Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha desplazado a Valencia para reunirse con la Plataforma del Tercer Sector, organización que integra entidades como Cruz Roja, Cáritas, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), ONCE, la Plataforma de ONG de Acción Social, CERMI, la Plataforma del Voluntariado de España, la Plataforma de Infancia y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Todas estas entidades están trabajando en los municipios afectados por la DANA en la provincia de Valencia desde el inicio de la catástrofe, labor que Bustinduy ha querido reconocer: “Quiero dar las gracias a todas estas entidades, que se están dejando la piel sobre el terreno, por el trabajo tan importante que están haciendo en materia social”.

El ministro ha querido resaltar también la importancia de que los poderes públicos trabajen de la mano de la sociedad civil organizada en el despliegue de iniciativas ya que “es la que trabaja sobre el terreno y a pie de calle”. Así mismo, ha aprovechado su declaración ante los medios para hacer una defensa de estas entidades de acción social frente a los ataques y los bulos que, según ha denunciado, han sufrido en las últimas semanas a raíz de la crisis generada por la DANA: “La campaña que sectores de ultraderecha están llevando a cabo contra estas organizaciones es infame, y este Gobierno no lo va a tolerar”. Bustinduy ha señalado, además, que “mientras la extrema derecha está ocupada en demonizar su labor, estas entidades están atendiendo a víctimas”. Por ello, ha reafirmado el compromiso del ministerio que dirige en apoyar el trabajo de estas organizaciones con todos los recursos que sean necesarios.

Ya hace dos semanas, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley dirigido de forma específica a atender la situación de emergencia ocasionada por la DANA, en el que se incluyó, por iniciativa de Bustinduy, una ayuda excepcional de 5 millones de euros a esta Plataforma del Tercer Sector con la que se ha reunido en Valencia y que está trabajando en la reconstrucción tras la catástrofe, representando a cerca de 28.000 entidades de acción social.

Por otra parte, el ministro recibe al Consejo Estatal de Trabajo Social en este viaje a Valencia, organización a la que se otorgó también una ayuda de urgencia en el Real Decreto Ley, en este caso de 700.000 euros, para apoyar la labor que están haciendo en los municipios afectados por la DANA a través del Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales (GEIES). Se trata de un grupo de élite formada por trabajadoras sociales que están especializadas en actuar en situaciones de catástrofe. Ahora mismo, este grupo tiene desplegadas a más de 350 profesionales en la provincia de Valencia.

Además de esto, Bustinduy ha puesto en valor el paquete de ayudas más importante que puso en marcha en este Real Decreto Ley: una ayuda directa de 50 millones de euros para los ayuntamientos de las localidades arrasadas por la DANA que se destinará para reforzar los servicios sociales de estos consistorios. “Ya hemos contactado con los 78 ayuntamientos afectados, que es a quienes van destinadas principalmente las ayudas que estamos gestionando”, ha informado el ministro para reivindicar la puesta en marcha de lo que, desde el ministerio que dirige, han denominado ‘Red de protección social’ frente a la DANA. Esta red, ha detallado, consiste en poner todos los recursos posibles para que los servicios sociales municipales, así como las entidades del Tercer Sector, puedan atender las situaciones de pobreza sobrevenida que ha generado esta catástrofe y que se van a traducir también en situaciones de privación material y riesgo severos de exclusión social para miles de personas.

Por último, Bustinduy ha recordado que, desde el primer día de la catástrofe, el Ministerio de Derechos Sociales se puso al servicio de la Generalitat Valenciana y que desde este ministerio mantienen comunicación constante con el ejecutivo valenciano para coordinar todos los recursos necesarios. La prioridad, ha dicho, es “evitar que las víctimas de la DANA lo sean también de la exclusión social”.