La consellera de Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha defendido el decreto que regula todas las prestaciones sociales de carácter económico que se pueden percibir en las Illes Balears. Esta regulación hace posible que todos aquellos con vulnerabilidad económica sobrevenida que no puedan acceder al nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) reciban la Renta Social Garantizada (Resoga).

Con este decreto que se ha convalidado este martes en el Parlament se amplían los perfiles actuales de los perceptores y las cuantías de la renta balear para adaptarla a las características de la prestación estatal, garantiza el complemento de las pensiones no contributivas (PNC) y crea una comisión interdepartamental que analizará cada año si se tienen que complementar y cómo las rentas más bajas. Santiago ha asegurado que "el Govern hubiera podido tener la tentación de derogar la Resoga porque ya hay la IMV y no lo ha hecho, más bien al contrario".

La consellera expuso que se ha impulsado este decreto porque "el compromiso de luchar contra la pobreza y reducir el sufrimiento que genera la vulnerabilidad económica es una prioridad del Govern. Es difícil no validar este decreto que protege a los más vulnerables. Sólo quienes quieren ignorar respuestas viables y reales para luchar contra la pobreza, sólo quienes se quieren refugiar en la retórica no facilitarían la validación de este decreto ley", ha advertido.

En sede parlamentaria, Santiago ha explicado que "la aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Estado es una excelente noticia". Ha detallado que "aborda uno de los déficits estructurales para reducir la pobreza severa del sistema de protecciones sociales de la España que hasta ahora era insuficiente por la excesiva fragmentación de las prestaciones, dirigidas a colectivos específicos con criterios diferentes y poco articulados entre ellos y, sobre todo, porque no había una red de apoyo económico al último".

La consellera ha celebrado ante los diputados que el gobierno del Estado haya atendido las peticiones de la conselleria. En las diferentes conversaciones bilaterales, y por carta al vicepresidente de Derechos Sociales y al ministro de Inserción y Seguridad Social, Santiago reclamó que el IMV fuera una prestación parecida a la RESOGA "una prestación de derecho, de carácter subjetivo y, por lo tanto, que se pueda reclamar ante la administración y los tribunales", matizó.

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Estado ha creado un nuevo escenario en el campo de las prestaciones sociales. Por este motivo la Conselleria de Afers Socials i Esports ha adaptado la Renta Social Garantizada a la nueva realidad, cubriendo el espacio de necesidades económicas emergentes y sobrevenidas de los ciudadanos de Balears.

A partir de ahora las cuantías de Renta Social Garantizada se equiparan al Ingreso Mínimo Vital y se actualizarán de acuerdo con la evolución del Ingreso Mínimo Vital. Como ha explicado la consellera, "la diferencia entre Resoga e IMV cuando se analizaron las cuantías de lo que reciben no era sustancial, pero sí lo era cuando hay menores en el núcleo familiar. Por ejemplo, un adulto solo cobra actualmente 459 euros de la Resoga y pasará a 461 euros del IMV, dos adultos reciben 596 euros de RESOGA y 599 del IMV. En cambio, la prestación estatal dota de mayor apoyo económico a las familias con menores; una familia compuesta por un adulto y un menor vía Resoga percibe 599 euros, con el IMV 701 euros. La Resoga solo tenía en cuenta el número de miembros, el IMV pondera la presencia de menores".

El Govern da de plazo hasta el 30 de agosto para que los actuales perceptores de la Renta Social soliciten el Ingreso Mínimo Vital a la Seguridad Social, hecho que determinará si pasan a recibir la prestación estatal o mantienen la balear. En ningún caso se podrán recibir las dos prestaciones a la vez.

Por este motivo, la conselleria de Afers Socials i Esports ha contratado a 26 auxiliares administrativos para ayudar a todos aquellos perceptores RESOGA y la Renta Mínima de Inserción (RMI) que podrían tener acceso a la prestación estatal; se calcula que son 3.490 personas. Desde el 29 de junio, se ha puesto en marcha esta maquinaria para que antes del 31 de agosto todos los posibles beneficiarios del IMV de las Illes Balears registren las solicitudes estatales y puedan cobrar la nueva prestación.

El procedimiento será el siguiente: un equipo formado por cuatro personas llamará a cada uno de los perceptores para citarlos en los ocho puntos de atención que se han habilitado en todo las Illes Balears. El resto de los 22 profesionales ayudarán a los posibles perceptores a rellenar las solicitudes a la Seguridad Social, el único órgano competente que puede otorgar o denegar el IMV.

Los cálculos de la dirección general de Afers Socials son que 2.377 familias que recibieron la RESOGA en el mes de mayo y 1.113 perceptores de la RMI tienen que hacer la solicitud del IMV. En total, 3.490 peticiones.

La Renta Social Garantizada (Resoga) es el nivel de renta mínimo que el Govern de les Illes Balears garantiza a los ciudadanos desde su aprobación en 2016. Con la modificación del decreto se equiparan los perfiles de los perceptores y las cuantías de la prestación autonómica al estatal. A partir de ahora podrán ser titulares de la Resoga todas aquellas personas mayores de entre 23 y 65 años que vivan en situación de vulnerabilidad que no tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital. Además, también se incluye a las personas mayores de 65 años que no puedan acceder a una pensión.

Los requisitos son: 

- Que hayan solicitado el Ingreso Mínimo Vital y tengan una resolución desfavorable por motivos de ingresos durante el ejercicio anterior pero que tengan, en el momento de la solicitud, ingresos inferiores a la cuantía de la Renta Social Garantizada

- Que estén empadronadas en cualquier municipio de las Illes Balears en el momento de la solicitud

- Que acrediten una residencia en las Illes Balears con un mínimo de 12 meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud (antes era tres años). Este requisito no se exigirá en los casos siguientes: las personas menores de edad incorporadas a una unidad de convivencia por motivos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogida familiar permanente; las personas víctimas de tráfico de seres humanos o explotación sexual; las mujeres víctimas de violencia machista acreditada por cualquiera de los medios establecidos; estar en situación de vulnerabilidad económica por no tener rentas, ingresos o patrimonio suficiente; que ningún miembro de la unidad de convivencia tenga derecho a percibir otras prestaciones públicas, el importe de las cuales iguale o supere la prestación económica de la renta social; que la persona solicitante, o cualquiera de las personas integrantes de la unidad familiar, no haya renunciado a una oferta de trabajo adecuada, según normativa laboral vigente, o haya estado de baja voluntaria en su trabajo, sea por cuenta propia o ajena, en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de la renta social garantizada; o que la persona solicitante no sea beneficiaria de la Renta Social Garantizada o del Ingreso Mínimo Vital como miembro de otro núcleo familiar.

Una vez establecido el nuevo escenario de las prestaciones de carácter económico de derecho subjetivo, la Renta Mínima de Inserción, que gestionan los consejos insulares, queda sin efecto a partir del 31 de diciembre.