La Junta refuerza los apoyos y promueve una vejez activa entre las personas con discapacidad
El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó, a mediados de noviembre, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2024-2027, un texto que recoge todos los avances regulados en las nuevas leyes de Apoyo al Proyecto de Vida de este colectivo y la reguladora del nuevo modelo de atención residencial, así como la Ley del Estado que refuerza la capacidad jurídica de estas personas.
Se trata de un plan coordinado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pero que establece de manera transversal a través de sus diez ejes estratégicos todos los apoyos, recursos, herramientas y programas para estas personas, con los objetivos de que se sientan permanentemente protegidos y de fomentar su autonomía.
El presupuesto destinado a este Plan es de casi 1.800 millones, es decir, un 132% más que el anterior. Se refuerzan todas las áreas de actuación, especialmente, en cuanto a las etapas de la vida a las que van dirigidos los servicios: si bien antes se reconocían dos –la infantil de 0 a 6 años y la que corresponde al envejecimiento de este sector de la población–, el nuevo Plan recoge apoyos en todas las etapas de la vida.
NOVEDADES
Una de las novedades importantes es el espaldarazo definitivo al impulso de los cuidados y, sobre todo, en el hogar. Para ello, aumenta de manera considerable –un 93 %– la cuantía destinada a la atención sociosanitaria de estas personas, que pasa de 287 millones a 553. En este contexto, se refuerzan programas como ‘A gusto en casa’, el acceso a centros de día o a viviendas donde pueden residir con un alto grado de autonomía o se promociona aún más la figura del asistente personal, a lo que se suman las adaptaciones en el hogar o la aplicación de productos tecnológicos innovadores de apoyo a la vida independiente.
Para los mayores con discapacidad, además de fortalecer los cuidados tanto en el hogar como en los centros residenciales, se va a destinar una partida de 122,7 millones de euros que, mediante conciertos, prestaciones económicas vinculadas y puesta a disposición de centros propios, favorezca su envejecimiento activo.
Por último, y en cumplimiento de la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, se van a incluir acciones para hacer efectiva dicha norma y así ayudar a este colectivo a ejercer sus derechos.