La Diputación foral de Gipuzkoa aprobó hace unos días la autorización del gasto de más de 135 millones de euros para responder a las obligaciones económicas derivadas de un total de 208 convenios suscritos con las entidades que gestionan diversos servicios sociales. Esta cantidad servirá para sufragar, por un lado, el Servicio de Ayuda a Domicilio, y, por otra parte, cubre también el coste de las 6.829 plazas conveniadas por la Diputación en los recursos residenciales y centros de día para personas mayores con dependencia, con discapacidad, en riesgo de exclusión social y menores en situación de desprotección, así como programas de apoyo a estos sectores de población.
Conviene precisar que la red foral dispone de otras 1.906 plazas públicas en Gipuzkoa que son gestionadas bien de forma directa por la Diputación, bien a través de contratos con entidades. Por lo tanto, el gasto total del Departamento de Política Social en plazas residenciales y de Centro de Día para menores, personas con dependencia, discapacidad o riesgo de exclusión social ascenderá a 196.324.176,00 euros en 2013.
Por su parte, la Diputación foral asegura que ya logró "sacar adelante en las Juntas Generales de Gipuzkoa un presupuesto propio de gestión de 736 millones de euros, de los que casi el 50% están destinados a Política Social". A su vez, desde la institución manifiestan que "este Departamento no ha llevado a cabo ningún tipo de recorte en los servicios que presta a la ciudadanía, y por lo tanto, tampoco en la provisión de plazas concertadas. Muy al contrario, al presupuesto destinado para este fin en 2012, se ha sumado el coste de los nuevos recursos abiertos a lo largo del año, como la residencia de Hondarribia, los centros de día de Astigarraga, Lezo y Urnieta, las Unidades Residenciales de Trastorno Mental Severo de Eibar y Hondarribia o un centro de Inclusión Social de Donostia, entre otros".
En cualquier caso, la mayor de las partidas económicas autorizadas por el Consejo de Diputados en su última reunión (algo más de 77,6 millones) se destinará a sufragar el gasto que supone el mantenimiento de 4.935 plazas para personas mayores dependientes: 3.353 plazas en residencias; 357 plazas en unidades psicogeriátricas; 1.157 plazas en centros de día; y 68 plazas de atención sociosanitaria. 

Otras partidas para servicios sociales
Otro de los recursos fundamentales en el ámbito de la atención a la dependencia, en este caso enmarcado en las políticas para el mantenimiento en el hogar de las personas mayores, es el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). La autorización de gasto aprobada para este concepto asciende a 14.862.490 millones de euros, y con ellos se garantizará la prestación de este servicio por parte de los 88 ayuntamientos del Territorio, que asisten a un total de 3.810 personas al año.
Al respecto es importante señalar que, si bien la Ley de Servicios Sociales 12/2008 establece que la prestación de este servicio es de responsabilidad municipal, mientras no se haga efectiva la distribución competencial pertinente, será la Diputación quien siga desarrollando este recurso.
Finalmente, en cuanto a los convenios suscritos con diversas entidades para la prestación de los servicios de residencia, centro de día u otras alternativas convivenciales destinadas a personas con discapacidad, el Consejo de Diputados autorizó el gasto de 23.334.483 euros. Esto permitirá sufragar 1.301 plazas durante un año.