9%). Mientras que en seis Comunidades sigue habiendo un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.234. Navarra, Cantabria y La Rioja son las Comunidades con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.

El 69,6% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 275.094, frente a las 119.971 exclusivamente privadas. Ello incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado ligeramente desde 2015, hasta alcanzar 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha. Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y la Comunitat Valenciana.

SOBRE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN

El Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 con las comunidades autónomas una estrategia de desinstitucionalización, para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, la ADGSS considera que «reduciría la necesidad de plazas residenciales. Un objetivo que se complementaría con la humanización de los centros con un nuevo modelo residencial, en línea con la propuesta del nuevo modelo residencial que planteo la asociación«.

Sin embargo, no se han dado pasos decididos en esta estratégica, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio, que se mantiene prácticamente igual que el año anterior. En 2023 este servicio se mantiene en una cobertura de 5,5%, sólo seis décimas más que en el año previo a la pandemia. Por otra parte, la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 21,1 horas mensuales, el mismo número que en el año 2012. Estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en prejuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres.

NECESIDAD DE DATOS Y REFERENCIAS FIABLES

El Ministerio de Derechos Sociales publicó en abril de 2024 el primer Censo de Centros Residenciales en España, en el marco del Plan Estadístico Nacional. Desde la asociación señalan que «los datos diferían de manera importante a los del tradicional Informe Mayores presentados por el mismo organismo (Imserso); así, frente a las 398.575 plazas del Informe, el Censo ofrecía el dato de 323.272 “censadas” (381.514 según estimación». El año 2024 ha terminado, continúan, «sin que el ministerio haya cumplido el compromiso que adquirió de publicar un nuevo censo. Esperamos con interés para ver si, en esta ocasión, las cifras coinciden o se acercan más, para que podamos conocer la realidad de este sector tan importante para la protección social en España».

Por otra parte, señalan desde la ADGSS que «venimos advirtiendo que el índice de cobertura que se utiliza tomando como referencia la población mayor de 65 años resulta inadecuada en la sociedad actual. La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años -en el propio Informe se dice que el 75,5% de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años- en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas deseamos, cada vez más, permanecer en nuestra propia casa el mayor tiempo posible».

Por ello, la entidad solicita al Imserso que proponga al Consejo Territorial «un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas, proveedores y entidades del sector». Unas referencias «imprescindibles», dicen, «ya que todavía se siguen creando centros residenciales a golpe de promesa electoral. Frente a estas prácticas debe prevalecer una planificación racional de manera que si hay que construir nuevos centros se haga allí donde viven las personas que las necesitan y sus familiares, ya que la sociedad demanda que las residencias sean auténticos servicios de proximidad«.