La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, presidió, ayer, la reunión constitutiva del grupo de trabajo para la Tarjeta Social. En esta reunión participaron también la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el Secretaria General de Administración Digital, Domingo Molina, los consejeros y representantes de las comunidades Autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias.

La constitución de este grupo de trabajo es fruto de un mandato de la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 17 de enero. Está compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En esta primera reunión, se anunció que la Tarjeta Social será universal. Englobará las prestaciones económicas a cargo de las Administraciones Públicas o provenientes de fondos públicos que perciba un ciudadano y permitirá identificar las situaciones que mejoren el diseño de las políticas sociales.

Por lo tanto, estarán incluidas en el sistema de Tarjeta Social todas las prestaciones económicas gestionadas por órganos y organismos de la Administración General del Estado, comunidades y entidades locales. Los trabajos previos han concluido que una parte importante de esas prestaciones están ya en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas creado por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

Según el Gobierno, la Tarjeta Social permitirá incorporar nuevas prestaciones e información y mejorar así los mecanismos de diagnóstico para el diseño y desarrollo de políticas públicas para los ciudadanos. Por otro lado, la amplía los mecanismos de participación, a través de un sistema abierto que permita sumar programas también del tercer sector y entidades públicas y privadas a través de la responsabilidad social corporativa.

Esta tarjeta ofrecerá a las Administraciones públicas encargadas de diseñar las políticas sociales una base de datos y una herramienta de análisis estadístico que les va a permitir detectar con precisión las situaciones de vulnerabilidad. Ello permitirá mejorar la coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales y evitará situaciones de desprotección.

Fátima Báñez afirmó que los trabajos que han comenzado sientan las bases para mejorar en la coordinación de las políticas sociales entre las distintas administraciones. “Juntos, con la Tarjeta Social, las Administraciones podemos consolidar una salida social de la crisis”, aseguró.