La OCDE incide en la ‘necesidad urgente’ de introducir reformas en los servicios sociales para afrontar el envejecimiento
El último informe de la entidad destaca que, "con un gasto en servicios sociales del 1,5% de su PIB, España se sitúa por debajo de la media de la OCDE, del 2%"
El nuevo informe de la OCDE sobre los servicios sociales en España pone de relieve la necesidad urgente de introducir reformas para afrontar retos como el rápido envejecimiento de la población y el aumento de las desigualdades sociales.
Ante la evolución de las necesidades sociales, también debería reconsiderarse, según se afirma desde la OCDE, la actual oferta de servicios y su financiación. Los expertos han destacado que la actual carga de trabajo para el personal en los servicios sociales está en parte relacionada con la falta de claridad sobre cuál debe ser el objetivo de los servicios sociales. El nuevo marco jurídico mencionado anteriormente ofrecería la oportunidad de mejorar la definición y centrarse más en los servicios, en lugar de en la administración de las prestaciones. También podrían modificarse algunas lagunas de la oferta de servicios, haciendo más hincapié en la prevención, transformando los servicios residenciales en otros más basados en el hogar y la comunidad, reforzando el apoyo jurídico y abordando las lagunas de los servicios familiares. "Esto plantea la cuestión de si el Gobierno central debería desempeñar un papel más importante en la financiación de estas mejoras en los servicios", se reflexiona.
"La financiación es un problema importante", recoge este documento en el que los autores señalan que "con un gasto en servicios sociales del 1,5% de su PIB, España se sitúa por debajo de la media de la OCDE, del 2%". La parte del presupuesto general destinado a servicios sociales que financian los gobiernos locales oscila entre aproximadamente el 10% y más del 60%, mientras que el gobierno central tan solo aporta un 5% o un porcentaje inferior. Existen diferencias entre los centros de servicios sociales de las regiones con más demanda o mayor densidad de población ya que atienden a 20 veces más habitantes que las menos pobladas. "En muchos casos, los recursos humanos son insuficientes para la elevada demanda de servicios sociales, tanto en lo que se refiere a las ratios de personal como a los perfiles profesionales", resume el documento elaborado por Ana Llena-Nozal, de la División de Salud de la OCDE.
La ratio entre personal y población es de 1 a 89 en España, lo que contrasta con el dato de la UE, de 1 a 44. Además, se alude a la existencia de importantes diferencias entre regiones, ya que en algunas los trabajadores deben atender al doble de habitantes que otras, mientras que ocho de ellas no establecen una ratio mínima. "El uso de distintos sistemas de información para la recopilación de datos entre regiones también dificulta dar seguimiento y hacer una evaluación de la prestación de los servicios", argumenta la experta de la OCDE.
Según el informe, España necesita garantizar urgentemente un acceso más equitativo a los servicios sociales en todo el país, y replantearse la actual oferta de estos servicios para poder adaptarse a las necesidades cambiantes. "Es fundamental contar con una nueva legislación estatal que regule los estándares mínimos y garantice el acceso equitativo. Asimismo, debe considerarse la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la calidad y a desarrollar políticas más basadas en la evidencia en el ámbito de los servicios sociales", se destaca en este documento.
Más allá de la nueva ley, el estudio propone que "deberían considerarse medidas para apoyar las mejoras de calidad. Estas medidas podrían incluir formas de potenciar los recursos humanos, replanteando las proporciones de personal por población, mejorando la formación y simplificando los procedimientos administrativos. Unos servicios mejor integrados también estarían más centrados en las personas y serían más eficaces para los usuarios. Por último, dada la importancia de los agentes no públicos, sería beneficioso mejorar los requisitos de dichos agentes en términos de transmisión de datos y rendimiento".
Por último, el informe también hace hincapié en la necesidad de desarrollar más políticas basadas en pruebas en el ámbito de los servicios sociales: "Se necesita una infraestructura de datos más sólida, con indicadores seleccionados que deben ser supervisados y comparados en todo el país. Reforzar las evaluaciones de impacto permitiría conocer mejor qué intervenciones funcionan o cuáles no. Unos mejores datos también pueden contribuir a la difusión de las mejores prácticas e influir positivamente en el diseño de futuras políticas", concluye Llena-Nozal.
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