La Junta de Andalucía ha dedicado al sistema público de dependencia más de 1.200 millones de euros en el ejercicio 2024, lo que la sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas que más fondos destina a financiar este servicio. La apuesta del Gobierno de Juanma Moreno se ha consolidado de manera creciente desde 2019. Así, Andalucía, solo precedida por Catalunya, es la comunidad autónoma del país que más recursos dedica al sistema.

Todo ello en un contexto donde la aportación autonómica está muy por encima de la estatal, ya que la Junta ha dedicado, desde 2019, 4.000 millones de euros más para el sostenimiento del sistema que el Gobierno de España. De hecho, este año, mientras la Junta ha aportado más de 1.200 millones para atender a las personas en situación de dependencia, el Gobierno ha puesto 729 millones, es decir, unos 500 millones de euros menos.

En este sentido, desde 2019 y hasta el presente ejercicio, siete de cada diez euros del sistema público de dependencia andaluz los ha puesto la Junta. Una aportación autonómica que ha crecido desde los 1.095 millones de euros de 2019 a los más de 1.233 millones de este año.

Ante esta situación, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha incidido en reclamar al Gobierno de España que cumpla con la Ley de Dependencia, que establece que ambas Administraciones han de financiar por igual el sistema. Sin embargo, esta ecuación no se ha dado históricamente en Andalucía, que sufre una infrafinanciación sistemática, lo que afecta directamente al servicio que presta el mayor sistema de dependencia de todo el país con más de 287.500 beneficiarios y casi 425.000 prestaciones.

BATERÍA DE MEDIDAS
A este respecto, la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ha reclamado al Gobierno que cumpla con las personas en situación de dependencia de Andalucía y que éstas “sean tratadas como se merecen” por parte del Ejecutivo central. Por ello, ha insistido en pedir una “financiación justa” para los andaluces y andaluzas, al igual que la comprometida con el País Vasco y Cataluña para financiar el 50% del coste de la dependencia en ambas comunidades autónomas. “Las personas en situación de dependencia de Andalucía se merecen del Gobierno el mismo trato que los dependientes de Euskadi y Catalunya”, ha apuntado, antes de afirmar que esta infrafinanciación se ha visto agravada por la prórroga este año de los Presupuestos Generales del Estado “que ha supuesto un recorte de 200 millones para nuestra comunidad”.

García ha subrayado que la Junta ha emprendido “un cambio necesario y estructural” del sistema al objeto de acortar plazos y mejorar en eficacia. “No se puede cambiar en seis meses lo que lleva 18 años sin funcionar”, ha remarcado la secretaria general, quien ha puesto el acento en que también se están cambiando las herramientas informáticas “para pasar de cinco aplicativos diferentes a uno solo” con la finalidad de agilizar el sistema.

Asimismo, García ha hecho hincapié en la implantación del nuevo procedimiento que permite, en una única visita, recabar toda la información necesaria para elaborar el informe de valoración. De esta manera, se evitan molestias innecesarias al usuario y se acortan los tiempos. “El giro es de 180 grados pero estamos convencidos de que estos cambios son imprescindibles para conseguir una nueva dependencia en Andalucía que dé respuesta a la ciudadanía”, ha concluido.