La presidenta del Gobierno, Francina Armengol, junto con la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, y el consejero de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, se reunió a finales de agosto con representantes de las entidades del Tercer Sector Social, con quien abordó la tramitación de la futura Ley de servicios a las personas en el ámbito social en las Islas Baleares.

 

En el encuentro se acordó, a petición de las entidades, que la nueva ley sea tramitada en el Parlamento por el procedimiento de lectura única. Esto agilizaría el proceso de aprobación de la normativa, que fue ampliamente consensuada con el Tercer Sector de la Comunidad Autónoma.

 

"La presentamos con las entidades sociales para que la hemos hecho conjuntamente con el Tercer Sector", afirmó la presidenta. "Es una norma que nos pone a la vanguardia en el ámbito español con el modelo de servicios sociales que queremos implantar en esta comunidad autónoma", aseguró.

 

La futura ley de acción concertada será una norma pionera en España, ya que regula la concertación de servicios de atención a las personas en el ámbito social por parte de las instituciones públicas, resuelve una reclamación histórica del sector –la concertar los servicios preferentemente con entidades del Tercer Sector Social– y, por primera vez, permite concertar con entidades los servicios de orientación profesional dirigidos a colectivos vulnerables.

 

Además, Santiago explicó que "a partir de ahora, esta ley establece una serie de obligaciones y requerimientos técnicos que se deberán cumplir: no sólo se deberá demostrar solvencia económica sino también técnica". "De esta forma, las entidades o empresas que se presenten deberán puntuar, como mínimo, el 50% de la valoración técnica. Además, no se podrán presentar ofertas económicas a la baja. Porque no es lo mismo comprar sillas que dar servicios a las personas", añadió.

 

La apuesta del Gobierno de las Islas Baleares fue desde el principio por el modelo de concertación en lugar del modelo de la subvención, para dar estabilidad tanto a los servicios, como a los usuarios y a las entidades que los prestan.

 

En este sentido, el consejero Negueruela insistió en que "esta futura ley es un paso importante que seguirán otras comunidades autónomas porque antepone las personas".

 

Por su parte, la portavoz de las entidades del Tercer Sector, Sonia Castro, definió la ley como valiente con la que "se protege a las personas de los colectivos vulnerables y los trabajadores de las entidades sociales".

 

A raíz de la aprobación, por lectura única y por unanimidad, de la Ley del Tercer Sector en las Islas Baleares el pasado mes de mayo, esta nueva normativa reforzará y facilitará aún más la concertación de los servicios sociales con entidades del tercer sector social, a quien se dará preferencia de manera clara.

 

El proyecto de ley de acción concertada, normativa impulsada por la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, se llevará a Consejo de Gobierno este viernes para su aprobación.