viernes, 13 febrero 2026
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Vergeles cree cumplidos los objetivos de Extremadura en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia

En la reunión se ha establecido el reparto de los fondos provenientes del 0,7% del IRPF para programas de interés general destinados al tercer sector de Acción Social. La región recibirá un total de 6,7 millones de euros
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, declaró que “se han cumplido los objetivos con los que venía Extremadura a este Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia”. Así lo manifestó al término del encuentro, celebrado a finales de julio en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que presidió la ministra Carmen Montón.

Se ha establecido el reparto de los fondos provenientes del 0,7% del IRPF para programas de interés general destinados al tercer sector de Acción Social. De ello, Extremadura recibirá el mismo importe que el año pasado, un total de 6,7 millones de euros. Esta aprobación permitirá que la Junta de Extremadura pueda sacar ya la convocatoria de subvenciones para estas entidades del tercer sector que trabajan en nuestra región.

El consejero también avanzó el compromiso de la ministra Montón de revisar y actualizar el Plan Concertado de Servicios Sociales que el Gobierno anterior recortó en un 68% durante la crisis. Este plan contempla la distribución territorial del crédito destinado al desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales y, según Vergeles, hay un compromiso para recoger en los presupuestos de 2019 un incremento que aun está por cuantificar. “Esto es muy importante porque son los Servicios de Atención Social Básica, los que ayudan a las personas que están en una situación de vulnerabilidad muy grande”, declaró Vergeles a los medios de comunicación al término del Consejo.

DEPENDENCIA Y BONO SOCIAL
Además, en el turno de ruegos y preguntas, Vergeles solicitó un monográfico sobre la Dependencia, “una buena ley que está estrangulada normativa y económicamente”, y pidió la derogación del Real Decreto 20/2012, "culpable de esa situación", según el consejero.

Asimismo, solicitó la derogación del bono social, “que es inaplicable, puesto que las eléctricas pretenden que los trabajadores sociales de la Administración trabajen para ellos, lo que es imposible”, así como una corresponsabilidad gubernamental en materia de Justicia, Interior o Inmigración para solventar las dificultades en la atención a los menores inmigrantes no acompañados.

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Redacción EM
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Información elaborada por el equipo de redacción.

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