La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha decidido ampliar a cuatro años la vigencia de los contratos para gestionar la residencias de personas mayores que son de titularidad pública pero de gestión indirecta, "lo que mejorará el servicio a las personas usuarias y beneficiará a las empresas que resulten adjudicatarias", aseguraron desde el departamento. 

Así lo explicó la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, quien, junto a la directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez, se reunió con representantes de la patronal empresarial y del tercer sector para abordar las diferentes relaciones contractuales con la Generalitat. 

Ferrando explicó que, en estos momentos, la conselleria cuenta con 29 centros residenciales que son de titularidad pública, pero están siendo gestionados por empresas, y aseguró que las nuevas licitaciones de estos servicios se realizarán a cuatro años conforme vayan venciendo los contratos actuales. "Esta decisión de ampliar el plazo de los dos a los cuatro años supone un beneficio importante para la empresa adjudicataria que contará con una mayor estabilidad, lo que repercutirá en una mejor atención a la persona usuaria, que es la máxima preocupación para la conselleria", remarcó. 

El encuentro también sirvió para presentar a la patronal el primer borrador del acuerdo marco, que tiene el objetivo de reducir a una única el número de fórmulas en las que la conselleria se relaciona con el sector empresarial en este ámbito, lo que además de homogeneizar los procesos de contratación facilitaría que "todas las personas usuarias tengan igualdad de condiciones con independencia de la residencia en la que vivan", señaló Ferrando. 

Este documento, en cuya elaboración se contó con la participación directa del sector empresarial, que hizo sus aportaciones a través la jornada 'Acuerdo marco: Hacia un sistema de estabilidad para el sector empresarial en el ámbito residencial', ahora tendrá un periodo de alegaciones, ha indicado la secretaria autonómica. 

Actualmente, hay más de 5.000 plazas que cuentan con condiciones de atención al usuario distintas según la fórmula de relación contractual que existe entre la Administración y el sector empresarial. El acuerdo marco igualaría los requisitos para contratar con la conselleria y por lo tanto los derechos de los usuarios serían los mismos en todos los centros subvencionados con fondos públicos.