El Departamento de Derechos Sociales del Govern de la Generalitat dotará este año a 111 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, consejos comarcales y otros entes supramunicipales con 1.385 millones de euros para financiar los servicios sociales y otros programas de protección social para el periodo 2022-2025. De este modo se da cumplimiento al acuerdo marco que el Departamento formalizó con las entidades municipalistas a finales del año pasado.

El contrato programado para 2022 supone un aumento del 20% respecto de la partida del año anterior, que se destinará principalmente a reforzar el sistema de servicios sociales y a nuevas acciones y servicios, como la lucha contra el sinhogarismo o la teleasistencia.

La Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, establece el marco de coordinación, cooperación y colaboración entre el Departamento y los entes locales para permitir una gestión de los servicios sociales que responda a criterios de corresponsabilidad, transparencia, equidad territorial y optimización de los servicios dirigidos a las personas, permitiendo dotar de estabilidad financiera a los entes locales. Esto se traduce en un convenio de colaboración con los entes locales o contrato programa (CP).

Mediante el contrato programado, el departamento de Derechos Sociales financia –en líneas generales- el 66% del coste de los y de las profesionales de los equipos básicos de servicios sociales y los programas que se desarrollan, que son la puerta de entrada y el primer nivel del sistema público de servicios sociales y la garantía de más proximidad a los usuarios y a los ámbitos familiar y social. Los entes locales aportan el otro 34%, si bien hay servicios que la Generalitat financia al 100% (como los equipos de atención a la infancia y en la adolescencia o la supervisión de las instalaciones juveniles). El último CP fue entre los años 2016 y 2019 y estuvo prorrogado durante dos años.

Con el CP se da un paso importante en el despliegue del Plan Estratégico de Servicios Sociales 2021-2124, en la planificación y en la evaluación estratégica de los servicios sociales.

Para poder dar respuesta al incremento de la demanda en los servicios sociales, el Departamento de Derechos Sociales ha aumentado la dotación del contrato programa de servicios sociales en un 20% respecto del convenio anterior. Una parte de este incremento -concretamente 10,4 millones de euros más que el 2016- van destinados a estabilizar la plantilla actual de la atención social primaria.

En este sentido, se consolidarán los más de 400 trabajadores sociales de las áreas básicas que se incorporaron con adendas Covid durante 2021 y ahora pasan a estar incluidos dentro del contrato programa. También se incorporarán progresivamente otros perfiles profesionales, como psicólogos o juristas, para cada una de las áreas básicas de servicios sociales. Se incorporará un nuevo profesional por cada 50.000 habitantes.

En comparación con el anterior contrato programa, se prevén dos actuaciones destacadas: la lucha contra el sinhogarismo y el servicio de teleasistencia. Así, dentro del marco de acción para el abordaje del sinhogarismo se pone la atención en el colectivo de personas sin hogar, activando los recursos de equipaciones y servicios en cada territorio para prevenir la exclusión social, facilitando las herramientas necesarias para conseguir una sociedad más cohesionada y justa.

En cuanto a la teleasistencia, el nuevo modelo de servicio de atención en el entorno domiciliario de las personas ofrece una atención social y de cura que garantice que las personas sean autónomas y puedan desarrollar su proyecto vital donde quieran y como quieran, con integración a su entorno familiar y comunitario. Para favorecer este modelo, el Departamento de Derechos Sociales ha incrementado el precio /hora que pasa a ser de 19 euros para el primer año hasta llegar a los 21 euros en la última anualidad.

En total, se destinarán más de 100 millones para reforzar los servicios sociales básicos, especialmente los servicios de atención domiciliaria (SAD) en el marco del nuevo modelo de autonomía personal, dirigido tanto a las personas grandes, como las personas con discapacidad o a las personas con problemas de salud mental o adicciones. Este modelo se fundamenta en una atención personalizada a través de un profesional social de referencia, un nuevo modelo de atención domiciliaria y la flexibilización de los servicios.

El contrato programa de servicios sociales 2022-2025 tiene la voluntad, entre otros, de dar respuesta a estas necesidades y de reforzar los servicios sociales básicos. Entre los servicios y programas que se incluyen destacan: los Equipos Básicos de Atención Social; Políticas de lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social; Servicio de atención a la dependencia y teleasistencia avanzada; y el Desarrollo de planes de envejecimiento locales (envejecimiento kilómetro cero) que mejoren la calidad de vida de las personas grandes, potenciando el envejecimiento activo como modelo de socialización y para evitar la soledad no deseada.