Las residencias españolas necesitarán al rededor de 100.000 profesionales más en 2030. El Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España, elaborado por Antares Consulting, y presentado recientemente por ACRA y la Unión de Entidades, con datos hasta 2022, estima que esta necesidad de nuevos profesionales es debido al crecimiento de la oferta de plazas residenciales para atender el ritmo de envejecimiento y a los requerimientos de ratios de personal para 2030.

Según el informe, en la actualidad, el número de afiliados a la seguridad social en residencias alcanzó los 311.177 afiliados. Aunque no existen datos precisos sobre el número de profesionales empleados en los centros residenciales para mayores –matiza el estudio–, se puede estimar en una cifra entre 199.288 profesionales y 258.944 afiliados a la seguridad social en 2022.

Por otro lado, el ritmo de crecimiento de afiliados a la seguridad social en centros residenciales ha sido superior al crecimiento de plazas en la última década, a excepción del 2021, lo que significa un incremento de la dotación de profesionales por plaza en las residencias.

Para explicar la necesidad de profesionales, el informe apunta que la resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establece nuevos requisitos de profesionales por plaza en las residencias para mayores. Así, con dicha resolución, el ratio de cuidadores por plaza actual (0,31) se situará en 2030 en 0,43. De igual manera, el ratio de personal directo por plaza pasará del 0,39 actual al 0,51. Es decir, el impacto de esta resolución sobre la oferta actual de plazas residenciales supondrá incrementar en 47.828 nuevos profesionales en el sector de las residencias para mayores. Si a esta cifra le sumamos un crecimiento de unas 85.460 nuevas plazas para los próximos ocho años, se necesitarán otros 52.986 profesionales adicionales. En total, la cifra supera por poco los 100.000 profesionales.

El estudio señala que hay que tener en cuenta que esta necesidad se produce, además, en un contexto de escasez de profesionales de enfermería. En este sentido, aunque el informe lamenta la falta de un análisis de necesidades detallado para el sector de las residencias, explica que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) estima que serán necesarios 120.000 profesionales de enfermería adicionales para que España se aproxime a la ratio media de los países de la OCDE.

No obstante, esta carencia no es exclusiva de España, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que el personal de enfermería en todo el mundo no guarda proporción con el necesario para lograr la cobertura sanitaria universal y las metas de los ODS. Según esta organización, para subsanarla de aquí a 2030, el número total de graduados en enfermería de todos los países tendría que incrementarse de media en un 8% anual, y mejorarse la capacidad para emplear y fidelizar a esos graduados.

COBERTURA INFERIOR AL PROMEDIO INTERNACIONAL

El informe encargado por ACRA y la Unión de Entidades, con la colaboración del Ministerio de Derechos Siciales y Agenda 2030, presentó también una radiografía de la oferta residencial actual en España. Según el informe, hay un total de 393.581 plazas residenciales (en 5.573 residencias) y 105.447 plazas diurnas (en 3.545 centros), con un 73% de plazas residenciales de titularidad privada y un tamaño medio de 68 plazas por centro.

El informe destaca que el ratio de cobertura español –número de plazas por 100 mayores de 65 y 80 años– es inferior al promedio internacional. En el caso de los mayores de 65 años, el ratio se sitúa en 4,1 (el promedio es de 5); y en el de mayores de 80 años, el ratio sube hasta los 13,9, aunque muy lejos del promedio internacional de 17.

La distribución residencial de plazas públicas y privadas también difiere del promedio internacional. En España, solo un 30% de las plazas son públicas, cuando el promedio marca un 43%. La diferencia precisamente se observa en las plazas de titularidad privada con ánimo de lucro, que en el territorio español suponen un 50%, mientras que la media internacional es del 30%.

Por último, el análisis de la oferta de atención residencia y a domicilio por comunidad autónoma del estudio revela unos modelos de atención a la dependencia muy diferenciados. Así, existen regiones más orientadas a la atención residencial (Castilla y León, Catalunya, Principado de Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi y Extremadura); más enfocadas al domicilio (Andalucía e Islas Canarias); con alta cobertura en las residencias y el SAD (Comunidad de Madrid, Castilla- La Mancha, Aragón y La Rioja); y con menos cobertura (Ceuta y Melilla, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Galicia).